Defensores de Cuetzalan bajo investigación

Por oponerse a la ejecución de dos proyectos eléctricos en la Sierra Norte del estado de Puebla, al menos cuatro personas hoy son objeto de investigaciones judiciales interpuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La denuncia relacionada con la manifestación en contra de las obras en Cuetzalan fue hecha pública a través de una carta expuesta en la plataforma change.org, en donde se solicita el respaldo de la comunidad a fin de que la CFE a través de la Procuraduría General de la República (PGR) detenga sus intenciones de judicializar el caso.

Los imputados forman parte del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) y del Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP).

En la carta se detalla que las personas investigadas son Rufina Edith Villa Hernández, integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij; Álvaro Aguilar Ayón, asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske; Nazario Diego Téllez, representante del Grupo Altepetajpianij, cooperativista de la Unión Tosepan Titataniske; y Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador universitario.

A la lista de indiciados también se suman los integrantes del MIOCUP, en donde se mencionan a Francisco Jiménez Pablo, líder nacional de esa organización y ex miembro del Gobierno en Rebeldía del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); Alfredo Guerrero Santos, Manuel Gaspar Rodríguez, y un cuarto de nombre Guillermo Carmona.

La PGR emitió órdenes de aprehensión en contra de los inconformes a los proyectos, con base en hechos registrados el 20 de noviembre del 2016, cuando en una manifestación organizada por el COTIC y la MIOCUP un centenar de civiles decidieron tomar las instalaciones en construcción de la subestación eléctrica, estableciendo un plantón que duró más de 10 meses.

En la denuncia presentada por la CFE ante la PGR, se establece la posibilidad de perder la millonaria inversión ya en avance para la ejecución de los dos proyectos eléctricos, en donde se estima un monto de inversión total de por lo menos 144 millones de dólares para la subestación y más de mil 500 millones de dólares para el tendido de la línea de alta tensión.

Las dos edificaciones eléctricas a las que se oponen los indiciados refieren a la construcción de la línea de alta tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II-Papantla Potencia y a la Subestación Eléctrica Cuetzalan Banco 1, conocido como “Proyecto LAT”, la que se pretende para el suministro de energía que alimente al menos cuatro proyectos de extracción de gas mediante la técnica de fractura hidráulica y para la obtención de otros hidrocarburos.

De acuerdo al proyecto de la CFE, la línea de alta tensión tendrá una longitud de 20 kilómetros, y cruzará áreas pobladas de las comunidades Colonia Cuauhtémoc, Xaltsintan, Alahuacapan, Xiloxochico, Chikueyajko, Acaxiloco y Nahuiogpan, donde habitan alrededor de 670 familias, además de que en su trayectoria la línea de alta tensión también tocará una parte de la rivera del río Apulco, cerca de la comunidad de Cuamono.

En cuanto hace a la subestación, esta se proyecta en las inmediaciones de la cabecera municipal de Cuetzalan, y estará a cargo de la empresa ICA misma que ya presentó Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de cuatro subestaciones eléctricas sobre el río Apulco, bajo los proyectos denominados “Ana”, “Boca”, “Conde” y “Diego”, las que alimentaran de electricidad a los proyectos mineros del Grupo Frisco en Tetela de Ocampo.

A través de la publicación en change.org se hace la solicitud de que la CFE “retire de inmediato” las acusaciones en contra de los imputados.

Se denunció desde el 2011

Los dos planes eléctricos que mantienen bajo investigación a siete personas en el municipio de Cuetzalan, Puebla, ya habían sido denunciados desde el 2011 por ambientalistas de la zona encabezados por Erwin Slim; no obstante, ninguna autoridad local o federal hizo caso a sus señalamientos por daños en el entorno ecológico.

Por el contrario, el propio Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan otorgó permisos de uso de suelo para que la CFE avanzara en los referidos trabajos, pero tras reconocer los efectos sociales y ambientales negativos los permisos fueron cancelados.

La revocación de los permisos de uso de suelo a la Comisión ocurrieron cuando esa dependencia federal ya había ejecutado parte de la inversión proyectada y se mantenía un avance de casi el 80 por ciento en cuanto a la obtención de derecho de paso sobre terrenos de los habitantes de la zona, los que se adquirieron sin consulta previa a la comunidad.

La CFE logró la adquisición de ocho de los 20 kilómetros de extensión del derecho de paso de la obra, tras obtener la cesión de los propietarios.

Sin embargo, la Comisión ha comenzado a generar un mayor temor al ya existente entre sus opositores al norte del estado de Puebla, y es que en la región no se olvida que la lucha contra el plan eléctrico ya ha tenido consecuencias fatídicas; el 4 de junio del 2014 fue asesinado Antonio Esteban Cruz, líder del MIOCUP y principal activista en contra de los proyectos.

Comunidades que se oponen a los proyectos consideran que habrá despojo de vegetación natural a una importante área de recarga de manantiales protegidos y conservado

Antonio Esteban Cruz fue ejecutado de cuatro balazos cuando cruzaba el paraje “El Rincón”, en las inmediaciones del río Apulco, justo cuando encabezaba las acciones de resistencia para evitar que los trabajos de la subestación eléctrica y la línea de alta tensión de Cuamono continuaran.

Compañeros del MIOCUP condenaron el asesinato del dirigente regional una semana después del hecho.

Acorde a las denuncias realizadas desde el 2011, los pobladores exigieron en la petición en change.org que se respete el Programa de Ordenamiento Territorial de Cuetzalan e hicieron un llamado al apoyo de la defensa campesina en la región.

Judicialización de la protesta

De acuerdo a la postura pública de los opositores al proyecto eléctrico de la CFE en Cuetzalan, el proceso penal iniciado por la CFE vía la PGR, contra los líderes del movimiento de protesta, sólo persigue un solo fin: es “con el claro propósito de que cedan a la presión de instalar el Proyecto LAT, que contraviene el Programa de Ordenamiento Territorial Integral Municipal que ahí se ha aprobado, con todas las formas de la ley, y que rige desde el año 2010”.

Por eso, la protesta aquí continúa, porque se considera que los dos proyectos eléctricos despojarán de vegetación natural a una importante área de recarga de manantiales protegidos y conservados, además de modificar una vasta área de cafetales cultivados y otros productos agrícolas, que son el sustento de cientos de familias, como es el caso de la conservación de la Abeja Melipona que representa ingresos económicos y representa una riqueza ambiental y cultural invaluable.

Otro efecto directo que ocasionarían los proyectos de la CFE en esta parte de la Sierra Norte se estima en la deforestación, que provocaría la desestabilización de laderas, lo que trae consigo el riesgo de desastres por deslizamientos de tierra con graves afectaciones sociales, como las que se observaron en la zona en 1999 y 2005.

“Cuetzalan y la región de la Sierra Nororiental de Puebla son un tesoro ambiental y cultural, del que todos nosotros disfrutamos y nos beneficiamos, y al que quieren explotar sin miramientos las compañías mineras, hidroeléctricas y de extracción de petróleo por el método del fracking”, dice la carta expuesta en change.org.