En los primeros seis meses de la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador hubo un sector de defensores de Derechos Humanos que sufrió la mayor parte de los ataques y agresiones: los que pelean por mejoras laborales.
De acuerdo con el informe “Defender los Derechos Humanos en México: ¿El fin de la impunidad?” que realizaron las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), el Comité Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, durante los primeros seis meses de Gobierno de López Obrador se cometieron 148 Violaciones a los Derechos Humanos (VDH) a los defensores de las causas laborales, de un total de 331.
Es decir, que los ataques cometidos contra defensores de las anomalías en cuestión laboral representaron un 67 por ciento del total de casos.
Dicho estudio, dado a conocer el martes, documenta todas las agresiones que sufrieron defensores de Derechos Humanos durante los últimos seis meses del sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto (EPN) comparado con los primeros seis meses de la administración de López Obrador.
Aunque el número total es bajo en comparación con las VDH ocurridas durante los últimos seis meses de Peña Nieto, periodo en el que sumaron 491, la mayor parte de las agresiones fue contra defensores de las causas de territorio y vivienda.
Alejandro Cerezo, coordinador general de ACUDDEH, indica que la mayoría de las agresiones contra defensores de derechos laborales durante el primer semestre de la Cuarta Transformación se debe a las protestas como las ocurridas en empresas maquiladoras de Tamaulipas.
El movimiento de los obreros para exigir mejoras laborales en el estado del noreste tuvo lugar de enero a abril de este año.
En total, se organizaron alrededor de 40 mil trabajadores para exigir un aumento salarial del 20 por ciento y un bono único de 32 mil pesos.
Sin embargo, de enero a marzo, se presentaron al menos tres episodios en los que la Policía del estado gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca reprimió a los manifestantes que realizaban huelgas en las maquiladoras.
En abril, los inconformes, de alrededor de 50 empresas, lograron que se cumplieran sus demandas.
Contradicciones en agresiones a defensores de los derechos
Clara Meyra, coordinadora de proyectos para México de la Fundación Rosa de Luxemburgo, considera que las agresiones contra defensores de derechos laborales se deben a que durante estos seis meses los trabajadores sintieron mayor libertad para protestar pero aún así fueron reprimidos.
“Hay contradicciones respecto a las agresiones en el tema laboral, lo cierto es que hay más libertad; los trabajadores en Tamaulipas, los de sindicatos que se han estado levantando y viendo que parte de la Cuarta Transformación abre la puerta para poder dialogar y exhibir sus demandas pero también han recibido represión”, declara.
Otra contradicción, apunta, es que en abril pasado se aprobó en el Senado de la República la reforma a la ley que da derechos laborales a las trabajadoras domésticas pero en Tabasco, donde gobierna Adán Augusto López Hernández, político de Morena, se avaló la “Ley Garrote” para prohibir las manifestaciones de trabajadores.
“Es un tema de gravedad que se haya aceptado una ‘Ley Garrote’, porque Morena llegó al poder por el apoyo de los sectores populares como el obrero y también a través de la manifestación pública”, afirma.
El 31 de julio, el Congreso de Tabasco aprobó dicha ley con la cual se pretende impedir el bloqueo e interrupción de obras públicas.
“Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajo de obra pública o privada se impondrá de seis a 13 años y una multa de 1,000 a 2,000 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”, indica el texto de la Ley.
Lo que activistas consideran que se puede interpretar como una prohibición a la protesta social.
Por otra parte, la representante de la Fundación de la Rosa de Luxemburgo acusa que desde la campaña electoral, los políticos de Morena prometieron acabar con el outsourcing y no lo hicieron aún cuando viola los derechos humanos.
En cambio, Meyra señala que lo pretenden regular.
“Quedaron que el outsourcing iba a desaparecer pero ahora quieren regularlo, pero es violatorio de los derechos laborales, entonces no se puede regular”, indica.
VDH disminuyen con AMLO
El informe “Defender los Derechos Humanos en México: ¿El fin de la impunidad?” muestra que de junio de 2018 a mayo de 2019 se han cometido 822 actos de violaciones a los Derechos Humanos.
De las cuales 331 pasaron durante los primeros seis meses de Andrés Manuel López Obrador y las restantes con Enrique Peña Nieto.
Aunque existe una tendencia a la baja, las organizaciones que realizaron el documento indican que no se puede saber si existe una reducción real con cifras parciales.
No obstante, las violaciones en las que incurrió el Estado Mexicano durante el último año, tanto en el último semestre de Peña Nieto como en el primero de López Obrador, excepto en el caso del hostigamiento, fueron por comisión.
Respecto a las detenciones arbitrarias, se registraron 348 durante el último año; 194 al final de la administración del presidente priista y 154 al comienzo del periodo de López Obrador.