A casi cinco meses de su creación, la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) aún no cuenta con oficinas para que la población pueda recurrir fácilmente a ella pese a que es el órgano encargado de velar por los derechos electorales de los habitantes de la capital.
El único dato disponible en el portal electrónico del TECDMX es el número telefónico de la titular Sandra Vivanco, quien apenas fue nombrada el 17 de mayo pasado, con lo que la defensoría empezó a operar.
La entidad autónoma tiene el objetivo de proteger los derechos electorales de la ciudadanía en temas de participación o electorales como son las pugnas por la Ley de Participación Ciudadana que se presentaron durante su discusión en el Congreso.
Su creación está sustentada con la entrada en vigencia en 2017 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Hasta mayo pasado no existía ningún órgano especializado en defender los derechos electorales de los habitantes de la capital.
Sin embargo, no hay alguna forma de que las personas puedan recurrir a ella más que un número de teléfono y se desconoce el domicilio de sus oficinas así como las actividades que ha llevado a cabo.
El 26 de septiembre, la legisladora local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Valentina Batres, presentó un punto de acuerdo ante el pleno del Congreso para que Vivanco rindiera un informe al respecto de la situación de la defensoría.
La Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos tiene la función esencial en materia de preservar estos derechos. Sin embargo, a cuatro meses de la toma de protesta de la persona titular de la defensoría, no existe claridad respecto a su funcionamiento, pues únicamente se tienen los datos del portal oficial del TECDMX, como son el nombre de su titular, un correo electrónico y un número telefónico
“Sin que se ubique algún micro sitio o apartado específico que contenga la información necesaria para orientar adecuadamente a la ciudadanía que demande el servicio, lo cual resulta relevante, pues dicha instancia tiene la obligación de asesorar y defender gratis a quien lo solicite, así como promover los medios de impugnación”, señaló la diputada morenista.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de acuerdo con su informe mensual de actividades de agosto de 2019, ha iniciado en este año 418 carpetas de investigación de las cuales, 176 se cometieron en la CDMX.
Lo que significa que la capital concentra el 18 por ciento del total de la incidencia en este año, lo que vulnera los derechos electorales de los habitantes de la metrópoli.
María Novoa, coordinadora del Proyecto Justicia de México Evalúa, considera que cinco meses es un plazo corto para evaluar el funcionamiento de la defensoría.
Sin embargo, señala que se debe tener claridad en el proceso que está atravesando para evitar que sufra el destino de falta de seguimiento o consolidación de muchos organismos autónomos.
Lo anterior se puede ejemplificar con el retraso que enfrentó la Comisión Estatal de Atención A Víctimas (CEAV) de la Ciudad de México de la que apenas se nombró su titular en mayo pasado y el atraso de un año en la implementación del Sistema Local Anticorrupción (SLA) que tomó forma en septiembre con la designación de su Comité de Participación Ciudadana.
“Se crean nuevas instituciones sin fortalecer las que están actualmente. Y precisamente la defensoría que debe atender los derechos políticos electorales podría pasar por ello, porque se hacen instituciones sin los materiales acordes para cumplir su función señalada en la constitución”, añade la especialista.
Indica que otro problema que tiene enfrente la defensoría es que durante su proceso se obstaculiza el acceso al derecho a la justicia electoral pues no atiende casos de oficio, sólo por previa denuncia. Lo que se agrava si se toma en cuenta que aún no tiene oficinas ni un micrositio por internet.
“Las personas tiene que acudir a ella y tiene que valorar la queja. Después de esto, el órgano hace un dictamen para ver si el caso requiere o no su atención. Es por lo que vemos muchos obstáculos, que su ayuda no es de oficio”, explica Novoa.
La entidad autónoma tiene el objetivo de proteger los derechos electorales de la ciudadanía en temas de participación o electorales como las pugnas por la Ley de Participación Ciudadana
Vivanco niega atraso de la defensoría
La titular de la defensoría, Sandra Vivanco, acepta que existe un rezago en la instalación física del órgano. No obstante, afirma que ha estado trabajando pese a ello.
Vivanco argumenta que ha mantenido pláticas con vecinos inconformes con la Ley de Participación Ciudadana y por la Ley de Pueblos Originarios y Comunidades Residentes.
“Se están haciendo las adecuaciones en el tema físico, pero sí cuenta con el personal. Hemos estado atendiendo y en la medida posible hemos pugnado por tener un área dentro del Tribunal”, señala.
También indica que las adecuaciones físicas dependen del presupuesto en general asignado a las áreas del Tribunal; la Defensoría no cuenta con una partida específica.
Por otra parte, menciona que la defensoría necesita mayor difusión para que la gente sepa cuál es su función.
“Mucha gente no sabes qué es el tribunal electoral y lo que hace, menos va a tener idea de lo que hace esta defensoría. Necesitamos difundir qué es la instancia, lo que hace”, recalca.
Añade que los magistrados del tribunal tienen un plan de difusión que deberán aprobar para comenzar a hacer campañas sobre los servicios que ofrece la defensoría. Acciones que incluyen el diseño de un micrositio.
Los capitalinos solo pueden recurrir a la defensoría a través de un número de teléfono, se desconoce el domicilio de sus oficinas y sus actividades
Menciona que dichas actividades tendrán que realizarse antes del 20 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo la consulta del presupuesto participativo 2020 y la elección de los comités vecinales.
