Deficiencias, el sello en las desapariciones

[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_f9uxiy3o” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) sometió a un proceso de análisis una muestra de las averiguaciones abiertas por desapariciones en el estado y descubrió deficiencias profundas y sistemáticas que han abonado al actual rezago de miles de casos sin resolver.

Es como si la Comisión hubiera auditado los expedientes iniciados por la Fiscalía de Jalisco por desapariciones, con resultados que revelan tanto la incapacidad estructural de la institución para resolverlos, como la parálisis real en que se encuentran estas indagatorias.

La CEDHJ halló casos con todo un año sin una sola nueva diligencia o actuación de Fiscalía, expedientes con piezas extraviadas, demoras de más de ocho días tras las desapariciones para interrogar a testigos o acudir al lugar de los hechos, averiguaciones consistentes básicamente en girar oficios sin una búsqueda efectiva de la víctima, por citar los patrones más alarmantes.

Dentro de su Recomendación General sobre desapariciones del 21 de marzo, la CEDHJ estudió las 35 averiguaciones y carpetas de investigación “inherentes” a sus quejas en trámite en esa materia y 5 actas de investigación. En 4 de esos 40 asuntos la víctima señaló a policías municipales y ministeriales. En total, los casos son de 47 desaparecidos: 8 mujeres y 39 hombres.

“En casi todos los casos no existe un avance real o determinante para la localización de la persona desaparecida, esto es, se da a los familiares reiteradamente la misma información que anteriormente les dijeron”, concluyó la institución tras revisar esas averiguaciones y carpetas.

Señaló que “en 26 por ciento se advirtió poco o nulo seguimiento a líneas de investigación o información proporcionada por los familiares de las víctimas”. También indicó que hay opacidad, pues en 11 por ciento se ha negado u obstruido el acceso a lo actuado en las averiguaciones o carpetas de los familiares.

En el 11 por ciento de los expedientes la continuidad de la indagatoria se entorpeció, pues “se presentan cambios frecuentes de agentes del Ministerio Público (MP) investigador o personal policial que indaga los asuntos”.

Las fallas alcanzan al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por su tardanza en la emisión de las periciales para la búsqueda de los desaparecidos. “En 5 por ciento no se han emitido o entregado los resultados de los dictámenes de identificación de víctimas, cadáveres, restos, confrontas para identificar con las tomadas a familiares; así como de huellas dactilares y otros elementos o vestigios en vehículos, y otros objetos”.

Fallas sistemáticas

Entre las irregularidades “similares” o recurrentes de la Fiscalía estatal que halló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) a la hora de integrar una indagatoria por desaparición destacan las siguientes.

“En 14 quejas el principal reclamo fue la inactividad procesal, en ellas se documentó hasta un año sin que se efectuara alguna actuación, además de la falta de investigación de las principales líneas que se tenían por parte de los familiares para dar con el paradero o el destino de las víctimas”.

La recolección de indicios no fue oportuna, pues se halló “desfasado el desahogo de las diligencias realizadas en lugar de los hechos –como las inspecciones oculares o la búsqueda de testigos– en más de 47 por ciento de los casos pasaron más de ocho días para buscar testigos o inspeccionar el sitio de la desaparición”.

Este inexplicable desinterés por recabar pistas llegó al extremo de que en un caso “el vehículo de la víctima incluso fue rematado al no haber sido reclamado o asegurado por el agente ministerial como elemento valioso de evidencia”.

Otra deficiencia central que podría explicar el que Jalisco sea el tercer estado con más desapariciones sin resolver es que “las investigaciones tienen marcada gestión documental, expedir solo oficios, y se obvia el aspecto central de la búsqueda de una persona desaparecida, que es localizarla a la brevedad y con vida”.

También se detectó que en tres de los casos analizados se extraviaron actuaciones de los expedientes o indagatorias y que se desaprovecha el potencial de la tecnología, con una excesiva tardanza por parte del MP en la solicitud de información concerniente a llamadas o mensajes provenientes de los teléfonos celulares de las víctimas, así como de dictámenes periciales de genética.

La CEDHJ no duda en afirmar que la “demora y negligencia en el desarrollo de las investigaciones son una práctica constante”.

Fallas

-Los propios familiares de las víctimas tienen que despachar oficios

-No se consideran datos aportados por los denunciantes

-En más de 27 por ciento de los casos no se solicitaron inmediatamente informes al IJCF sobre cadáveres o restos no identificados

-Informes y pruebas genéticas del IJCF tardan “varios o muchos meses”.

Italianos y estudiantes, la evidencia

Los hallazgos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) sobre las deficiencias de la Fiscalía en la investigación de desapariciones pueden ayudar a entender la incapacidad que ha mostrado para resolver casos como el de los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán, ocurrido desde el 31 de enero, o el de los tres estudiantes de cine del 19 de marzo en Tonalá.

Ambos hechos, pese a estar envueltos en una gran proyección y presión mediática –algo de lo que carecen la mayoría de las víctimas-, y a tener detrás voces internacionales como el gobierno de Italia –en el primer caso-, o el cineasta Guillermo del Toro –en el segundo- no han podido ser esclarecidos por Fiscalía.

En la entidad hay 3 mil 60 desapariciones sin respuesta, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Y tan sólo en el periodo de 2007-2018, la CEDHJ abrió 205 quejas por desapariciones, de las que 165 fueron por particulares y 40 forzadas. Tan sólo en el actual gobierno 2013-2018 se registraron 135, 103 por particulares y 32 forzadas.

Otras fallas están centradas al comienzo de la indagatoria, ya que “otra constante es que la investigación inició 24 horas después de que la FGE tuviera conocimiento” del hecho, y que “desde un inicio no se trazan líneas de investigación o se vislumbran probables escenarios en los que la desaparición se ejecutó, sino que se espera a que el personal operativo de FGE desahogue diligencias de rutina”.