Déficit de peritos provoca retrasos

El déficit de personal en cuestiones de investigación y seguridad no solamente aqueja a las diversas corporaciones policiales y a la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no se salva de estos males.

Con una planta laboral de poco más de  500 elementos a nivel estatal, de los cuales 310 se encuentran en funciones de peritajes e investigación, Ciencias Forenses apenas puede dar salida al elevado número de casos gracias al nivel de compromiso que tiene su personal. 

Los horarios de trabajo, de manera oficial, son de 24 por 72 horas. Sin embargo, en muchas ocasiones los criminalistas suelen quedarse aún más de lo que su horario se lo exige, con jornadas laborales que a veces pueden rebasar las 48 horas de trabajo. 

Dentro de las peculiaridades del instituto, se cuenta con que éste no depende directamente de la FGE, sino que la rendición de cuentas va directamente a la Junta de Gobierno. 

Durante un recorrido realizado por Reporte Indigo en las oficinas del organismo,  algunos de los peritos forenses pudieron dar testimonio acerca del trabajo que desempeñan dentro de la institución. Debido a la naturaleza del trabajo, ambos peritos decidieron hablar de manera anónima para así proteger su identidad. 

El laboratorio de reconstrucción cráneo-facial, se encarga de ponerle rostros a los esqueletos que surgen durante las investigaciones realizadas por las fuerzas del orden público. El trabajo del departamento inicia con el hallazgo de restos humanos en un estado de descomposición avanzado. 

El encargado tiene 10 años trabajando en el instituto y comenzó su carrera dibujando las caras de personas sospechosas de algún crimen. “(Se comienza) primero por medio de la petición del MP. Se examina (el cráneo) junto con el antropólogo, para ir determinando los datos necesarios: saber la edad, posiblemente la raza, el sexo, características que nos hagan pensar (en posibles) enfermedades, nos apoyamos con los médicos, el patólogo, los odontólogos. Dependiendo del estado de descomposición se limpia el cráneo y se procede a la réplica del cráneo, ya sea física o virtual”. 

El proceso completo, desde el momento en el que llegan los restos humanos hasta que se cuenta con un rostro usualmente tarde de cuatro a cinco semanas. 

Esta modalidad de investigación cuenta con rezago: alrededor de 50 casos en lista de espera desde el 2012 hasta la fecha, sin embargo, este caso es uno de los menos dramáticos debido a la baja demanda por parte de la Fiscalía. 

En el caso del Departamento de Balística, tras la implementación del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS por sus siglas en inglés), el Instituto Forense puede realizar de una manera mucho más eficiente el análisis de la evidencia  encontrada en los diversos hechos violentos que ocurren en el estado. Además dicho sistema permite alimentar una base de datos a nivel nacional donde se puede compartir evidencia entre diversas entidades federativas. 

El gran problema estriba en que cada casquillo de cada bala percutida durante un enfrentamiento o un asesinato debe ser primero revisado en un microscopio balístico y después introducido al escáner de IBIS para su catalogación.

Nueva sistema penal 

Dentro del Nuevo Sistema Justicia Penal los peritos de Ciencias Forenses deberán agregar a sus responsabilidades la defensa de sus dictámenes periciales ante un juez. Esto implica más trabajo para una plantilla de peritos cuyas jornadas laborales se han llegado a doblar en casos especiales. 

Con un presupuesto anual de 179 millones de pesos al año, por parte del gobierno del estado, el cual alcanza solamente para cubrir los gastos de plantilla y 230 millones por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), del cual depende toda la tecnología del instituto. 

En entrevista, Marco Antonio Cuevas Contreras, titular del IJCF, habló sobre los retos que implica este nuevo modelo de justicia  para los peritos y criminalistas del instituto.

“Realmente no son suficientes, tenemos una sobrecarga de trabajo. La hemos enfrentado con los recursos que tenemos, lo hemos hecho bien, no tenemos rezago, pero sí estamos en la línea justa del equilibrio, lo que venga de más seguramente nos va a rebasar”, dice Cuevas Contreras.

La reforma ahora obliga al personal pericial a formar parte de los juicios, presentando la evidencia de los casos a desahogar. Anteriormente, esta responsabilidad recaía exclusivamente en el personal de la Fiscalía, ya que los criminalistas solamente elaboraban los dictámenes periciales y los entregaban a la instancia de procuración de justicia, misma que los incluía en las averiguaciones previas.

“Los peritos van a tener que ir a desahogar personalmente ante los jueces  las pruebas, que ellos van a emitir. Eso nos va a quitar tiempo de dictaminación y pues prácticamente vamos a resultar insuficientes. Es necesario que veamos a futuro el crecimiento de la plantilla, de cara a este nuevo modelo de justicia penal”.

Ante este problema Nuevo León incrementó la plantilla de sus servicios periciales en un 60 por ciento. En el caso de Jalisco, según estimaciones de Cuevas Contreras, el personal de peritos debe ser el doble. Por parte de gobierno del estado hay 25 plazas autorizadas para el instituto.

Juicios orales, pendientes

Por Jonathan Ávila

Pese a las críticas, el sistema de justicia oral no comenzará sino hasta finales de este año, en el mes de octubre, debido a que, hasta el momento, no se cuenta con la infraestructura, difusión, equipamiento, capacitación y reorganización institucional. 

Será en el municipio de Ciudad Guzmán donde se pondrá en marcha el sistema que depende del Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ).

Aunque las críticas han sido fuertes, versan entre opacidad, malos manejos y pocos avances en la implementación, tal como lo señaló el Centro de Investigación y Desarrollo (CIDAC) a finales del pasado año 2013.

Ante las opiniones contrarias a los dichos emitidos por el CJJ, el secretario general de gobierno de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez, informó que ya se gestionan más recursos que otorgaría el gobierno federal para la adquisición de mobiliario y el equipamiento de las salas de oralidad, las cuales no están listas a pesar de que el proyecto debe ponerse en marcha en menos de seis meses.

De acuerdo con declaraciones de Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJJ), a medios locales, anunció que el gobierno del estado de Jalisco invertiría 600 millones de pesos en la construcción de infraestructura para la creación de las nuevas salas de juicios orales. 

El diputado panista en el Congreso de Jalisco, Víctor Sánchez Orozco, señaló que se trataba de un gasto no justificado. 

Y aunque todo apunta a que el nuevo sistema debe estar listo para el año 2016 y su arranque se pondrá en marcha al interior del estado, la realidad es que Jalisco sigue rezagado en el tema, tal como lo apuntó la Secretaría Técnica (SETEC) a través del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, siendo la reorganización institucional el tema en mayor retraso.