Integrantes del Ejido San Nicolás en Nuevo León presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de los magistrados del Tribunal Superior Agrario por faltas graves a sus funciones.
Esto, derivado de un litigio por el suministro de agua que obligaba a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyD) a indemnizar a los ejidatarios, y que los magistrados de dicho tribunal revocaron de forma irregular y con contradicciones, aparentemente por presiones externas.
En el escrito que fue ingresado el día de ayer en las oficinas de la FGR y en las de la SFP, los inconformes señalan que la magistrada del Tribunal Superior Agrario, Concepción María del Rocío Balderas Fernández, habría sido presionada para modificar su proyecto de sentencia y beneficiar así al gobierno de Nuevo León.
La sentencia emitida el 30 de mayo derivó de un recurso de revisión que presentó el director general y representante legal de SAyD junto con el gobernador del estado de Nuevo León en contra de un fallo emitido el 9 de octubre de 2018 por parte del Tribunal Unitario Agrario 20, con sede en Monterrey, el cual había resultado favorable para el ejido.
Los representantes ejidales también acudieron ayer por la mañana a Palacio Nacional, en donde fueron atendidos por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas; y por el coordinador de asesores del presidente de la República, Lázaro Cárdenas.
Asimismo sostuvieron una reunión con legisladores federales para exponerles el caso y entregarles el documento. La denuncia fue presentada por Alida Salinas López, Evangelina Ibarra Carrizalez y María Concepción García Ibarra, en calidad de presidenta, secretaria y tesorera del Comisariado Ejidal del Ejido San Nicolás de los Garza.
En ella se solicita una amonestación pública, sanciones económicas, suspensión del cargo en tanto se resuelve el procedimiento de responsabilidad, destitución del puesto y la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público para los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior Agrario: Luis Ángel López Escutia, Maribel Concepción Méndez de Lara, Concepción María del Rocío Balderas Fernández y Carmen Laura López Almaraz.
Triunfo incompleto del Ejido San Nicolás
El 22 de febrero de 2016, el Comisariado Ejidal demandó a SAyD de Monterrey, al gobernador de Nuevo León y a la Comisión Nacional del Agua la restitución de las aguas dotadas mediante resoluciones presidenciales de accesión, dotación y ampliación de fechas de 1 de febrero de 1946, 30 de noviembre de 1962 y 12 de mayo de 1988.
En dichas resoluciones se transmitió la titularidad de aguas en favor del Ejido y se le dotó de un volumen de 12 millones 183 mil 334 metros cúbicos y, posteriormente, 24 millones 548 mil 474 metros cúbicos de agua anuales de 1995 a 2015. Y a pesar de tener la concesión se le suspendió el suministro durante esos 10 años.
El 9 de octubre de 2018, el Tribunal Unitario dictó sentencia de primera instancia, en el cual resolvió procedente la acción de restitución de aguas ejercida en un volumen de 202 millones 81 mil 390 metros cúbicos, pues se acreditó la titularidad del agua, la posesión ilegal por parte de la demandada y la plena identificación de los volúmenes.
Por ende se fijó la restitución de los volúmenes, pero al no poderse realizar físicamente, se requería de un cumplimiento sustituto, que para tal caso se calculó en poco más de 1 mil 800 millones de pesos.
Sin embargo, tanto el director de Agua y Drenaje, Gerardo Garza, como el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, interpusieron un recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario. El proyecto de resolución fue asignado a la magistrada Concepción María del Rocío Balderas.
Les cierran las puertas
A pesar de que durante la etapa de sustanciación del recurso de revisión, tanto los abogados como los representantes ejidales insistieron en que se les concediera audiencia con los magistrados para el planteamiento del asunto, las peticiones les fueron denegadas; en cambio los magistrados sí habrían recibido a los abogados de SAyD de Monterrey, señala la denuncia que fue presentada el día de ayer.
Ante tal situación, los ejidatarios presentaron un reclamo a la Dirección de Audiencia Campesina del Tribunal Superior, a cargo de Guillermo Gutiérrez Lozano y Gustavo Castro Espinoza. Finalmente el 10 de mayo de 2019 les fue concedida una audiencia con la magistrada Carmen Laura López Almaraz, encuentro al que también asistió la magistrada ponente.
Sería en ese encuentro donde Balderas Fernández les manifestó que estaba recibiendo presión de “políticos de alto nivel” para que denegaran la razón al ejido y que, incluso, le habían interpuesto una recusación por tener “relación cercana” con los abogados de los ejidatarios. Ahí mismo les manifestó que a su juicio les asistía el derecho y la razón y que su proyecto sería para confirmar la sentencia de primera instancia.
La persona que habría presionado a la magistrada es el notario Miguel Alessio Robles Landa, consejero Jurídico del Ejecutivo Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, y quien estaría operando en favor del gobierno de Nuevo León, apuntan.
Pero el 30 de mayo, por unanimidad de votos, los magistrados López Escutia, Balderas Fernández y López Almaraz dictaron sentencia definitiva de segunda instancia, cambiando el proyecto original que confirmaba la restitución de aguas.
Los ejidatarios denuncian que hubo irregularidades y contradicciones en la sentencia, como la aplicación indebida de disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, para la propiedad particular y no para la propiedad agraria, invocando una jurisprudencia inaplicable para el caso.
A los afectados aún les queda el recurso legal del amparo directo, que confían en sacar adelante, sin embargo, están inconformes por la actuación de los magistrados. Además, el Tribunal Agrario aún tiene que resolver otro asunto relacionado con el ejido.
Se trata de un recurso de revisión presentado por un fideicomiso conformado por Scotiabank, que perdió en primera instancia un juicio por la posesión del Ejido San Nicolás. El proyecto de sentencia también está en manos de la magistrada Balderas Fernández