Tras darse a conocer a medias los resultados de la auditoría externa practicada a la Comisión Estatal Electoral, los comisionados del organismo exigen que los detalles de las irregularidades contenidas en el reporte no queden en lo oscurito.
Los comisionados ciudadanos Gilberto Pablo de Hoyos y Manuel Gerardo Ayala, quienes impulsaron esta auditoría desde 2012, denuncian que el presidente de la CEE, Luis Daniel López, busca reservar los resultados.
“La auditoría de gastos no se puede mantener confidencial, en secreto, cosa que es lo que el presidente quiere hacer, que se mantenga de la manera más íntima ahí, dentro de la Comisión”, manifiesta De Hoyos.
Este lunes, el titular del instituto dio a conocer que en la revisión se detectaron 18 fallas, de las cuales 12 corresponden a gastos y las seis restantes al control interno, pero rechazó detallar las observaciones que resumió.
Los comisionados solicitaron en esa reunión una copia del análisis al presidente del organismo, el único que tiene en su poder toda la información, pero se las negó con el argumento de que se filtraría a los medios de comunicación.
“No estamos de acuerdo que la auditoría se quede en lo oscurito”, expresa Ayala.
“Veo una actitud protectora del presidente y de los demás comisionados hacia alguna gente dentro de la estructura. ¿Quién los apoya, quién los impulsa a llevar este apoyo para mí tan desmedido?”.
Entre las irregularidades detectadas en la revisión practicada por la firma extranjera Pricewaterhouse Coopers, están compras a proveedores que no cumplieron requisitos legales, desfase en la emisión de órdenes de compra, adquisiciones que no coinciden con el objeto legal del proveedor y realizadas a través de intermediarios.
También la falta de seguimiento a material logístico, demora en la gestión e impresión de la lista nominal, falla en el diseño de las bases de licitación de documentación electoral, contratación de asesores en vez de utilizar los recursos de la CEE, compras sin evidencia de soporte técnico, entre otras.
De estos resultados, señalan ambos comisionados, se podrían desprender procedimientos de responsabilidad administrativa o penal al presidente, a funcionarios de nivel intermedio y superiores jerárquicos del organismo autónomo.
“Ellos fueron los que tomaron esas decisiones, algunas en conjunto con el presidente, y obviamente originaron este tipo de irregularidades”, dice De Hoyos.
“Aquí no hubo pulcritud, hay personas responsables y vemos nosotros con claridad un plan de minimizar las cosas, de hacerles salvaguardar o justificarles.
“Lo menos que ameritan es que las personas sean separadas de su cargo, algunos que incluso se les finque una responsabilidad de carácter penal, porque la Comisión tiene quebrantos”, demanda Ayala.
Según el titular de la CEE, el análisis abarcó el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de julio de 2012. Pero hasta el momento, los detalles no se han hecho públicos.