Demandas sin futuro

El lastre de los juicios laborales que han tenido que enfrentar las distintas legislaturas del Congreso Local del Estado de Jalisco persiste. 

Documentos del propio poder público revelan un estancamiento y problemas futuros que tendrán que enfrentarse con gastos millonarios.

Durante años las legislaturas han tratado de aplicar medidas correctivas para sus finanzas, entorpecidas con fraudes como el caso López Castro –que involucraba a dicha consultora que fue creada exprofeso durante la Legislatura 58 para cometer un fraude de casi 60 millones de pesos–, y la llegada de empleados aviadores cercanos a alguna fracción.

Frente a estos últimos, el Congreso ha sido blanco y parte de juicios laborales por el despido de trabajadores que significan un enorme y oneroso costo. 

Sin embargo la situación ha sido contraproducente, pues de acuerdo con un memorándum de la Comisión de Administración, enviado por la Secretaría General del Congreso, se da cuenta de que dichos juicios representan un mayor problema frente a las nimias soluciones sobre el estado financiero.

El pasado 14 de enero Reporte Indigo dio cuenta de que según el acuerdo 34-LXI-15 la Comisión de Administración advertía de los riesgos sobre los juicios laborales en los que el poder legislativo local estaba envuelto. 

Incluso el oficio advirtió que si el Congreso obtenía resoluciones en su contra se vería obligado a pagar, tan sólo por un año de los salarios caídos, un gasto superior a los 32 millones de pesos.

Problema mayúsculo

Pero el problema laboral podría ser mayor, de acuerdo con el documento DAJDL/LXII/262/2015, solicitado por María Elena de Anda Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Administración, para pedir un informe sobre la situación que guardan los juicios laborales y la posibilidad de celebrar convenios.

Este oficio escrito por el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Carlos Alfredo Sepúlveda Valle, fue entregado por el secretario general del Congreso, José de Jesús Reynoso Loza, a la representante de la Comisión.

Según el documento al 3 de noviembre de 2015 se recibieron 408 juicios laborales. De este total, 154 tienen una gran probabilidad de proceder en la reinstalación o expedición de nombramientos definitivos, así como el pago de salarios caídos y prestaciones.

Sin la toma de medidas eficaces para afrontar ese problema, el Congreso tendrá que erogar alrededor de 80 millones de pesos (mdp), advierte el oficio. Por lo que se tendrán que crear nuevas plazas con cargo al presupuesto del ejercicio que corresponda, trayendo así un gasto adicional a la partida que sería del mismo monto, 80 mdp anuales.

Así mismo existen 162 juicios, derivados de 219 demandas extemporáneas que presentó la legislatura 60 contra el otorgamiento de bases definitivas, de las que el director de Asuntos Jurídicos recomienda desistirse.

“Tomando en cuenta que todos los juicios resueltos han sido en contra del Congreso y que esas resoluciones no tienen impacto financiero, ya que los demandados siguen laborando, por economía procesal se sugiere desistirse de esas acciones”, se lee en el documento.

Mientras que en el resto de los juicios, que tienen que ver con prestaciones, cuotas al Instituto de Pensiones del Estado y homologación o incrementos al salarios, el informe propone que se lleguen a acuerdos para regularizar la situación laboral en los casos que así se proceda.

Obligado a la reinstalación

Durante abril de 2014 el Congreso Local inició un recorte de personal que era parte de una primera fase para depurar al Poder Legislativo. En ese primer recorte se despidieron a 64 trabajadores que tenían salarios entre los 11 mil y los 61 mil pesos mensuales.

Con el argumento de un ahorro de 20 millones para ese año, el poder legislativo dejaba sin empleo a dichos trabajadores con criterios ‘no muy claros’ según refirieron a medios de comunicación los líderes sindicales del estado y del poder legislativo.

No obstante que dichos empleados fueron parte de una lista de 219 empleados basificados de forma irregular, al haber obtenido una plaza sin que éstos cumplieran los requisitos necesarios, como la antigüedad por tres años.

Ahora la Dirección de Asuntos Jurídicos señala que existen 154 casos posibles de reinstalación, donde están 50 asuntos que corresponden a los 64 trabajadores  despedidos en abril de 2014.

Al tener un nombramiento definitivo “es un hecho que el Congreso será obligado a reinstalar, pagar salarios caídos y prestaciones”, avisa el oficio. Por lo que se propone revisar cada caso y dar alternativas que alcancen acuerdos.

Incluso el director de Asuntos Jurídicos hizo una propuesta de cinco opciones sobre el futuro de las demandas y resoluciones a éstas, donde se busca autorizar al Secretario General para que firme convenios.

La primera es sobre los juicios que ya tengan resolución favorable hacia el trabajador, para que se ofrezca como máximo el 50 por ciento de los dictado por el juez y se reinstale en el caso que así se proceda.

Mientras que en los casos donde existan desproporciones en el tipo de nombramiento y el salario asignado se propone una reducción en las percepciones para que sean equiparadas al promedio del cargo y el sueldo.

También se deberán revisar las funciones que se desempeñan ‘para conocer las tareas que realizaban o si recibían su salario sin realizar trabajo’.

En los casos en que exista una resolución y los juicios que no hayan concluido, en caso de que el trabajador acepte no ser reinstalado, se le otorgaría el 100 por ciento de sus salarios caídos, que son de un año.

Por su parte los casos que no han concluido se ofrecería no pagar salarios caídos ni prestaciones a cambio de la reinstalación en el cargo, propone el documento.

En cuanto a las 219 demandas extemporáneas que presentó el propio Poder Legislativo, Carlos Sepúlveda señala que se debe autorizar un acuerdo para desistirse de los juicios pendientes.

“Tomando en cuenta lo ya resuelto, repetidamente, por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y los tribunales colegiados, órganos que han declarado la extemporaneidad de las demandas, se propone expedir un Acuerdo que autorice los desestimientos de los juicios pendientes”, señala Sepúlveda Valles.

Actualmente son 162 juicios pendientes los que fueron presentados por el propio poder legislativo.

Sobre los asuntos que ya fueron concluidos y las nuevas demandas que se han dado, el oficio da cuenta de que en noviembre y diciembre de 2015 “se resolvieron por convenio ocho asuntos y se recibieron diez demandas nuevas”.

Reflejando así que el Congreso atraviesa un serio problema jurídico-laboral que deberá ser resuelto con desistimientos y reinstalaciones que podrían ser un gasto adicional al ya elevado presupuesto de dicho poder público.

Y aunque las medidas para atender la problemática financiera parecen menores respecto a los problemas que ya están siendo aclarados en los informes de las distintas áreas del Congreso Local, las propuestas se han hecho ante la Comisión de Administración.