Una exempleada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la CEDH, denunció penalmente a los consejeros de ese organismo por negarse a abrir un procedimiento de responsabilidad contra la ombudsman de Nuevo León, Minerva Martínez Garza.
Martha Alicia Valdez Valenzuela acudió ayer a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales y Cometidos por Servidores Públicos, para interponer la querella contra el Consejo de la institución.
Acompañada de su abogado, Luis Villarreal Galindo, la exproyectista presentó un escrito para denunciar los actos y omisiones de los consejeros Mercedes Jaime de Fernández, Enrique Hernán Santos Arce, Jaime Garza González y Oswaldo Wendlandt Hurtado.
La denunciante formuló una queja al Consejo de la CEDH para iniciar el juicio de responsabilidad contra la presidenta del organismo, por presuntamente torturarla y acosarla laboralmente, pero su solicitud fue rechazada.
El 14 de mayo de 2013 asistió al seno de ese órgano colegiado para ratificar su querella, pero fue sorprendida al enterarse de que la diligencia iba a estar encabezada por la propia ombudsman, quien actuó como juez y parte en el proceso.
Finalmente, el 11 de junio del mismo año, los miembros del Consejo negaron la solicitud para iniciar el procedimiento administrativo, porque argumentaron que no eran autoridad competente para conocer de esos asuntos.
“La responsabilidad penal que les reclamo mediante la presente querella con efectos de denuncia, se da por su inacción al negarse a conocer del juicio de responsabilidad que les solicité en contra de la presidenta de la Comisión”, señala en su escrito.
Sin embargo, el Artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Nuevo León, faculta a los miembros del Consejo como los contralores que integran el Órgano de Control Interno de la CEDH.
“Se negaron a abrir el procedimiento administrativo de responsabilidad, aduciendo que eran sólo consejeros, no contralores”, añade la quejosa, “más parecían lacayos de la presidenta que contralores”.
Además de esta denuncia penal contra los integrantes del órgano consultivo, que se negaron a conocer la queja planteada contra la ombudsman, la extrabajadora también recurrió a la protección de la justicia federal.
Ella promovió el amparo número 1000/2013 en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, con el que busca que los miembros del Consejo acuerden si suspenden, o no, a la titular.
La presidenta del organismo impugnó este proceso y buscó anularlo con dos recursos de queja, pero un Tribunal Colegiado resolvió a favor de la exempleada.
Esta segunda instancia confirmó la procedencia del amparo y ratificó las solicitudes de comparecencia que debían rendir tres funcionarios sobre las acusaciones de hostigamiento.
La lucha jurídica de Valdez Valenzuela no sólo se libra en la CEDH y los juzgados federales, sino también a través de otras denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Congreso local y el Tribunal de Arbitraje del Estado.
