9 mil 500
“Se han encontrado irregularidades en la enajenación a particulares de predios del dominio privado propiedad del estado, presuntamente atribuibles a la entonces directora general del IPAE, así como al entonces gobernador Roberto Borge ángulo”
El gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al exgobernador de la entidad, Roberto Borge, por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial gente cercana al exfuncionario.
El secretario de la Gestión Pública estatal, Rafael Antonio del Pozo, dijo en conferencia que las auditorias a la administración de Borge muestran la venta irregular de 95 millones de metros cuadrados, a un precio del uno por ciento respecto al valor real.
De acuerdo con la denuncia, las tierras fueran vendidas de manera irregular por Roberto Borge en complicidad con la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública estatal (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva.
“Se han encontrado irregularidades en la enajenación a particulares de predios del dominio privado propiedad del estado, presuntamente atribuibles a la entonces directora general del IPAE, así como al entonces gobernador Roberto Borge ángulo”, señaló el funcionario.
Del Pozo precisó que la dimensión de las tierras vendidas presuntamente de manera irregular, equivalen a seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún o 26 veces el tamaño de Islas Mujeres.
Las ventas de reservas federales ocurrieron en todos los municipios del estado, pero en donde más ocurrió fue en Tulum, donde se vendió el 20 por ciento de los terrenos; en Solidaridad 52 por ciento; en Puerto Morelos 60 por ciento; y en Cosumel el 50 por ciento.
El funcionario agregó ya se trabaja con el Instituto del Patrimonio del Estado en avalúos y cotizaciones para conocer con exactitud cuál es el precio de los terrenos vendidos y el monto económico en afectaciones a la economía de la entidad.
Finalmente, del Pozo dijo que algunos de los beneficiados son accionistas de una empresa naviera operadora de servicios de transporte público marítimo en el estado de Quintana Roo, misma que en los últimos años adquirió tres barcos con una valor de 7 millones de dólares.
