La defensa de una extrabajadora de la CEDH que sufrió de “bullying” presentará una denuncia para someter a juicio político a la ombudsman de Nuevo León, Minerva Martínez Garza.
Los asesores legales de Martha Alicia Valdez Valenzuela aseguran que el documento ya está preparado y sólo está por definirse el día de esta semana en el que se interpondrá el recurso ante el Congreso del Estado.
La querella, señalan, busca el desafuero de la titular del organismo e iniciar una denuncia penal por los actos violatorios a los derechos fundamentales de la exempleada.
Valdez Valenzuela se desempeñaba como proyectista adscrita a la Coordinación Penitenciaria de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Estatal, donde laboró por dos décadas.
Su caso se sumó al del exdirector de Conclusión y Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la insitución, Gustavo Meraz Rodríguez.
Según las quejas que ambos presentaron ante la CNDH, la primera fue amenazada de que si no aceptaba la reducción de su sueldo se sometería a una investigación, y el segundo fue despedido porque no aceptó una disminución de su salario.
Este lunes le fue planteado al Consejo Consultivo del organismo nacional la posibilidad de analizar los casos durante su sesión, pero fuentes cercanas al caso aseguraron que al final se desechó la discusión del orden del día.
Sin embargo, se planteó fuera de la reunión solicitar la documentación de las quejas que obran en la Sexta Visitaduría General de la CNDH, encabezada por Juan Pablo Piña Kurcyn.
La discusión se originó a raíz de que el sábado pasado la exproyectista Valdez Valenzuela envió al órgano colegiado un escrito, en él pidió a los consejeros la atracción de los casos a la CNDH.
La criminóloga solicitó a los miembros del Consejo Consultivo que la institución ejerciera su facultad de atracción competencial que le confiere el Artículo 14 del Reglamento Interno de la Comisión.
La quejosa argumentó que se cumplían dos supuestos de excepción: el impedimento de la titular de la CEDH por conocer las acusaciones, porque ella es la imputada, y por la trascendencia nacional del asunto.
Además, solicitó la emisión de recomendaciones por las violaciones a los derechos humanos y la interposición de denuncias a diferentes instancias.
Los extrabajadores solicitaron en sus quejas medidas cautelares a la CNDH cuando fueron acosados por la presidenta de la Comisión Estatal y sus subalternos, pero no fueron otorgadas y se consumaron los actos con sus despidos.
De acuerdo con el escrito presentado a los miembros del Consejo Consultivo, Meraz Rodríguez y Valdez Valenzuela fueron despedidos el pasado 22 de marzo.
Al momento de sus bajas, los exfuncionarios tenían 10 y 20 años de servicios ininterrumpidos en la institución, respectivamente.
Ese mismo día, según el documento, también fueron despedidos el defensor de derechos humanos Fidencio Constantino Olivo, la coordinadora de Orientación y Recepción de Quejas María Josefina Vázquez Gómez y el coordinador de Recursos Humanos Francisco Cepeda.
Los dos quejosos fueron incluidos en el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas (POFIF) del Gobierno del Estado, a pesar de que la CEDH tiene autonomía constitucional.
En un audio presentado como evidencia en una de las quejas, se escucha cuando la ombudsman dice que la inclusión al programa fue ordenada a la institución por el gobernador Rodrigo Medina.
Desde la publicación de las quejas, la ombudsman ha eludido a las solicitudes de entrevista formuladas por Reporte Indigo.
La Dirección de Comunicación Social del organismo había prometido un encuentro con la titular para este lunes, pero fue cancelado y no hubo la opción de una entrevista vía telefónica.
La ombudsman se encontraba en la Ciudad de México el día pactado para la cita, porque atendió la presentación de la Agenda Nacional de Derechos Humanos de la CNDH.