El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avanzó en la discusión de la Ley del Derecho de Réplica al avalar este lunes la legitimación de los partidos políticos para promover acciones de inconstitucionalidad contra dicha Ley.
Con 7 votos a favor de los ministros Alberto Pérez Dayán -quién es ponente del tema-, José Fernando Franco, José Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Norma Lucía Piña, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar -ministro presidente de la Corte-, se determinó que tanto el PRD como Morena sí tienen derecho de pedir la inconstitucionalidad de una parte de esta ley, aunque no sea un ordenamiento electoral.
Caso contrario fue el de los ministros Javier Laynez, Jorge Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora y Margarita Luna -quien al final cambió el sentido de su voto, ya que se había expresado primero a favor-, quienes votaron en contra de que los partidos tuvieran esta facultad, por considerar que la Ley del Derecho de Réplica es de alcance general y no sólo aplica a los partidos políticos, por lo que no es una norma electoral.
Con el voto mayoritario a favor de la legitimación de los partidos políticos en el asunto, el tema avanzará en el estudio en el pleno del máximo tribunal, que seguirá este martes en el análisis.
Los ministros votaron por unanimidad que la CNDH sí tiene derecho a interponer el recurso contra la ley; la Comisión pidió que se especifique quiénes son los sujetos obligados para evitar que la Ley pueda aplicar sanciones a cualquier persona que emita su opinión sobre algún tema.
Esta acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH se englobó con otras dos, presentadas por el PRD y Morena.
Ambos partidos políticos reclaman que el derecho de réplica pueda darse aún cuando los medios de comunicación den a conocer información verdadera, pero que lastime su reputación e integridad.
La ley vigente considera que solo se tiene acceso a la réplica cuando la información que se difunda sea falsa o inexacta, requisito que busca ser declarado inconstitucional por estos partidos.
El tema ha despertado un debate que ha dividido las opiniones de diversos actores. Por un lado, activistas del derecho a la información consideran que se trata de un avance hacia un mejor debate social; en tanto, empresarios de medios de comunicación piensan que se trata de un intento de censura, pues cualquier persona podría solicitar su derecho a réplica, e incluso iniciar un procedimiento legal, solo porque se sienta ofendido por cierta información, a pesar de que sea verdadera.