Cárceles de violencia
Más allá de cumplir con su labor de reinserción social, las cárceles mexicanas se han convertido en centros de conflicto que apuntan a ser el problema inmediato a resolver por parte del gobierno, pues sólo el año pasado dentro de las prisiones estatales y federales se registraron mil 538 incidentes de sangre.
J. Jesús Lemus
Más allá de cumplir con su labor de reinserción social, las cárceles mexicanas se han convertido en centros de conflicto que apuntan a ser el problema inmediato a resolver por parte del gobierno, pues sólo el año pasado dentro de las prisiones estatales y federales se registraron mil 538 incidentes de sangre.
A esos incidentes se debe sumar la falta de condiciones dentro de las prisiones para la contención de reos de alta peligrosidad, los que sólo en el 2016 ocasionaron 12 fugas y ocho intentos de evasión, además de cinco motines, que fueron disuadidos en forma violenta por parte de las fuerzas de seguridad estatal y federal.
Los motines más violentos registrados el año pasado, ocurrieron en el Centro de Readaptación Social de Guaymas, Sonora; el Centro Preventivo de Readaptación Social de Topo Chico, en Nuevo León; el Centro de Reinserción Social de La Paz, Baja California Sur; el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Juan Fernández Albarrán”, en Tlalnepantla, Estado de México, y en el Centro de Reinserción Social de Tula, del estado de Hidalgo.
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de todos los hechos violentos registrados en las cárceles mexicanas, los que en su mayoría fueron riñas, mil 250 de ellos ocurrieron dentro de prisiones estatales y 288 se registraron en las cárceles de Máxima Seguridad del Gobierno federal.
La violencia que se registra al interior de las cárceles en todo el país tiene su origen no sólo en los actos de autogobierno, reconoce la CNDH, sino en otros actos derivados de programas de seguridad para los internos, de donde se desprenden acto como agresión, motivos patrimoniales, estrés, extorsión, desigualdad de condiciones y violación o abuso sexual.
La mayor incidencia de violencia documentada dentro de las prisiones mexicanas ha sido por riñas entre grupos de internos, con 979 peleas frontales, de las que 694 de ellas ocurrieron en cárceles estatales y 285 en cárceles federales.
Otro tipo de violencia que ha documentado la CNDH es la que califica como “desordenes”, en donde se incluyen conductas atípicas de los reos como desobediencia al reglamento, insubordinación, control de mando en áreas restringidas del penal o alteraciones a voluntad de las actividades ordinarias penitenciarias.
Reos fallecidos
Para Luis Carlos Sainz, especialista en temas carcelarios, las condiciones del sistema penitenciario expuestas por la CNDH en su informe anual de evaluación revelan lo que para muchos mexicanos es sabido.
“Tenemos uno de los sistemas de prisiones más crueles del mundo, en donde el gobierno es totalmente ajeno a lo que sucede celdas adentro”, definió.
Dijo que eso es lo que ha hecho que nuestro país, sin contar constitucionalmente con la pena de muerte, sea una de las principales naciones que mayor cantidad de reos muertos registra al año con una tasa muy superior a la que se registra en Estados Unidos, en donde sí se ejecuta la pena capital.
En Estados Unidos fueron ejecutados 20 presos en el 2016 por decisión judicial, todos por inyección letal. En México, en ese mismo año murieron 85 reos en diferentes circunstancias.
En las cárceles mexicanas también hay suicidios, el año pasado fueron 24 de acuerdo a la CNDH, en parte por la falta de programas oficiales para la detección y atención de los estados depresivos de los presos y las condiciones materiales precarias.
En suma, en las cárceles de México murieron 109 reos el año pasado, la mayoría de ellos empujados por las condiciones de inseguridad y subordinación a otros reos que son propiciadas por el propio Estado al desentenderse del gobierno carcelario, consideró el periodista y escritor Luis Carlos Sainz.
Entre riñas y suicidios
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detalla los hechos de violencia en el sistema penitenciario del país durante el 2016:
Peleas violentas entre reos
Estado Riñas
Sonora 195
Nuevo León 78
Chihuahua 61
Querétaro 56
Tlaxcala 54
Baja California Sur 36
Nayarit 31
Hidalgo 28
Campeche 28
Chiapas 21
Actos de desorden penitenciario
Estado Desórdenes
Sonora 238
Chihuahua 33
Nuevo León 29
Quintana Roo 10
Nayarit 8
Puebla 8
Morelos 6
Baja California Sur 4
Veracruz 4
Ejecución de reos
Estado Muertos
Nuevo León 54
Tamaulipas 10
Ciudad de México 5
Estado de México 5
Zacatecas 4
Suicidios al interior del penal
Estado Suicidios
Jalisco 4
Sonora 3
Guanajuato 2
Nuevo León 2
Tabasco 2
Zacatecas 2
Riñas en Cefereso
Centro Peleas
Cefereso 4 de Nayarit 50
Cefereso 11 de Sonora 42
Cefereso 2 de Jalisco 33
Cefereso 8 de Sinaloa 25,
Cefereso 1 del Estado de México 24
Cefereso 12 de Guanajuato 24
Reclusorios con más quejas ante CNDH
Estado Quejas
Nayarit 290
Guanajuato 234
Durango 215
Veracruz 96
Jalisco 94
Sinaloa 77
Morelos 51
Chihuahua 38
Chiapas 35
Máxima seguridad cuestionada
Aunque las cárceles que maneja el Poder Ejecutivo federal, los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), fueron creados para contener a los reos más peligrosos y asegurarles condiciones de mayor seguridad física, no cumplen con su cometido, de acuerdo a datos de la CNDH.
El año pasado se registraron en esos centros un total de 285 riñas entre internos, con el Cefereso 13 de Oaxaca a la cabeza con 72, la cifra más elevada para una cárcel federal desde que se lleva registro de incidentes carcelarios.
Las quejas de los reos de cárceles federales ante la CNDH van al alza, con mil 225 formalizadas en el 2016 a causa de la mala atención médica, falta de programas para la reinserción social, maltrato, reubicación e incertidumbre jurídica.
Las cárceles estatales generaron 8 mil 953 denuncias presentadas ante los órganos locales de protección a los derechos humanos; la Ciudad de México es la entidad con más inconformidades, 5 mil 620, seguida de Estado de México y Baja California.
Los reos alegaron violación a su derechos, a la integridad personal, a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la salud, a recibir un trato humano y digno, a la reinserción social y acceso a la justicia.