Las personas con discapacidad auditiva son un sector de la población con un rezago en derechos en la Ciudad de México, situación que afecta su comunicación y los excluye.
Actualmente, no existe un instituto, observatorio u órgano regulador público que certifique a los traductores de la Lengua de Señas Mexicana. Lo que evidencia la discriminación que existe hacia ese sector de la población.
Esto significa que los traductores y profesores de lenguajes de señas en la Ciudad de México no tienen que acreditar los conocimientos mínimos para enseñar o divulgar el idioma.
Lo que afecta la comunicación entre los sordos y la población en general, pues podrían tener conocimientos distintos respecto al lenguaje.
Ante esa situación, desde el Congreso se ha solicitado que se tome en cuenta esta problemática para que en 2020 se designen recursos para la construcción de un observatorio regulador del lenguaje de señas
En el contexto nacional, 7 millones 650 mil personas tienen una discapacidad, lo que representa el 6.5 por ciento de la población del país, revela la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
El 33 por ciento, según el INEGI, tienen una discapacidad para escuchar.
En la Ciudad de México, son un millón 439 mil 202 personas las que viven con una limitación.
Sobre la situación del lenguaje de señas, Claudia Herrera, maestra en Educación Especial y terapista de niños con discapacidad, menciona que no existen escuelas de lenguaje de señas en la ciudad con una certificación del idioma.
“Una universidad o instituto más conformado no hay pero sí a nivel técnico, yo desconozco si hay a la fecha alguna escuela que ofrezca una certificación”, señala.
Ella tuvo que aprender por medio de la escuela Clotet el lenguaje de señas, pues tampoco le proporcionaron una materia relacionada durante el curso de su carrera como maestra normalista en educación especial, cuenta.
Considera que los derechos de las personas con discapacidad auditiva están más rezagados y tienen menos oportunidades que otros grupos vulnerables como los ciegos.
“En el metro hay señalizaciones para las personas ciegas, pero las taquilleras o los policías no saben lenguaje de señas, no se pueden comunicar con alguien que padece discapacidad auditiva”, dice.
Añade que desde 1820 existe en la capital la Escuela Nacional Para Ciegos “Ignacio Trigueros”, institución pública de educación. Fue hasta 2018 cuando se inauguró la Primera Escuela Pública para Sordos.
También existen 216 Centros de Atención Múltiple (CAM) en donde imparten la educación básica a niños y niñas con cualquier tipo de discapacidad.
No obstante, la Secretaría de Educación Pública (SEP) consideró en 2012 que no son suficientes dichas acciones, pues se debe integrar a los alumnos sordos en el aprendizaje regular.
“Para favorecer la inclusión en escuelas regulares con énfasis en la atención de alumnos sordos, se puede iniciar con un esquema de inmersión al aula regular al contar con la presencia del intérprete certificado de lenguaje de señas para el subgrupo.
“Y un tiempo en el aula especial donde el maestro de apoyo, capacitado en la educación de alumnos sordos, pueda trabajar con ellos el español escrito (lectura y escritura), así como reforzar aspectos específicos para lograr el acceso pleno a la propuesta curricular”, recomienda el estudio “Orientaciones para la Atención Educativa de Alumnos Sordos”, realizado por la SEP en 2012.
Responsabilidad del Estado con las personas con discapacidad auditiva
Carlos Favela, del proyecto Inclusión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que el país adquirió obligaciones de garantizar una vida digna y con apego a los derechos humanos para las personas sordas al suscribir y ratificar en 2018 su adhesión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por lo cual, debe de establecer las medidas para cumplir las necesidades de educación, accesibilidad, comunicación y oportunidades laborales para los sordos.
“El gobierno debe garantizar los derechos de las personas sordas en todos los ámbitos. También debe trabajar en un modelo de inclusión desde un enfoque de derechos humanos con dignidad y apelando a la libertad de las personas con discapacidad”, detalla.
También considera que las autoridades, tanto locales como nacionales, deben disponer de más traductores del lenguaje de señas para cumplir con el artículo 9 y 24 de la Convención para que exista mayor accesibilidad y educación para los sordos.
En este sentido, el diputado Temístocles Villanueva presentó un punto de acuerdo el pasado 31 de octubre para que durante la discusión del paquete presupuestal 2020, se contemple que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) construya un Observatorio Regulador del Lenguaje de Señas Mexicanas.
Villanueva indica que dicho punto de acuerdo, que fue aprobado, busca aumentar la accesibilidad a la comunicación de las personas sordas.
Señala que si bien hay avances en la procuración de sus derechos, es un pendiente que existan traductores certificados por el Instituto de Personas con Discapacidad de la capital.
La visión del Observatorio Regulador será fortalecer y atender los derechos lingüísticos de las personas sordas acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Un observatorio regulador que certifique e investigue el lenguaje de señas ayudará a establecer un estándar mínimo para los instructores y traductores de las personas con discapacidad auditiva, dice.
Será hasta que se apruebe el presupuesto de egresos 2020 cuando se conozca si se asignan recursos para la construcción del observatorio.
El legislador informa que si se tienen los recursos y el espacio, el Instituto de Personas con Discapacidad tiene en su reglamento la facultad de crear el nuevo órgano regulador.
Por lo cual, no se necesita otra modificación a la ley o a las normas del instituto, sólo que la Sobse pueda construir el inmueble.
