A los altos funcionarios del Poder Judicial y de los órganos autónomos del estado de Nuevo León les tiene sin cuidado la política de austeridad impulsada por el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Servidores públicos de la Comisión Estatal Electoral (CEE), el Tribunal Estatal Electoral (TEE), la Fiscalía General y el Poder Judicial tendrían sueldos para el próximo año que superan los 108 mil pesos que percibirá mensualmente próximo Jefe del Ejecutivo Federal.
Según el proyecto del Presupuesto de Egresos 2019 para el Estado de Nuevo León, que será discutido en el Congreso local, un magistrado del Tribunal Electoral podría ganar 176 mil pesos mensuales en caso de que los diputados lo aprueben. El Secretario Técnico de la Comisión Estatal Electoral espera recibir hasta 182 mil pesos. El Fiscal General podría ganar 175 mil pesos al mes.
Pero el podio de los megasueldos se lo llevan los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los funcionarios del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, quienes en su tabulador de sueldos 2019 propusieron una percepción mensual de 205 mil pesos
No sólo los titulares de la dependencia pretenden ganar más que el próximo presidente de la República o que el gobernador de Nuevo León, sino que en las propuestas enviadas directamente por cada órgano al legislativo local hay funcionarios como directores de área, contralores, titulares de unidad, jueces o secretarios que también podrían percibir un salario por encima de los 108 mil pesos fijados como tope.
Estas cifras corresponden únicamente al salario bruto, sin considerar las prestaciones laborales a las que pueden ser acreedores estos funcionarios, escudados en la autonomía de sus organismos e ignorando los lineamientos de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos recientemente aprobada a nivel Federal.
Cuadro de ¿honor?
Los integrantes del Poder Judicial del Estado, cuyos sueldos han sido históricamente los más elevados, quieren continuar ostentando el primer lugar en cuanto a percepciones económicas y en su solicitud para el Paquete Fiscal 2019 piden para magistrados y consejeros 205 mil 568 pesos al mes.
Esto significa que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Francisco Javier Mendoza, y los restantes 13 magistrados y cuatro consejeros continuarían siendo los funcionarios mejor pagados.
En total, sólo el pago de sueldos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los cuatro funcionarios del Consejo de la Judicatura llegaría hasta los 3 millones 700 mil pesos mensuales y más de 44 millones de pesos en todo el año 2019.
Todo ello sin contar que el Poder Judicial también envío una propuesta para que el salario máximo mensual de los directores sea de 131 mil 260 pesos y de los jueces ascienda a 117 mil 177 pesos.
A los magistrados y consejeros del Poder Judicial les sigue el secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, Héctor García Marroquín, quien según su solicitud, espera contar con un salario mensual de 182 mil 154 pesos.
Mientras tanto, los siete consejeros electorales del estado (Mario Garza, Miriam Hinojosa, Sara Lozano, Claudia de la Garza, Luigui Villegas, Rocío Rosilis y Alfonso Roiz) esperan que los diputados les aprueben un sueldo de 133 mil pesos.
Los directores de Administración, de Capacitación Electoral, de Fiscalización a Partidos Políticos y de Organización y Estadística Electoral de la Comisión también esperan la misma remuneración que los Consejeros Electorales.
Quienes también apuntan alto son los tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Tanto el presidente, Gastón Julián Enríquez Fuentes, como los magistrados Carlos César Leal Isla García y Jesús Eduardo Bautista Peña quieren alcanzar un sueldo máximo de 176 mil 396 pesos.
De la recién creada Fiscalía General del Estado, el titular, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, aspira a percibir hasta 175 mil 920 pesos cada mes y quiere consentir a sus más cercanos colaboradores, Javier Garza y Garza y Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, fiscales Especializados en Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales, respectivamente, para quienes solicitó una remuneración de 172 mil 800 pesos.
El Fiscal General también espera que los legisladores aprueben un salario mensual de 168 mil pesos para otros funcionarios de la Fiscalía como el director General de la Agencia Estatal de Investigación, Esteban Alejandro Cantú Morales, y los Secretarios Ejecutivos de Administración y Finanzas, de Comunicación y Vinculación; los vicefiscales jurídico y del ministerio público.
Otros funcionarios de la fiscalía, como el director General de Informática o el titular del Órgano de Control podrían ganar hasta 142 mil 800 pesos.
La lista de megasueldos la cierra la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, cuyo titular, Jorge Galván González, podría ganar hasta 137 mil 940 pesos si los diputados locales lo aprueban.
Los Auditores Especiales de Evaluación y Desempeño, de Gobierno del estado y organismos autónomos, de Municipios o los titulares de la Unidad General de Administración o de la Unidad de Asuntos Jurídicos podrían llegar a ganar 119 mil 130 pesos cada mes.
Fiscalía pide, Congreso decide
Por Jesús Padilla
Coordinadores de las bancadas del PAN y PRI en el Congreso local consideran que al Presupuesto 2019 para la Fiscalía General tendría que ajustarse, pues había solicitado 6 mil 57 millones de pesos, pero el Gobierno propuso que se le autoricen 2 mil 785 millones, monto menor a los 3 mil 352 millones de pesos que ejerció entonces la Procuraduría.
“No se puede manejar el mismo presupuesto, tenemos una reunión pendiente con personal de la Fiscalía y del Poder Judicial. Es ilógico que el Gobierno haya autorizado partidas de inversión en nuevos juzgados y que en este año no se les contemple”, menciona el coordinador de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos.
“La Ley dice que la Fiscalía dentro de sus capacidades tendría que hacer el presupuesto, enviarlo al Ejecutivo y al Congreso, en ningún momento dice que el Ejecutivo mandará el presupuesto que crea que sea el conveniente”, dice el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente.
El fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, aseguró que el Congreso local tendrá que decidir sobre el monto total que recibirá de presupuesto la Fiscalía General, más no el Gobierno del Estado.
“Para mí el Congreso tiene que decidir, hay muchos gastos que absorbe la Fiscalía General que yo en lo personal estaba incluyendo dentro de mi presupuesto”, asegura.
