La crisis de desapariciones en Jalisco ha orillado al Gobierno estatal a asegurar que la atiende como una de sus prioridades, pero en los hechos esa problemática social recibe apenas el 0.015 por ciento del presupuesto gubernamental del 2018, incluso por detrás de los partidos políticos.
En esta entidad hasta el Partido Nueva Alianza (Panal) dispondrá de más recursos este 2018 con 31.8 millones de pesos (mdp), mientras que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas sólo tiene designados 17.1 mdp, según el Presupuesto de Egresos estatal para el programa de “Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas”.
Ante la desaparición el 19 de marzo de los tres estudiantes de cine y días después el reporte de otros tres –dos de los cuales ya fueron hallados vivos y uno muerto– el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz comunicó que usaba “Toda la fuerza del Estado para encontrar a (los) jóvenes desaparecidos”.
Mientras la búsqueda de desaparecidos se efectúa con esa bolsa de 17.1 mdp, el presupuesto total de los entes gubernamentales locales ascenderá a 108 mil 309 mdp este año, lo que evidencia que ni “toda la fuerza del Estado” está dirigida a la crisis, ni se aborda como prioritaria.
Inclusive, todos los partidos políticos tendrán más presupuesto este año que la Fiscalía a cargo de la búsqueda de desaparecidos: el PAN con 82.5 mdp; el PRI con 117.5 mdp; el PRD con 36.9 mdp; el Partido Verde con 35.2 mdp; el MC con 124.6 mdp, y el ya citado Panal con 31.8 mdp.
Al contar los partidos con una bolsa de 437.4 mdp totales para sus actividades, su presupuesto será un 2 mil 446 por ciento mayor al destinado al tema de las desapariciones.
Búsqueda precaria
El panorama para la búsqueda de desaparecidos podría ser peor: cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) solicitó conocer el presupuesto de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, encontró una cifra aún más baja que la indicada en el estatal:
“Este organismo recibió el oficio FGE/CGAP/DGRHFM/2073/2017, firmado por la directora general de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la FGE con información relativa al presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la FGE para el ejercicio 2018, siendo este por la cantidad de 2 millones 088 mil pesos”, dice la recomendación sobre el tema.
La búsqueda de personas desaparecidas recibe apenas el 0.015 por ciento del presupuesto gubernamental del 2018
El 31 de agosto de 2017 se presentó esta Fiscalía Especializada encabezada por María Teresa Medina Villalobos, con una integración de 164 elementos, sin embargo, la titular renunció y el área quedó acéfala desde el 1 de noviembre pasado. Esto concluye la CEDHJ:
“Existen limitaciones y carencias tanto de naturaleza presupuestaria, como del personal con que se cuenta para realizara dichas labores, así como de los instrumentos, equipos e implementos materiales, tecnológicos y estructurales; aunado a que no se tiene la cobertura en todo el estado con áreas y personal ministerial y de investigación especializado y capacitado en el tema de personas desaparecidas. Es evidente que no se cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes para enfrentar solventemente este grave problema”.
Duelo estatal
La tarde del domingo 25 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida de César Arellano Camacho, estudiante del segundo semestre de medicina, de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Apenas unas horas antes, el sábado 24 de marzo, miles habían acompañado a su familia y la de miles desaparecidos para demandar justicia por él y los otros tres estudiantes de cine del CAAV.
El cuerpo de Ulises se encontró ahorcado en las inmediaciones del mirador de la Barranca de Huentitán, al norte de Guadalajara. Aunque las primeras versiones de su muerte apuntaban a que el último lugar en el que había sido visto por última vez fue en una clínica del IMSS en Tala.
La noche del domingo el gobierno estatal confirmó sobre la desaparición de los tres estudiantes del CAAV que hay ya cinco policías municipales de Tonalá bajo investigación y un particular que, si bien no estaría detrás de la desaparición, se le involucra en delitos conexos.
“De la persona que está detenida, no está relacionada directamente con el delito de desaparición forzada; son situaciones de negligencia o de participación por ese u otros delitos”, explicó el fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez.
Desde el primer momento, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, expresó que el cuerpo de Ulises no presentaba muestras de daño por parte de terceros, lo que suponía que el mismo joven había atentado contra su vida. Sin embargo agregó que serían las periciales las que determinarían el móvil de la muerte del joven que había sido registrado como desaparecido desde el 19 de marzo pasado, lo que se confirmó ayer.
La misma noche comenzó a circular la fotografía de una supuesta carta de suicidio en la que el joven expresaba “no soy como los demás, es lamentable que no logre ser feliz”.
Las críticas al gobernador
Las declaraciones dadas por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, respecto a que el estudiante de Medicina, César Arellano, se habría suicidado le valieron críticas por parte de expertos y líderes de opinión en redes sociales, pues se apuntó que el mandatario no debió haber dado información concluyente a los medios sin haber mediado investigaciones forenses.
“El Gobernador no tiene competencia para calificar evidencia, para eso está el @forensesjalisco”, expresó Francisco Macías Medina, académico y experto en temas de derechos humanos.
Otras personalidades como Alfonso Cuarón y Gael García también se sumaron a las condolencias e incluso tildaron a la administración estatal como cínica: “@AristótelesSD en el cinismo extremo”, expresó el director de cine en su cuenta de tuiter al compartir una nota sobre Ulises Arellano.
“Exigimos al Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a la Fiscalía General y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que el peritaje que se lleva en el caso de nuestro compañero Ulises, sea transparente y público. Consideramos irresponsable la valoración pública que hace el gobernador frente a una investigación todavía sin concluir”, expresó la Federación de Estudiantes Universitarios.
