Conocer el paradero de sus cuatro hijos es lo único que ha pedido María Herrera durante los últimos 10 años. Ante la nula respuesta de las autoridades mexicanas, Herrera ha emprendido una lucha legal para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueda investigar casos particulares de desapariciones en México.
En entrevista para Reporte Índigo, Luis Tapia, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), afirma que la madre de los jóvenes ha acudido a todas las instancias para buscar a sus hijos tanto a nivel estatal como federal pero sigue sin acceder a su derecho a la verdad.
En agosto de 2008 ocurrió la primera desaparición de dos de los hijos de María Herrera. Jesús Salvador y Raúl viajaron a Oaxaca cuando vendían piezas de oro. En su viaje de regreso pasaron por Atoyac, Guerrero
Las investigaciones que hizo la familia revelan que varios grupos armados sostuvieron enfrentamientos en la zona el día que desaparecieron. Los hermanos Trujillo Herrera se vieron envueltos en la batalla, desde entonces no se sabe nada de los jóvenes, al igual que de otras cinco personas que eran sus compañeras de trabajo.
En septiembre de 2010, dos años más tarde, otros dos de los hijos de María, Gustavo y Luis Armando, realizaron un viaje a Veracruz también por trabajo. A la altura de Vega de Alatorre, entre el Puerto de Veracruz y Papantla, pararon en un retén militar. Gustavo llamó a su esposa para contarle lo sucedido; ese fue el último contacto, pues la familia no volvió a saber de ellos.
“Pasan los años y nos damos cuenta que las autoridades nacionales han fallado porque al día de hoy no se sabe el paradero de sus hijos. En 2018, la señora María Herrera promovió un amparo con la intención de que el Poder Judicial obligara al Ejecutivo a reconocer la participación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, ahora el Tribunal Colegiado de la CDMX ha remitido el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explica Tapia.
De acuerdo con el coordinador del Centro Prodh, el objetivo del amparo es evidenciar que hay una omisión por parte de las autoridades mexicanas al no aceptar la competencia del Comité de las Naciones Unidas.
“La participación del Comité se ha pedido desde el sexenio de Felipe Calderón, en el de Peña Nieto y en la actual administración de López Obrador y seguimos teniendo la misma respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores que es que el Estado mexicano lleva ya 10 años escudándose con el argumento de que lo están consultando para ver si se acepta o no la competencia.
“Esto es grave: aplazar o negar la intervención solo mostraría que la política exterior no está siendo dirigida y conducida bajo una lógica de derechos humanos”, sentencia Tapia.
Apoyo internacional, una esperanza ante desapariciones
En la demanda de amparo interpuesta por la señora María Herrera, fundadora de la Red de Enlaces Nacionales y del colectivo Familiares en Búsqueda, también se hace un detallado recuento de las averiguaciones previas iniciadas por las autoridades “sin ningún resultado”, otra razón suficiente por la que, señala Tapia, se debe de aceptar la ayuda de instancias internacionales en los casos de desapariciones.
Acudir a instancias internacionales representa para los familiares de desaparecidos una garantía adicional para su búsqueda de justicia y verdad, cuando México no lo acepta restringe y bloquea esa posibilidad de lucha para las familias y se olvida que justo dichos organismos pueden coadyuvar, dar pautas o consejos para la búsqueda de desaparecidos, para atender la crisis humanitaria que se vive en el país
Tapia recalca que el pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruía a la cancillería a aceptar al Comité de la ONU, acción que hasta el momento no ha sido acatada por la dependencia, a pesar de que es una orden presidencial.
De acuerdo con el abogado, si la SRE acepta el amparo, se tendría que preparar el documento de aceptación de la competencia del Comité. Posteriormente debería enviarse al Senado, órgano legislativo encargado de ratificar las obligaciones internacionales de México en derechos humanos.
Una vez avalado por la Cámara alta, debe ser firmado por el presidente y enviar el documento a la oficina de las Naciones Unidas; solo así podría ser revisado este caso.
“La situación que vive actualmente al país, en el que se reconocen oficialmente más de 60 mil personas desaparecidas es una clara crisis que tiene varias manifestaciones, es decir, no solo hay que aceptar la participación internacional sino mejorar nuestras áreas de justicia en el tema de sanción a responsables.
“Hasta el momento se conocen 20 sentencias contra personas que cometieron desapariciones forzadas, pero eso no representa ni el uno por ciento y esto la verdad es que resulta un número pequeño frente al número escandaloso de desapariciones que tenemos”, sostiene.
Para Tapia, la desaparición en México también debe resolverse desde el tema de identificación pues asegura que el país vive una crisis forense ya que hay miles de restos sin identificar y siguen apareciendo cuerpos en fosas clandestinas sin que las autoridades tengan la capacidad y herramientas para saber quiénes son.
Aunque el presidente López Obrador instruyó a la cancillería a aceptar el apoyo del Comité de Naciones Unidas para resolver el caso de Herrera, esta orden no se ha acatado
“Nuestro país requiere de capacidades extraordinarias del Estado para que se deje de lado esta violencia que sucede en el país, empezar con la resolución de la exigencia de Doña María mostraría a un gobierno que cumple no solo con el discurso sino también con acciones congruentes, que se acepte sin obstáculos la ayuda internacional y sobre todo no se escatimen esfuerzos para apoyar a las familias”, finaliza.
