Desapariciones, foco rojo en DH

Las desapariciones –forzadas o cometidas por particulares- son el mayor reto que el país enfrenta en materia de derechos humanos.

Así lo reconoció Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien urgió a terminar con la impunidad de ese delito.

Aunque no se tienen cifras claras de la magnitud del problema por la desorganización en el registro de las desapariciones, la CNDH lo ubica como el principal foco rojo en México.

“Los lamentables sucesos ocurridos ahora en Tierra Blanca, Veracruz, significan que no hemos aprendido la lección (…) se requiere un punto nodal que es, que se aprehenda a los responsables y se les sancione.

“La impunidad es propiciatoria de violaciones a derechos humanos. En la medida que combatamos esa impunidad estaremos dando pasos firmes en ese sentido”, sentenció González.

Al presentar su Informe Anual de Actividades 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional llamó al Poder Legislativo a apurar el paso en la aprobación de la legislación sobre desaparición forzada y tortura, que desde hace varios meses se encuentran pendientes.

En su informe, la CNDH da cuenta de que en el 2015 se registraron 327 expedientes en los que se notificó la desaparición o ausencia de 453 personas.

Actualmente se encuentran en trámite 119 expedientes, relacionados con 631 agraviados.

Durante 2015 Guerrero fue el estado del cual se recibió el mayor número de reportes de personas desaparecidas. Le siguieron Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

Mientras que los estados de los que se recibió el menor número fueron: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

En Campeche, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas no se reportó a la CNDH la desaparición de ninguna persona.

La CNDH hace énfasis en la desorganización que existe entre las autoridades del país –de los tres niveles de gobierno- en la sistematización de una base de datos de las personas desaparecidas en el país.

Sin embargo, la Comisión cuenta con el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF).

Dicho sistema, está conformado por tres bases de datos: SINPEF Integración; Personas Extraviadas, Desaparecidas o Ausentes (SINDE); y Personas Fallecidas no Identificadas (SINFANI).

En el SINPEF Integración se registran los casos que han llegado a la CNDH para efectos de la búsqueda y localización de desaparecidos.

En el 2015 se integraron 438 expedientes, pero se encuentran en trámite 3 mil 593 más, relacionados con 4 mil 549 agraviados.

El año pasado, la CNDH concluyó 34 trámites relacionados con 42 agraviados; 31 de ellos fueron localizados con vida, y 11 fallecidos.

En el registro de Personas Extraviadas, Desaparecidas o Ausentes (SINDE), se encuentran los casos de personas en esa calidad. La información es proporcionada por todos los órganos de procuración de justicia del país. El registro está, hoy día, en 26 mil 25 casos.

Finalmente, en el registro de Personas Fallecidas no Identificadas (SINFANI) están los datos de cadáveres que no han sido identificados, proporcionados por órganos de procuración de justicia y los servicios médicos forenses de todo el país. Cuenta actualmente con 16 mil 133 registros.

“El problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar”, acusó González Pérez.

Un primer paso hacia la solución del problema sería, por ejemplo en el caso de Iguala, que se trabaje para conocer la verdad de los hechos y se castigue a los verdaderos culpables.

El funcionario señaló que, además, se debe combatir la tortura, pues representa un serio retroceso al Estado de Derecho.

IMSS, con más quejas

Como parte de su informe anual, el presidente de la CNDH indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la entidad con el mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos, con 2 mil 185.

Le sigue el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con mil 308 quejas; la Policía Federal, 783; la Procuraduría General de la República, 761.

Continúa con el ISSSTE, con 705 quejas; el Instituto Nacional de Migración, con 688; la Secretaría de la Defensa Nacional, 620; la Secretaría de Educación Pública, 548; la Secretaría de Marina, 373; y la Comisión Federal de Electricidad, 316.

Entre el 2014 y el 2015, la CNDH registró un aumento de quejas en un 18 por ciento. En 2014, el número de expedientes radicados fue de 8 mil 455; en el 2015, 9 mil 980.

Las entidades en las que se reportaron más hechos violatorios de derechos humanos fueron el Distrito Federal, en 2,350 casos; Estado de México, 791; Tamaulipas, 613; Veracruz, 468; Sonora, 442; Chiapas, 405; Jalisco, 354; Oaxaca, 349; Nayarit, 302; y Michoacán, 299.

Las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia durante el 2015, sostiene el informe de la Comisión, fueron prestación indebida del servicio público, en 3152 casos; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, 1871.

También omitir o proporcionar atención médica, mil 697; detención arbitraria, 879; trato cruel, inhumano o degradante, 663; acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes, 602; negligencia médica, 490; omitir fundar el acto de autoridad, 481; omitir motivar el acto de autoridad, 452; y prestar indebidamente el servicio de educación, 431.

Luis Raúl González Pérez señaló que aunque en los tres años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha habido un avance en el respeto a los derechos humanos, éste ha sido insuficiente.

“Más allá de los casos que por su gravedad y trascendencia han conmovido e indignado a la sociedad, día con día las mexicanas y mexicanos convivimos con la debilidad de nuestro Estado de derecho, la impunidad, la corrupción, la inseguridad y, no en pocos casos, con la violencia, la colusión de autoridades con el crimen organizado y condiciones de verdadera indefensión ante los abusos de poder y las acciones delictivas”, ilustró el ombudsman.

En el texto de su informe, González Pérez señala que la voz del Ombudsman debe ser la voz de la molestia y la indignación de la sociedad mexicana pero siempre “llamará al diálogo, a la concordia y a la paz”.