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La nueva estrategia anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la atención integral del fenómeno de las desapariciones forzadas en el país, es decir, las cometidas por autoridades, llega con un registro de mil 504 víctimas, de las cuales 22 ocurrieron en Jalisco.
El 4 de febrero pasado se dio a conocer el plan federal en esta materia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reveló que de los casi 40 mil desaparecidos del país son 349 los casos donde los responsables fueron agentes de gobierno.
“El dato se presentó incluso en el último informe del Ejecutivo federal anterior respecto a la existencia de 349 denuncias, si mal no recuerdo, en las que están involucrados distintos agentes del Estado y en especial policías municipales, policías estatales e inclusive la Policía Federal. Por supuesto que, de estos, la menor parte de los casos corresponden a las Fuerzas Armadas, pero sí son los que están hasta ahora registrados y todos están siendo atendidos”
Si bien el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no precisa cuántos de los 37 mil 435 desaparecidos que arroja cayeron en manos de malos efectivos del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reporta que en el Registro Nacional de Víctimas hay mil 504 casos de víctimas específicamente por desaparición forzada.
La CEAV clarifica que de esos más de mil 500 registros de víctimas por desaparición forzada en el país, las “víctimas directas” son 422, es decir, las personas desaparecidas por alguna autoridad; mientras que mil 081 son “víctimas indirectas”: los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
Finalmente, hay una “víctima potencial” la cual se define como aquellas “personas físicas cuya integridad o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima”.
Sombra nacional
Al considerar la totalidad de las víctimas por desaparición forzada en el Registro Nacional de Víctimas que lleva la CEAV, tanto con víctimas directas, indirectas y potenciales, el estado de Jalisco presenta la octava problemática más grave de todo el país en esta materia con 22 casos.
Las cinco entidades donde las fuerzas de seguridad han victimizado en mayor medida a la población mediante desapariciones forzadas, son: Guerrero, en primer lugar, con 574 víctimas; Veracruz, segundo, con 289; Sinaloa, con 132; Tamaulipas, con 104 y Zacatecas, con 61.
Ahora bien, si se analizan exclusivamente los 422 casos de víctimas directas por desaparición forzada de las autoridades, Jalisco ocupa un séptimo lugar nacional con ocho personas que fueron desaparecidas por las propias fuerzas de seguridad. Los cinco estados con la mayor victimización directa son:
Guerrero, en primer lugar, con 205 víctimas directas; Veracruz, con 50; Tamaulipas, con 27; Sinaloa, con 24 y Zacatecas, con 15.
El 4 de febrero se le preguntó al subsecretario cómo harían para evitar que las fuerzas armadas cometan desapariciones forzadas.
“Tendrán que apegarse plenamente a cumplir los derechos humanos y a evitar cualquier acto de violencia que signifique desaparición forzada, ejecución extrajudicial o tortura. Esta va a ser una disciplina muy estricta que seguiremos en todo el Gobierno federal”, respondió Encinas
Heridas jaliscienses
En Jalisco, de sus ocho víctimas directas por desaparición forzada, hay dos casos que aún remiten a la Guerra Sucia: uno cometido en Zapopan el 15 de abril de 1977 contra un hombre de 56 años y otro ocurrido en Guadalajara el 28 de mayo de 1977 contra un varón.
El resto de las seis víctimas refieren a tres hechos distintos: el primero sucedió el 7 de enero de 2016 en Tepatitlán contra un joven de 23 años. El segundo es del 27 de enero de 2016 también en Tepatitlán y se trató de la desaparición forzada de tres jóvenes de 22, 21 y 29 años por militares.
En este la CNDH emitió la recomendación 54/2017, “por el cateo ilegal en agravio de cuatro personas; la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y violencia sexual de tres de ellas y la ejecución arbitraria de dos”
En dicha Recomendación se informa que el 16 de febrero de 2016 un juez de Distrito de Jalisco dictó auto de formal prisión en contra de los cinco militares que participaron en esos hechos.
El tercer caso es del 22 de enero de 2018 en Tecalitlán, donde dos jóvenes de apenas 17 y 18 años fueron detenidos presuntamente por marinos. El primero, Ulises Adair Cardona Flores, nunca regresó con los suyos, mientras que su acompañante sí fue liberado.
