Un desastre con los desastres

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Las políticas y los fondos económicos para prevenir o actuar ante los desastres en México son un caos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su Informe de la Cuenta Pública 2016 que tanto el Gobierno federal como los locales mantienen un desorden no sólo en el ejercicio de los recursos para prevenir riesgos, sino en la política pública sobre el tema.

En diversas auditorías hechas a fondos, programas y estrategias de protección civil y otras relacionadas con desastres, el común denominador es la falta de atención al tema.

Esta realidad saltó a la vista a raíz de los sismos que afectaron a diversos estados en septiembre pasado: construcciones en zonas de peligro, desconocimiento de los atlas de riesgo, falta de servicios básicos y el retraso en la reconstrucción son el resultado de las fallas en este tema.

En la auditoría realizada a la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, por ejemplo, la ASF revela que sólo 5 de 32 estados y 327 de 2 mil 458 municipios han actualizado su atlas de riesgo.

Una de las principales fallas está en el Programa de Prevención de Riesgos, manejado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario (Sedatu), en el que fueron detectadas varias irregularidades.

Por las condiciones de México, las políticas y acciones de prevención y protección civil son vitales; cada falla podría costar vidas.

Costo de los desastres

Y para muestra, un botón. Entre el 2000 y el 2012 fueron afectadas:

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México en riesgo

La protección civil es uno de los temas estratégicos para el país. La ASF cita al Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 donde se estipula que ubicación geográfica y las condiciones del territorio hacen que México sea susceptible de ser dañado por terremotos, ciclones, volcanes o inundaciones.

Al combinarse ese peligro latente con las altas concentraciones poblacionales y “elevados grados de vulnerabilidad física y social”, se tiene el contexto perfecto para que constantemente se enfrente el riesgo de un desastre.

“La exposición a estos fenómenos, los asentamientos humanos en zonas de peligro, el escaso ordenamiento del territorio y la vulnerabilidad física de la infraestructura expuesta, aunado a la fragilidad social de amplios sectores de la sociedad, provocan pérdidas materiales y humanas que representan un alto costo económico y social para el país”, cita la ASF.

Y para muestra un botón. Entre el 2000 y el 2012 fueron afectadas 1 millón 169 mil viviendas por desastres, lo que causó un efecto económico de casi 23 mil millones de pesos.

Un total de 23 mil 935 escuelas fueron afectadas; esto representa 5 escuelas cada día, durante esos 12 años. El costo fue de más de 4 mil 560 millones de pesos.

El sector salud fue otro de los afectados, tanto por inmuebles dañados como por toda la atención posterior a los desastres. En ese periodo se gastaron 4 mil 272 millones de pesos en ese rubro.

En carreteras, los desastres naturales costaron más de 58 mil millones de pesos en 12 años; de cada peso del Fondo Nacional de Desastres, 57 centavos fueron enviados a la reconstrucción de carreteras y caminos.

Después de los sismos de septiembre pasado, el Gobierno federal ha fijado un costo aproximado de 48 mil millones de pesos para la reconstrucción.

Estas cifras son un claro ejemplo de que la prevención y la protección civil deberían ser temas prioritarios para los tres niveles de gobierno. Sin embargo, la ASF detectó fallas que pegan directo al corazón de este tema.

Sedatu, opacidad total

El desorden en el crecimiento de los núcleos urbanos del país es una de las principales causas por las que pueden ocurrir desastres a raíz de los fenómenos naturales.

Para comenzar a paliar esta situación, en el 2016 el Presupuesto de Egresos incluyó un “Programa de Prevención de Riesgos” dentro del esquema presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario (Sedatu).

Con un presupuesto de 125 millones 709 mil pesos se buscaba dar subsidios a los tres órdenes de gobierno para incentivar el crecimiento ordenado; sin embargo, no se tuvo cuidado en el ejercicio de esos recursos.

Las irregularidades ocurrieron cuando ya Rosario Robles Berlanga era secretaria de esa dependencia, cartera que tomó en agosto del 2015.

La primera irregularidad detectada por la ASF es que la Sedatu aprobó otorgar subsidios para 81 proyectos, de los cuales solo el 8.6 por ciento cumplió con todos los requisitos establecidos; los demás, incumplían con las reglas de operación y aun así recibieron el dinero.

“En los 74 proyectos con al menos un incumplimiento de los requisitos o con la inexistencia del expediente técnico, la dependencia entregó 106,225 miles de pesos (106 millones 225 mil pesos), que representaron el 87 por ciento del presupuesto ejercido del programa, sin que se señalaran las causas por las cuales la secretaría otorgó dichos subsidios”, establece la ASF.

Y no sólo eso; la Sedatu no dio acompañamiento o asistencia técnica a los proyectos que financió.

En el ejercicio de los recursos, el caos total. La Sedatu no demostró con documentos que se transfirieron los recursos de acuerdo con los montos máximos de aportación federal que se establecieron en las reglas de operación, y tampoco comprobó que se respetaran los plazos para terminar las obras.

Además, se dieron recursos a dependencias que ni siquiera estaban autorizadas para recibirlos, como la Secretaría de Finanzas de Coahuila y la Secretaría de Finanzas de Guerrero; y a municipios que tenían un muy bajo nivel de riesgo.

Los recursos de ese programa, sostiene la Auditoría Superior, se desembolsaron de manera discrecional.

“La dependencia tampoco realizó el seguimiento a los proyectos aprobados (…) debido a que las instancias ejecutoras no le reportaron avances y resultados físico-financieros (…) por lo que no se aseguró que los recursos entregados a los beneficiarios se destinaron a la ejecución de los proyectos.

“La entidad fiscalizada no acreditó de qué manera esos proyectos se orientaron a fortalecer e impulsar acciones de planeación, prevención y la correcta ocupación del territorio, a fin de disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos”, sentencia la ASF.

La Auditoría afirmó que no tiene manera de saber si esos 125 millones de pesos que debieron ser utilizados para disminuir riesgos se ejercieron para ese fin; no hay manera de dar seguimiento al ejercicio del dinero público.

Resultados a medias

Otros fondos y programas relacionados con la prevención o la atención de desastres también fueron auditados por la ASF, y los resultados no son alentadores.

En el caso de la evaluación a la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, coordinado por la Secretaría de Gobernación, la ASF determinó que en términos generales sí cumplió con su cometido de alertar a la población sobre peligros por fenómenos naturales.

Sin embargo, la Auditoría menciona en ese informe que solo 5 de las 32 entidades federativas y 327 de los 2 mil 458 municipios del país actualizaron sus atlas de riesgos.

En cuando al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, manejado por la Secretaría de Hacienda, la ASF detectó un subejercicio de 42 por ciento de los recursos.

Para 2016, dicho Fondo contaba con 358 millones 718 mil pesos asignados, de los cuales sólo se ejercieron 205 millones 309 mil pesos; el resto fue transferido a un Comité Técnico.

A pesar de ello, la ASF determinó que en 13 años de operación, este Fondo sí ha contribuido a tener una política de fomento a la prevención.

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