La acusación de que el Gobierno de Jalisco y varios ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, todos emanados de Movimiento Ciudadano (MC), habrían canalizado recursos públicos a la campaña de Samuel Alejandro García Sepúlveda en Nuevo León, quedó desechada tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El partido Morena aseguraba que esa conexión ilícita entre los gobiernos jaliscienses de MC y la campaña electoral de García Sepúlveda sí se había dado, y que había implicado la transferencia de fondos mediante la empresa Indatcom, sin embargo, el INE y el Tribunal terminaron resolviendo que no encontraron indicios suficientes para corroborar el presunto financiamiento ilegal.
La queja que presentó Morena señalaba que “se denuncia la utilización de recursos de procedencia ilícita a favor o bien de recursos públicos; en beneficio de la campaña del C. Samuel García Sepúlveda, como candidato a gobernador del Estado de Nuevo León por parte del Partido MC; lo anterior, a través de un presumible ilegal patrocinio” proveniente de administraciones gubernamentales emecistas en Jalisco, incluyendo de municipios como “Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque” e incluso “por parte del propio partido MC”.
Tras analizar el expediente, el INE concluyó que Morena no había presentado pruebas o elementos indiciarios que sustentaran su denuncia: “Sin embargo no se advierte que el quejoso aporte las pruebas, siquiera indiciarias, que soporten su aseveración y sean relacionadas con los hechos que pudieran ser investigadas y en su caso ser sancionadas a través de la sustanciación del procedimiento de queja”.
Por ello, el INE le dio la oportunidad a Morena de que fortaleciera su denuncia contra los actores políticos de MC: “Esta autoridad mediante oficio de fecha 22 de junio de 2021, ordenó prevenir al diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante propietario del partido Morena ante el Consejo General de este Instituto, a efecto que en el término de 72 horas contadas a partir de la fecha de notificación, realizara las aclaraciones a su escrito de queja aportando los elementos de prueba que tuviera y soportaran su aseveración”.
Sin embargo, Morena nunca respondió a la prevención hecha por el INE, por lo que este determinó desechar la queja:
“Dado que el quejoso no desahogó la prevención de mérito en el plazo y términos señalados en el acuerdo de fecha 18 de junio de 2021, esta autoridad electoral considera que lo procedente es desechar la presente queja, toda vez que no subsanó las omisiones detectadas por la instancia fiscalizadora”
El órgano electoral también determinó que el caso se hiciera del conocimiento de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, pues esta es competente para indagar específicamente la presunta recepción de recursos públicos:
“La Unidad Técnica de Fiscalización no es competente para determinar la existencia de uso indebido de recursos públicos. (…) correspondería primeramente conocer y estudiar los hechos denunciados a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, de modo que la calificación que al efecto pueda determinar resultará vinculante para esta autoridad”.
Todo según el expediente del INE con clave INE/Q-COF-UTF/830/2021/ NL, resuelto el 14 de julio de 2021.
El Tribunal ratifica queja por recursos
Ante la determinación que tomó el INE, Morena presentó un Recurso de Apelación ante el Tribunal (expediente SUP-RAP-162/2021), con tres alegatos.
“(i) La notificación del requerimiento no se practicó conforme a Derecho; (ii) que la resolución carece de exhaustividad en la valoración del caudal probatorio, y (iii) que la responsable, indebidamente, omitió iniciar un procedimiento oficioso en materia de fiscalización en contra del sujeto denunciado”.
En su recurso, Morena le aseveró al Tribunal que sí había presentado pruebas suficientes del presunto financiamiento ilegal que se le habría canalizado desde el estado de Jalisco al hoy gobernador electo de Nuevo León.
“En efecto, relata que presentó 15 elementos indiciarios, que además relacionó todas y cada una de las probanzas, aunado a que proporcionó datos ‘finos’ de las empresas por medio de las cuales presumiblemente el entonces candidato recibió patrocinio por parte del Gobierno de Jalisco, y gobiernos municipales de Tlajomulco, Zapopán, Guadalajara y Tlaquepaque, como son direcciones, teléfonos, sucursales, correos electrónicos, cantidades contractuales, etcétera”.
Sin embargo, el Tribunal declaró infundados todos los alegatos de Morena, y confirmó la resolución del INE:
“Por tanto, tal y como lo resolvió la responsable, el recurrente no aportó elementos mínimos probatorios en relación con los denunciados y las notas periodísticas son ineficaces para tales efectos, aunado a que, con ello, se imposibilitaría una adecuada defensa de la persona objeto de la queja”
El rol de Indatcom
El trío de empresas que integran Indatcom, Eu Zen Consultores y La Covacha Gabinete de Comunicación son parte del proyecto político emecista que tiene su bastión en Jalisco, por lo que están a cargo de la imagen pública, comunicación social y manejo de redes sociales de los gobiernos emanados de ese partido.
Los informes vía transparencia y reportes periodísticos indican que esas empresas han recibido al menos 393.6 millones de pesos, de 2011 y hasta este 2021, de instancias bajo control del MC, incluyendo: ayuntamientos jaliscienses; el Gobierno del estado; y el propio partido nacional y estatal.
Pese a ello, Morena tampoco logró acreditar el papel que habría tenido Indatcom en la presunta transferencia ilícita de recursos jaliscienses hacia Nuevo León, según el Tribunal.
“Los contratos que adjuntó a su denuncia, en todo caso son elementos que se dirigen a evidenciar que el citado Gobierno local ha tenido un negocio jurídico con Indatcom. (…) No obstante, de ello no hay indicio alguno de que haya existido transferencia de recursos del Gobierno de Jalisco a la campaña de Samuel Alejandro García Sepúlveda”.
