Datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), revelan que la entidad cuenta con una tasa de 3.20 por ciento de desempleo; es decir, personas económicamente activas, pero que están sin trabajar o que están buscando un trabajo.
Aun cuando Jalisco registró 5.8 por ciento de empleos generados en 2017, y eso ha sido un factor clave para su economía como generador de éstos para la población en edad activa, la realidad es que la entidad también se enfrenta a las exigencias de una población susceptible al desempleo.
La carencia de empleos formales ha puesto a este estado como el sexto con la tasa de desempleo más baja del país.
Cifras de la Subsecretaría de Empleo y Productividad señalan que hay aproximadamente 119 mil 957 personas desocupadas o desempleadas, por lo que es necesario atender a esta población para reintegrarla al terreno formal.
Esencialmente, el desempleo es el estatus en el que se encuentra una persona que pretende tener y ejercer un empleo, pero no logra obtenerlo o acceder en un espacio de trabajo formal.
Las consecuencias de esta condición han sido ampliamente informadas en el ámbito académico.
“De entrada, el no tener empleo podría traducirse en recursos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y vivienda. Pero hay efectos psicológicos adicionales a tener en cuenta, así como una caída en el autoestima, y un aumento en el temor y la preocupación por el futuro”, explica Vicki Foss, investigadora y analista de Jalisco Cómo Vamos.
No obstante, la condición de desempleo también tiene un impacto en las familias y personas cercanas al desempleado.
Este aspecto tiene repercusiones en la calidad de vida y la felicidad. La experta del organismo ciudadano ilustra que cuando un punto porcentual aumenta respecto al desempleo, disminuye 3.5 por ciento la felicidad de los lugares donde ocurre el fenómeno.
Actualmente en el Congreso de Jalisco se debate una iniciativa respecto a la creación de un ‘seguro de desempleo’, con el cual se espera que pueda dar sustento a los tratados internacionales de México en este rubro.
Lo que se debate en el Legislativo local es que se puede otorgar una prestación mensual de 30 días de salario mínimo durante un periodo que no sea mayor a los seis meses. Con esto se espera dar un pago mensual de dos mil 650 pesos a quien se encuentre desempleado.
“Si bien el mejor de los esquemas posibles para atender la problemática del desempleo es el sistema de seguridad social obligatorio que incluya aportaciones obrero-patronales para cubrir la prestación con motivo de desempleo, es indispensable que desde el ámbito local se discuta la necesidad de direccionar los recursos económicos suficientes que puedan paliar de forma temporal las dificultades que trae consigo la desocupación”, se lee en la iniciativa.
Este programa tendría una bolsa presupuestal de alrededor de 417 millones de pesos, con la cual es posible atender a cerca de 60 mil personas desempleadas; es decir, a 50 por ciento de la tasa que hoy registra la entidad.
