Desgobierno en Oxchuc, Chiapas: amenazas, falta de recursos y alcaldesa ausente

Desde agosto de 2016, la alcaldesa abanderada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no ha podido desempeñar sus funciones porque ni siquiera vive en el municipio

Ante la ola de violencia registrada en el municipio de Oxchuc, Chiapas, contra los pobladores inconformes con la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez, integrantes de la Comisión Permanente de Paz y Justicia de esta localidad reclaman de manera urgente una mesa de diálogo.

A través de una petición pública, solicitan la intervención como mediadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para dialogar con funcionarios del gobierno del estado, a fin de buscar una solución al conflicto y al abandono en el que se encuentra esta localidad de Los Altos de Chiapas.

Cabe recordar que hace una semana, un grupo de opositores a la administración municipal, que reclamaban la aplicación del recursos del erario en mejoras de las comunidades marginadas, fueron agredidos por un grupo armado que dejó un saldo de seis casas incendiadas y, al menos, 12 personas heridas, una de ellas de gravedad.

Desde el día de la agresión a la fecha, se han reportado actos de intimidación en contra de los pobladores representante de, al menos, 35 comunidades indígenas de este municipio, quienes siguen amenazados por exigir obras y servicios, pues consideran que el gobierno municipal no está aplicando los recursos oficiales en atención a la población.

María Gloria Sánchez Gómez, alcaldesa abanderada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no ha podido desempeñar sus funciones desde 2016, porque ni siquiera vive en el municipio, y ejerce su cargo administrativo desde un domicilio particular en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. Mientras, el palacio municipal de Oxchuc se encuentra tomado por el grupo de habitantes que solicitan la intervención del gobierno estatal.

La propuesta de diálogo lanzada por los integrantes de la Comisión Permanente de Paz y Justicia, de ser aceptada por la administración de Manuel Velazco Coello, se levaría a cabo en la sede de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, con la finalidad de que esa institución garantice el cumplimiento de los acuerdos que puedan surgir.

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