Despegan rumbo a nueva Ley General de Ciencia
Autoridades federales y educativas en México encabezan la discusión sobre la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, un ordenamiento que a partir del próximo 2020 delineará las nuevas reglas para el financiamiento y participación en el campo científico en nuestro país
Salvador VegaUn nuevo cuerpo legal que pretende integrar los derechos y obligaciones a las que estarán sometidos los científicos e investigadores del país a partir del 2020 comenzó su ruta hacia el Congreso de la Unión. Se trata de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), un documento que llegará a comisiones en San Lázaro a partir del próximo año, pero que desde este momento entró en un proceso de discusión entre los integrantes de la comunidad científica de México.
El esfuerzo, encabezado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como por su titular, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, anticipa la instauración de la nueva visión nacionalista del organismo; encaminada hacia la construcción de una ciencia “de frontera” que se enfoque de forma prioritaria en las necesidades del país –dando espacio para dejar de lado todo conocimiento considerado como “innecesario”– y rompimiento de forma definitiva con los trabajos realizados en las administraciones anteriores al régimen de la Cuarta Transformación.
Para la directora del Consejo, el espacio de la nueva Ley General de CTI es una “oportunidad histórica” para hacer patente la relevancia de la investigación y el quehacer científico en México, orientados hacia el desarrollo, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente como ejes principales.
En el contexto de la 4T, nos corresponde consolidar una auténtica política de Estado en la materia: humanista, de largo plazo, social y ambientalmente comprometida. Es un cambio de paradigma que requiere una renovación conceptual, epistémica y cultural en la política y las prácticas del sector
En ese mismo espacio, la doctora especificó que una transformación como la que pretende la nueva Ley supone también “la reconfiguración institucional y jurídica del Sistema Nacional de CTI”, en donde se faculta a la Cámara baja para emitir el nuevo ordenamiento, pero cuya discusión y planteamiento estará a cargo del propio Conacyt y de los integrantes de la comunidad científica del país.
La Ley de Ciencia y Tecnología de la actualidad –publicada el 5 de junio de 2002, reformada en 2015 y que se mantiene en vigor hasta el día de hoy– es la herramienta principal para regular los apoyos que el Gobierno federal está obligado a brindar tanto a académicos, investigadores y organizaciones para impulsar, fortalecer y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en México.
Asimismo, se determina a través de esta Ley los diversos instrumentos mediante los cuales se regula y se coordinan acciones entre dependencias y entidades para la definición de políticas públicas y programas sociales en la materia.
“El Conacyt, con la venia del presidente (Andrés Manuel López Obrador), ha emprendido un proceso participativo para la elaboración del proyecto de Ley, convocando a los diversos actores del Sistema, articulando propuestas y coordinando su formulación”, indicó la directora a la par de afirmar que entre marzo y octubre de este mismo año, se han celebrado ya cerca de 70 foros y procesos de consulta, con la participación de organizaciones como la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la propia comisión especializada en la Cámara de Diputados.
Colaboración interinstitucional en Ley General de Ciencia
Este martes 12 de noviembre, María Elena Álvarez-Buylla señaló que el sector de CTI de nuestro país atraviesa por un “momento crucial” en el que se está construyendo el marco legal de la nueva Ley General del sector. Un esfuerzo en donde la titular del máximo organismo científico del país agradeció la buena disposición del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Enrique Graue Wiechers, al llamado que para la colaboración interinstitucional de cara al nuevo cuerpo legal.
En el marco de la firma del convenio de colaboración del Conacyt y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Dra. Álvarez-Buylla reafirmó la invitación para que “desde esta y otras facultades se discutan a fondo los diferentes aspectos de este nuevo orden jurídico que va a condensarse en la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación”.
Dentro de los ejes primordiales que se abordarán en la nueva Ley, se anticipan aspectos como la reivindicación del sentido humanista y ético del quehacer científico y tecnológico; una redefinición de la coordinación y distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia científica, y el rediseño de la “gobernanza democrática” del Sistema Nacional de CTI.
Asimismo, se contempla el fortalecimiento de las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico; la generación de “espacios transparentes de participación directa y consulta amplia de la comunidad”, así como la articulación y operación eficiente del presupuesto público para esta materia y su aumento sostenido.
Todos ellos, temas que han causado gran polémica desde el arranque de la administración de Álvarez-Buylla en diciembre de 2018, debido a la incertidumbre, recortes presupuestales y falta de diálogo con distintos actores relevantes en la ciencia en México.
Diversos sectores científicos indican que debe ser el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), quien organice las mesas de trabajo rumbo a la nueva Ley
Debates externos
Dentro de las organizaciones que se han mostrado más críticas respecto al rumbo del sector en nuestro país se encuentra la Red ProCienciaMx, colectivo integrado por investigadores y científicos de distintos centros públicos e institutos nacionales que el día de mañana llevarán a cabo el primer encuentro para la discusión y colaboración rumbo a la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Un espacio en donde se demandará que la mesa de trabajo colaborativa para la creación de la nueva Ley sea organizada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), debido a que es el espacio de participación inscrito en el ordenamiento vigente.
“Estamos atentos a que la Subsecretaría de Educación Superior y el Conacyt hagan pública la propuesta de Ley General de CTI (…) Nos entusiasma que se establezcan mesas de diálogo para discutir ampliamente esta propuesta con la participación de la comunidad”, indicó la Red a través de su posicionamiento oficial.
En el foro que arrancará en punto de las 9:00hrs de este viernes 15 de noviembre, participarán personalidades como el Dr. Antonio Lazcano, quien este 20 de septiembre fue destituido por el Conacyt como miembro honorario de la Comisión Dictaminadora del área II de Biología y Química del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), bajo el argumento de que no se permitirían “prácticas opacas” de administraciones anteriores.
Más tarde, el 17 de octubre, el juez Martín Adolfo Santos del Octavo de Distrito en la CDMX ordenó la restitución del investigador a sus funciones. Una resolución que elevó más la tensión entre el Conacyt y los diversos sectores dentro de la propia comunidad científica que se han mantenido críticos hacia el nuevo rumbo de la CTI en México.
