El inicio de la operación de la Guardia Nacional se enfrenta a complicaciones debido a que sus elementos carecen de experiencia para realizar detenciones y en el conocimiento del sistema de justicia penal.
Además, a dos semanas de su despliegue, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió dos amparos contra sus leyes secundarias: la del Registro Nacional de Detenciones y sobre el Uso de la Fuerza, mismas que regulan una parte de sus actuaciones en las calles.
A esto se suman los recientes señalamientos sobre la participación de presuntos efectivos en actos delictivos, por los que el nuevo cuerpo de seguridad acusa una campaña de desprestigio en su contra.
El 30 de junio inició el despliegue de la Guardia Nacional en 150 regiones del país entre las que se encuentran Morelia, Michoacán; Acapulco, Guerrero; Minatitlán, Veracruz; e Iztapalapa, en la CDMX, entre otras
En estas demarcaciones, 52 mil elementos patrullarán y realizarán acciones de seguridad pública.
Testimonios recabados por Reporte Índigo indican que la Guardia Nacional no cuenta con los conocimientos para remitir detenidos, así como de protocolos de actuación.
Los elementos federales solo tuvieron siete semanas para capacitarse en temas de derechos humanos y el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Una habitante de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, donde patrulla el cuerpo federal en la alcaldía de Iztapalapa, quien se identificó como Luz, relata que los elementos de la Guardia Nacional en los retenes y operativos de seguridad no detienen a los vehículos para su revisión; son los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los que detienen a los autos o motos y después los exintegrantes de las Fuerzas Armadas catean.
“En retenes, ellos (guardias) no detienen; nunca están solos, ellos nada más apantallan. La policía es la que frena autos y la Guardia los inspecciona”, afirma la mujer.
Además, considera que la Guardia podría en un principio generar más violencia al enfrentarse con los criminales de localidad; no obstante, señala que es una intención positiva.
Un policía de la SSC, quién pidió no revelar su nombre, explica que los elementos de la Guardia Nacional no tienen la capacidad para realizar detenciones conforme a la ley y, en estos casos, son los oficiales preventivos quienes tienen que hacer las remisiones ante el Ministerio Público.
“No están haciendo remisiones, no saben cómo hacerlo, los policías preventivos tenemos experiencia y aún así hay muchos que aún no están bien capacitados, la Guardia no puede”, señala el policía.
El uniformado afirma que la capacitación de la policía a nivel nacional ronda en seis meses de duración; la Guardia Nacional tuvo menos de dos meses para prepararse.
La coordinadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa, María Novoa, asegura que el hecho de que la Guardia no esté capacitada como una primera respondiente, podría provocar una disminución en el número de remisiones ante el Ministerio Público y en la apertura de carpetas de investigación.
“A la Guardia la vemos débil en esta función tan primordial de ser primer respondiente, debieron trabajarla más en el debido proceso, la escena del crimen y las detenciones que realice”, comenta la especialista.
Las consecuencia negativa de esto, es que las remisiones y las carpetas de investigación podrían tener un descenso sin que esto se signifique que haya menos actos ilícitos.
Novoa menciona que en los últimos años las carpetas de investigación han disminuido pero no la percepción de la inseguridad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tendencia en la apertura de carpetas de investigación sobre asesinatos en el país ha ido a la baja desde julio de 2018 a mayo del 2019.
En julio del año pasado, el SESNSP registró 2 mil 633 carpetas de homicidio doloso; al mes de diciembre, el número bajó a 2 mil 474.
Para este 2019, en enero se enlistaron 2 mil 457 investigaciones, para febrero hubo 2 mil 377, en marzo hubo un repunte a 2 mil 415, en abril se redujo a 2 mil 306 y en mayo hubo 2 mil 476.
No obstante, respecto a detenciones, Novoa afirma que no existe una metodología para evaluar el trabajo de la policía ni de la Guardia Nacional por lo que no es posible saber cómo están funcionando las remisiones.
SCJN demuestra falta de protocolos en la Guardia Nacional
Las leyes secundarias de la Guardia Nacional sobre el Registro Nacional de Detenciones y el Uso de la Fuerza podrían ser violatorias de los derechos humanos o carecen de sustento, explica María Novoa.
Por ambas leyes, se promovieron amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 5 de julio, mismos que ya fueron admitidos por esta institución.
Es un tema muy importante, porque entonces se consideró que no hay las capacidades reales para cumplir esas leyes (...) Es un problema, actualmente no tenemos información real de las detenciones públicas ni de los términos de garantías en los procesos de detención, así como el respeto a los derechos humanos y el uso de la fuerza de la Guardia
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) también lanzó advertencias previo al inicio de las operaciones de la Guardia Nacional en el mes mayo pasado.
“Los controles previstos son insuficientes a la luz de la experiencia acumulada los últimos tres lustros, que muestra cómo las fuerzas de seguridad se han habituado a eludir la rendición de cuentas. Esto ha sido especialmente notorio por cuanto hace a las fuerzas armadas: cuando el Ejército y la Marina han estado a cargo de sancionar las faltas y delitos de sus integrantes, ha prevalecido el espíritu de cuerpo y el resultado recurrente ha sido la impunidad. Así ocurrió durante años con el fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos”, señala la organización.
El oficial consultado por este medio rememora que en 1997 hubo un despliegue militar en Iztapalapa que fracasó y, en ese entonces, era inconstitucional.
Datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que dio a conocer en agosto de ese año, mostraron que tras la entrada de los militares la incidencia delictiva aumentó; de marzo a mayo la incidencia creció de mil 77 a 2 mil cuatro crímenes.
“La estrategia ya fracasó, no quieren apostar por la policía local, pero sí van a repetir errores del pasado”, recriminó el elemento de seguridad.
