A “El Bronco” y a su secretario de Finanzas y Tesorería General, Carlos Alberto Garza Ibarra, no les salen las cuentas. En la primera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño al erario por 77 millones 763 mil 800 pesos en el manejo del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
El dictamen de la auditoría señala que el Gobierno del Estado de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, violó leyes como la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la General de Contabilidad Gubernamental, la de Coordinación Fiscal y la de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la transferencia, transparencia y ejercicio de recursos.
“Lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 77,763.8 miles de pesos, el cual representa el 21.4% de la muestra auditada”, dice el documento. Fueron cuatro las áreas revisadas: la Secretaría de Finanzas y Tesorería General (SFyTGE), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-NL), el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva (ICIFED) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Las aportaciones que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados y municipios condicionan su gasto al cumplimiento de objetivos y el FAM tiene dos: la asistencia social y la infraestructura educativa.
El primero contempla a personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social; mientras que el segundo consiste en la atención de necesidades como creación, equipamiento y rehabilitación de instituciones de educación básica, media superior y superior, en su modalidad universitaria.
“El FAM es un fondo de alta relevancia en la composición del Ramo General 33, por ser el único recurso etiquetado para la asistencia social alimentaria en las entidades federativas. Por su parte, el componente del FAM destinado a infraestructura educativa es un complemento”, define la ASF.
Las secretarías de finanzas o equivalentes, en este caso la SFyTGE, reciben y transfieren los recursos del FAM a los entes ejecutores, es decir, el DIF, el ICIFED y la UANL, para ser ejercidos.
Pero la ASF advierte que la tesorería transfirió los recursos al instituto y a la universidad con retrasos de 76 a 246 días, por lo que Contraloría y Transparencia Gubernamental inició un procedimiento de responsabilidad administrativa.
“Las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación y beneficiarios”, señala la ASF sobre el FAM.
La ruta del dinero
El Bronco ha sido uno de los mandatarios que más ha presionado al gobierno federal para el reparto de presupuesto.
En 2018, a Nuevo León le asignaron 689 millones 711 mil 700 pesos, correspondientes al FAM, de los cuales 517 millones 283 mil 800 pesos fueron ministrados al gobierno. La muestra examinada por la ASF fue de 363 millones 678 mil 800 pesos.
La secretaría a cargo de Carlos Alberto Garza Ibarra recibió los recursos en cuatro cuentas bancarias que notificó a la Tesorería de la Federación, una para el componente de Asistencia Social y tres para los componentes de Infraestructura Educativa en sus niveles básica, media superior y superior.
Después, la SFyTGE transfirió los recursos del FAM a ocho cuentas bancarias, que abrieron los ejecutores. Pero no lo hizo de manera ágil con el ICIFED ni la UANL. “Se detectaron actos u omisiones en los que incurrieron los servidores públicos que reintegraron fuera del plazo establecido en la normativa los rendimientos financieros no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2018”, dice la auditoría.
El DIF de Nuevo León, ejecutor de los recursos del FAM, comprometió y pagó 280 millones 377 mil pesos al 31 de diciembre de 2018. Los destinó para el otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios, mediante los programas de Desayunos Escolares Fríos, de Atención Alimentaria a Menores de 5 años en Riesgo y de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.
Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deben reintegrar a la Tesorería de la Federación las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus entes públicos, según el artículo 17 de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
“Al 31 de marzo de 2019, se pagaron 439,884.6 miles de pesos que representan 85.0%, por lo que se determinó una disponibilidad presupuestal de 77,399.2 miles de pesos, los cuales no se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 61,957.5 miles de pesos del ICIFED y 15,441.7 miles de pesos de la UANL”, reporta la ASF.
