Con la puesta en operación del Registro Nacional de Detenciones el gobierno buscará revertir la grave situación en materia de desaparición forzada y tortura.
Desaparecer en México en contra de tu voluntad es fácil. Ya sea a manos de una autoridad del Estado o de un grupo del crimen organizado, nadie está seguro de que al salir de su hogar regresará.
El país atraviesa por una grave crisis de derechos humanos y, en particular, en materia de desaparición forzada. Sin embargo, no existe una cantidad específica de cuántas personas no están localizadas al día de hoy.
La cifra oficial más reciente de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas indica que son más de 40 mil 180 mexicanos de los que no se sabe dónde están o qué pasó con ellos desde el 2006.
Nada más en el 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través del Programa Especial de Personas Desaparecidas, giró 165 mil 210 solicitudes de información, de las cuales 10 mil 266 fueron requeridas a autoridades federales y 154 mil 944 a estatales con el objeto de conocer si dentro de sus respectivos archivos o bases de datos, se cuenta con algún antecedente o registro de las personas no localizadas.
Además de la violencia y el elevado número de cárteles en México, lo que agrava esta situación es que muchas de las desapariciones se dan a manos de detenciones de autoridades como lo son policías de los tres niveles de gobierno, militares o incluso por funcionarios públicos.
El Gobierno federal ha calificado la creación del Registro Nacional de Detenciones como “la política pública más importante en materia de respeto a los derechos humanos y seguridad pública”
Lo que a su vez fomenta que se den casos de tortura, abuso de autoridad y otras violaciones a derechos humanos en general.
Por ese motivo, a partir del sábado 23 de noviembre, como parte del paquete de reformas complementarias que surgieron para que se aprobara la Guardia Nacional, entró en vigor en todo el país el Registro Nacional de Detenciones (RND), donde se recopilará en tiempo real toda la información de las personas que sean detenidas, ya sea por una falta grave o una administrativa y sin importar la autoridad que lleve a cabo el arresto.
El sistema está dividido en dos partes: al registro completo solo podrán tener acceso las autoridades, sin embargo, también habrá una página de consulta pública de detenciones para que cualquier persona pueda confirmar si un individuo fue asegurado o no, la fecha en que ocurrió la captura y todos los datos relevantes sobre el caso.
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Registro de detenciones, Estrategia prioritaria
El Gobierno federal ha calificado la creación del Registro Nacional de Detenciones como “la política pública más importante en materia de respeto a los derechos humanos y seguridad pública” de su administración, sin embargo, hay voces que dicen que el RND es insuficiente para atacar un problema de esta magnitud, mientras que otras acusan que a un año de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha mostrado pocos avances sustanciales para resolver la crisis de derechos humanos en México.
“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado voluntad por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones en el país.
Después de un año de su gobierno, no se observan cambios sustanciales en la vida de millones de personas que enfrentan una gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década
“Los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional al presentar el día de ayer su informe Cuando las Palabras No Bastan.
Por su parte, Lorena Villavicencio, diputada de Morena e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, considera que el Registro Nacional de Detenciones no resolverá el problema y todo lo que implican las desapariciones forzadas en el país, pero puede ayudar.
“Sí me parece que contribuye a evitar la tortura, la desaparición forzada y las violaciones de derechos humanos por parte de la policía, que es una práctica que se ha dado durante muchos años en este país, sin embargo, tiene que estar acompañada por una gran capacitación para que los policías asuman su responsabilidad y realmente informen al momento cuando una persona es detenida, eso es lo importante, que tengan todos los medios, que tengan todos los mecanismos, que tengan la capacitación para hacerlo y que también tengan una responsabilidad importante en caso de no hacerlo, porque ninguna ley es perfecta si no hay una sanción ante el incumplimiento de la autoridad”.
De acuerdo con los lineamientos para la operación y funcionamiento del RND, los cuales fueron establecidos por el Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la autoridad que lleve a cabo la detención estará obligada a realizar el registro de manera inmediata y precisa, una situación que ha levantado dudas sobre qué tan confiable y conveniente es dejar esta responsabilidad en las manos de quienes muchas veces son los que cometen las desapariciones forzadas.
El país no cuenta con una cifra exacta de cuántas personas se encuentran bajo el estatus de no localizadas, sin embargo, de acuerdo con datos oficiales, hay al menos 40 mil 180 individuos en esta situación
Al respecto, David Pérez Esparza, titular del CNI, explica en entrevista para Reporte Indigo que para evitar que una autoridad incumpla con lo que establece la Ley del RND, se deben implementar mecanismos de control interno y externo.
“Los policías o cualquier otro cuerpo armado cometen estos delitos porque pueden, esa es la verdad de las cosas, porque al torturar no había evidencia antes del Registro, y como no había evidencia pues no había costo, entonces se daban niveles muy altos de impunidad; en este caso la idea es que ya se conozca y que se tenga control absoluto de la gestión policial.
“Por ejemplo, si ahorita te detienen y no se hace el registro como la Ley lo indica se puede ver como un intento de desaparición forzada, algo grave, o se puede equiparar con un intento de tortura. Esta política no es sencilla y eso me queda claro, pero creo que es un paso muy importante en la dirección correcta”.
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Obstáculos a superar
Lograr que los policías de los tres niveles de gobierno y las Fuerzas Armadas cuenten con las capacidades y conocimientos necesarios es el principal reto al que el RND se enfrenta para poder funcionar y cumplir su objetivo.
“Creo que la creación del RND es un buen punto de partida pero se tiene que garantizar la capacitación policial, dignificarlos y obviamente tener un presupuesto suficiente para poder garantizar su operatividad.
“Lamentablemente, y lo digo no sólo por el caso de los policías, lo digo en términos generales en este país, tenemos muchas autoridades e instituciones que no tienen el enfoque de género y que no respetan los derechos humanos”, asegura la diputada Lorena Villavicencio.
A pesar de que el RND es un portal digital y los registros se suben a través de Internet, una autoridad también puede notificar las detenciones por radio comunicación
La también integrante de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, recalca la importancia de la capacitación ya que los distintos miembros de los cuerpos de seguridad requerirán más que sólo el conocimiento de cómo llenar el RND para poder cumplir con sus responsabilidades, pues para ello deben conocer a la perfección qué conductas se consideran como un probable hecho de delito, cuáles son simplemente violaciones administrativas, qué delitos ameritan prisión preventiva de oficio y cuáles merecen penas alternas, entre otras cosas.
“Evidentemente los policías no están preparados, pues muchos de ellos son los que cometen este tipo de conductas: son extorsionadores y torturadores”, acusa la legisladora federal.
Lorena Villavicencio también asegura que una política pública que no tiene capacitada a las personas que la van a instrumentar y que no tiene suficiente presupuesto es una política pública que no va a cumplir con los propósitos que se pretenden obtener.
En la importancia de la capacitación coincide David Pérez Esparza, titular del CNI.
El principal reto es que las policías estén capacitadas y sepan lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, en cualquier política pública el implementador es un elemento esencial
“Por eso ya trabajamos en este tema, no estamos arrancando desde cero y creo que hay avances importantes. Ya se recorrieron las entidades federativas y se repartieron las capacitaciones, obviamente hay que mejorarlas, te mentiría si ahorita te dijera que todos los policías están capacitados al 100 por ciento”.
En cuanto a infraestructura, se han levantado cuestionamientos por la falta de Internet o de recepción en algunas de las zonas más apartadas del país, pues el registro de las detenciones se debe realizar a través de una plataforma digital.
Ante esta situación, el titular del Centro Nacional de Información, explica que a pesar de que el portal y los registros se hacen a través de Internet, una autoridad también puede hacerlo por radio comunicación.
“El programa está diseñado para que se capture por internet pero también se puede avisar por radio y que alguien más lo llene en tu nombre, entonces la autoridad avisa por radio de las detenciones que realiza y alguien más lo ingresa al sistema; yo creo que hasta ahora entre el 50 y 80 por ciento de los registros han ocurrido de esta manera”.
Una política pública que no tiene capacitada a las personas que la van a instrumentar y que no tiene suficiente presupuesto, no puede cumplir con los propósitos para la que se creó
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En riesgo de simulación
El Registro Nacional de Detenciones, a pesar de ser considerado como la política pública más importante en materia de derechos humanos y seguridad pública de esta administración, corre el peligro de quedarse en letra muerta, como ha sucedido con muchos otros proyectos y mecanismos que buscan revertir distintas problemáticas relacionadas con violaciones a derechos humanos.
Como ha sucedido en el pasado con otros mecanismos para combatir violaciones a derechos humanos, si al RND no se le dota de presupuesto suficiente y no se da seguimiento a su implementación, difícilmente funcionará
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), si bien es cierto que en los últimos dos años el Estado mexicano ha emprendido diversas acciones legislativas para hacer frente al problema de la desaparición de personas, así como para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, también lo es que no existe una adecuada aplicación y materialización de las leyes para que surtan efecto.
Los ejemplos más claros de esta realidad son la Ley General de Víctimas, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las cuales en el papel aparentan brindar soluciones, ante la falta de presupuesto, seguimiento y aplicación, de poco han servido.
El Ejecutivo federal no sólo ha simulado atender el problema de derechos humanos, también ha sido incongruente entre sus promesas y acciones
“Junto al RND también tendríamos que atender el tema de las víctimas, no solamente el de los detenidos, tenemos que ver qué se va a hacer con la reparación del daño, si se va a hacer o no un padrón de agresores una vez que haya una sentencia; hay muchos temas faltantes para realmente poder generar justicia en este país.
“Además, lamentablemente todavía no tenemos un presupuesto suficiente para mandar un mensaje claro a las mujeres, a los niños y a los jóvenes que están siendo violentados de que realmente tenemos un compromiso claro con la justicia en contra de la impunidad”, comenta la diputada Lorena Villavicencio.
Por su parte, Amnistía Internacional, en su más reciente informe sobre la defensa de los derechos humanos en el país, acusa que el Gobierno federal no sólo ha simulado atender el problema, también ha sido incongruente entre sus promesas y acciones.
En agosto, por ejemplo, la actual administración anunció que México reconocería la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar las comunicaciones sobre casos individuales, dando así solución a una de las reiteradas demandas de familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, esta medida aún no ha sido implementada
“Vemos una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que luego hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente. Es preocupante que las violaciones de derechos humanos sigan siendo la regla en México y no la excepción”, expuso Erika Guevara Rosas.
