Detienen iniciativa de matrimonio igualitario

Héctor Pizano Ramos, diputado local del PRI, había anunciado que esta semana presentaría la propuesta de matrimonio igualitario en la sesión ordinaria del Congreso local. Pero prefirió esperar.  

En la versión oficial, de parte de la oficina de comunicación del propio diputado, se refiere que magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ) se acercaron a Pizano Ramos para hacer adecuaciones a la propuesta de reforma al Código Civil de Jalisco que cambiaría el artículo 258 que establece el matrimonio entre “hombre y mujer”.

Pero no se especifica cuáles magistrados y bajo qué argumentos buscan revisar la iniciativa que el legislador postergó hasta nuevo aviso. 

El proyecto esperado no fue anunciado en tribuna y se espera que después de las adecuaciones ingrese por Oficialía de Partes, aunque no hay fecha definida todavía. 

La versión que dan en su defensa es que el diputado priista no dejó de lado el tema. 

De acuerdo con la versión publicada por el periódico Milenio Jalisco este miércoles, el coordinador de la fracción del PRI, Rafael González Pimienta, fue quien solicitó a los asesores de Pizano Ramos que revisaran el planteamiento del proyecto de reforma.

Pero fuentes confiables revelaron a Reporte Indigo que el veto de la propuesta pudo venir desde la oficina del propio gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

De acuerdo con la versión extraoficial, sería la propia Arquidiócesis de Guadalajara la que estaría presionando al Ejecutivo. 

Y es que la oposición del actual cardenal, José Francisco Robles Ortega, ha sido manifestada públicamente. 

Tan solo el 8 de junio pasado, después de anunciarse la iniciativa de matrimonio entre personas del mismo sexo, Robles Ortega señaló que se trataba de un acto abusivo aplicar la palabra matrimonio a una unión homoparental: 

“Exagerado, injusto, tal vez abusivo, de querer aplicar, tal vez este nombre, a esta importantísima institución, a otro tipo de relación.

“Yo no condeno ni califico las relaciones. Yo nada más expreso que la Iglesia no está de acuerdo que se pueda equiparar la unión de un hombre y de una mujer que está consagrado en las culturas, en la filosofía, en el lenguaje, como un matrimonio, y que se pueda aplicar eso a otro tipo de relación”, expresó Francisco Robles ante medios.

Así mismo, el pasado 31 de octubre del 2013, tras la aprobación de la Ley de Libre Convivencia, el cardenal señaló: “No hay futuro para una sociedad que finja su condición de sociedad en una unión entre personas del mismo sexo”.

Cabe destacar que este martes se presentó en el Congreso de Jalisco, Daniel Gallegos Mayorga, actual presidente de la asociación política Por la vida, la esperanza y renovación de México, quién increpó a Pizano Ramos, mientras reiteraba en medios de comunicación que la justificación de su iniciativa era meramente jurídica.

Voces en contra

Gallegos Mayorga fue coordinador de la asociación Mexicanos por la Vida de Todos, que en el 2010 se pronunció en contra de las uniones del mismo sexo y la adopción de menores por parte de las mismas.

Se comprometió a reunir más de 54 mil firmas, esto por medio de las más de 210 instituciones afiliadas, entre las que se encontraba la Arquidiócesis de Guadalajara y la Universidad del Valle de Atemajac, también ligada a la Iglesia Católica en Jalisco.

Daniel Gallegos fue uno de los más activos opositores al tema. En sus declaraciones el pasado martes 10 de junio, señaló que ya ha cabildeado anteriormente para echar atrás temas de diversidad sexual.

De este modo, sería este grupo conservador y la Arquidiócesis las que podrían estar presionando para no dejar entrar una iniciativa que sentaría un precedente en el estado. 

Tanto de parte del gobernador como de los representantes del PAN y Movimiento Ciudadano, se ha tomado el tema con reticencia, pues al existir una fuerte oposición popular, muchos han evadido fijar una postura concreta. 

El propio gobernador declaró en su momento a la cadena CNN México, al ganar las elecciones, que se pronunciaba como un liberal: 

“No soy conservador, soy una persona liberal en el sentido de que somos inclusivos, tolerantes a las distintas expresiones religiosas, a las preferencias sexuales.  

“Nosotros creemos en el derecho humano, en la persona, en el ser, y lo que quiero es que el ser humano sea feliz y que el Estado provea, que sea el generador de condiciones.

“Y que el ciudadano, de acuerdo a lo que sueña, aspire, crea en la cuestión filosófica, espiritual, preferencia sexual. Yo voy a gobernar para los jaliscienses”, dijo Sandoval.

De cancelarse por completo la discusión sobre el tema del matrimonio igualitario en Jalisco, quedaría de manifiesto la actitud proselitista de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado. 

La injerencia en la creación de leyes de parte del Legislativo, tanto de parte del Poder Judicial del Estado así como de organismos que no están ligados al gobierno (con una postura religiosa en un Estado laico), ponen de manifiesto que el tema del matrimonio igualitario en Jalisco todavía enfrenta muchas trabas institucionales, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió que es discriminatorio no permitirlo. 

Imposible detenerlo

El pasado 4 de junio, por medio de un comunicado oficial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaba la resolución -derivada de un amparo promovido por una pareja del mismo sexo que deseaba contraer matrimonio- que señala la discriminación de las leyes mexicanas que impiden el matrimonio a personas del mismo sexo. 

Esta declaración de la Suprema Corte fue utilizada por el diputado local del PRI, Héctor Pizano, para fundamentar la presentación de su iniciativa. 

“La exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo es un acto de verdadera discriminación que no puede ser tolerado en un Estado de Derecho como el nuestro, el cual no solo debe estar abierto a la pluralidad, sino que, además, debe estar comprometido con el respeto absoluto de los derechos humanos”, dicta el comunicado 090/2014 de la SCJN. 

Y es que al final la negativa solo genera procesos burocráticos y de alto costo para las parejas que de cualquier modo ya pueden contraer matrimonio, como ocurrió en el caso de Zaira de la O y Martha Sandoval.

De acuerdo a un abogado consultado por Reporte Indigo, un juicio de amparo podría costarle a quien lo tramite entre 3 mil 500 y 5 mil pesos, y el mismo tomaría de tres a seis meses.  

En contraste con el costo que se aplicaría de aprobarse una reforma al Código Civil, en donde la pareja interesada solo pagaría 648 pesos en días hábiles, o mil 238 en días inhábiles, esto de acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara para este 2014.

Por lo que las trabas institucionales, frente a la resolución de la Suprema Corte, son inoperantes y procesos innecesarios, demostrando así que el matrimonio entre personas del mismo sexo es ya un hecho inevitable.