Esta semana una representación de las víctimas del ataque al casino Royale se reunirá con autoridades federales, con el fin de solicitarles su coadyuvancia para obtener la indemnización que la casa de apuestas les debe.
La intención de las reuniones es recabar documentación de las investigaciones del atentado que pide AXA Seguros, con la que se puede hacer efectiva la cláusula de la compensación monetaria.
Reporte Indigo publicó ayer que el Royale cobró el seguro por el incendio del establecimiento, que ascendería a 103 millones de pesos, pero la aseguradora no repartió el monto de hasta 5 millones por responsabilidad civil a terceros.
Samara Pérez, vocera de las familias, asegura que con la información obtenida recurrirán a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el órgano encargado de regular este tipo de contratos en el país.
Los familiares, según ella, exigirán ante esa autoridad que se clarifique la cláusula de indemnización de la póliza adquirida por Impulsora de Entretenimiento y Destreza Génova S.A. de C.V., empresa con la que el casinero Raúl Rocha cobró el dinero.
“Que (la asegurada) haga uso de esas facultades para cuando menos dar su indemnización a los trabajadores del casino”, expresa Pérez, quien perdió a su hijo Brad Xavier Muraira en el ataque.
La portavoz afirma que AXA Seguros pide parte de la averiguación previa integrada por el Ministerio Público Federal para hacer efectivo el beneficio, y por ello recurrirá este jueves con funcionarios de la PGR y la CNDH.
Dice que pedirá la indagatoria al área de Derechos Humanos de la dependencia, mientras que al órgano protector le solicitará las respuestas dadas por autoridades de los tres niveles de gobierno, vertidas dentro de su investigación.
También le planteará a la CNDH la organización de un homenaje para el segundo aniversario de la tragedia, el próximo 25 de agosto.
Por lo pronto, informa que se reunió con Héctor Gutiérrez, diputado federal priista por Nuevo León, quien presidió la llamada Comisión de la Verdad durante la Legislatura local pasada que exoneró a Protección Civil del Estado.
En tanto, otros deudos del atentado cuestionan la calidad moral y ética de la compañía que cobró la póliza.
“En la cuestión ética, ¿cómo te puedes quedar con tu indemnización y no ver la de la demás gente?”, cuestiona Edmundo Jiménez, quien perdió a su esposa Rosa María Ramírez.
“Es una prueba para ver de qué está hecho el Gobierno del Estado, el punto principal es que no se ha podido obtener una responsabilidad penal contra Rocha por estar escondido”.
Mientras que Francisco Tamayo, viudo de Sofía de la Peña, agrega que en su caso nunca se le ha notificado sobre el trámite para acceder a esa compensación.
“Una cosa es la moral y otra la legal. Estas personas tienen derecho a cobrar lo correspondiente si habían pagado esa póliza, (pero) a nosotros nos falta enterarnos más y tener el apoyo de las autoridades”.