Año con año los partidos políticos nacionales reciben miles de millones de pesos del erario para realizar sus actividades.
La discusión sobre las altas cantidades de dinero que les son entregadas enfrenta desde hace semanas a estos institutos por la propuesta de Morena en la Cámara de Diputados de recortar en un 50 por ciento su financiamiento público.
Pese a que esta iniciativa no prosperó a inicios de diciembre, el partido mayoritario insistirá para que la disminución a las prerrogativas se concrete.
Morena aprovechó la reforma para seguir impulsando su discurso de austeridad, sin embargo, institutos políticos de oposición como el PAN y el PRD consideran que una medida así atenta contra la democracia, por lo que hicieron un llamado para conformar una reforma electoral que tome en cuenta otros parámetros de participación y equidad presupuestal entre partidos políticos y que no esté exclusivamente enfocada en el recorte de prerrogativas.
Para este 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la entrega de 5 mil 239 millones de pesos del erario a los partidos políticos nacionales, una cifra 6 por ciento mayor con respecto a lo entregado en 2019, año en el que estos institutos recibieron 4 mil 965 millones de pesos.
De acuerdo con el tabulador de financiamiento público del INE, el 95 por ciento del total del dinero que los partidos obtendrán este año será destinado a sus actividades ordinarias.
Esto representa un monto de 4 mil 988 millones de pesos de los 5 mil 239 millones que se distribuirán entre las siete organizaciones políticas. El resto lo emplearán en actividades específicas y para promover el liderazgo de las mujeres en la esfera política, entre otras.
De manera histórica, el sistema partidista mexicano recibe críticas por tener una de las clases políticas más caras a nivel internacional.
En un contexto de incertidumbre económica, sumado al discurso de hacer más eficientes los recursos públicos del país y de austeridad republicana, la discusión sobre si los partidos políticos deberían ser financiados de manera privada vuelve a salir a la luz.
Desde hace muchos años hay un reclamo social y político para que el financiamiento público a los partidos sea menor. Desde que se contemplaron las prerrogativas constitucionalmente en 1996 se ha ido incrementando el dinero que se les entrega a estos institutos
Sin embargo, el exfuncionario electoral también aclara que el recorte presupuestal a las organizaciones políticas en un 50 por ciento, como lo propuso Morena, pondría en riesgo la competencia y equidad, debido a que los partidos de oposición no contarían con los recursos suficientes de cara a los comicios del 2021.
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La reforma de la discordia
Durante el mes de diciembre la iniciativa de Morena para disminuir a la mitad los recursos públicos entregados a los partidos enfrentó a diversas fuerzas políticas, incluidas a sus aliados.
Después de un acalorado debate, la reforma al artículo 41 constitucional propuesta por la diputada Martha Ramírez Lucero no alcanzó la aprobación necesaria de dos terceras partes en la Cámara de Diputados.
La iniciativa alcanzó 274 votos a favor de legisladores de Morena y del Partido Encuentro Social. Sin embargo, sus compañeros de coalición, el PT y el Verde Ecologista, además de la oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) frenaron su camino legislativo.
Pese a este fracaso para el partido guinda en el Pleno de San Lázaro, el diputado Mario Delgado asegura que en el mes de febrero, cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones, Morena insistirá en que se disminuyan las prerrogativas, pues dice que los partidos políticos deben trabajar con menos dinero.
“Es una falta de entendimiento (de la oposición) de cómo la política ha cambiado en el país y cómo la gente está en contra del despilfarro. Me parece que tienen miedo a tener menos recursos porque están acostumbrados a hacer política con dinero”, comenta el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara baja en entrevista con Reporte Índigo.
Por su parte, el senador del PRD, Juan Zepeda, asegura que la oposición no está en contra de una disminución de recursos públicos para institutos políticos y afirma que es necesaria una reforma electoral integral que garantice una competencia pareja para las próximas elecciones federales.
“Mi posición es que se tiene que revisar el financiamiento público a los partidos. Yo, finalmente milito en uno y me doy cuenta que hay un despilfarro de recursos pero no podemos abordar esta discusión como un tema aislado.
“No se puede plantear un tema como lo es el financiamiento sin generar una reforma electoral integral donde se revisen mecanismos para que no se convierta la elección del 2021 en una elección de Estado o inequitativa con aquellos partidos que no obtuvieron la mayoría como en 2018”, argumenta.
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Los riesgos del dinero privado en los partidos políticos
El sistema mexicano de partidos se caracteriza por contar con un financiamiento público en su gran mayoría y cuenta con candados para que las organizaciones políticas no utilicen dinero del sector privado, pues se considera una práctica ilegal.
Actualmente, el artículo 41 de la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, prohíben que estas organizaciones reciban recursos de personas físicas o morales
Asimismo señalan que no pueden obtener financiamiento de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de gobiernos estatales y municipales, de organizaciones eclesiásticas o internacionales.
Además de recibir prerrogativas mediante el presupuesto federal, los partidos nacionales solamente pueden financiarse mediante dinero entregado por su militancia, sus simpatizantes, autofinanciamiento o rendimientos financieros que se generen por fondos o fideicomisos; es decir, mecanismos con los que podrían recaudar cantidades mínimas para su ejercicio.
Transitar hacia una reforma para disminuir el dinero público destinado a partidos políticos y que éste sea sustituido por recursos privados es visto como un riesgo por el conflicto de interés que implicaría, sobre todo en la inclusión de capital de personas físicas o empresas en tiempos electorales, opina Jaime Cárdenas.
El exconsejero añade que el peligro está en que aquellos personajes que financien campañas posteriormente busquen beneficiarse mediante concesiones u obras públicas, fomentando así actos de corrupción.
Para poder transitar hacia un esquema de financiamiento con recursos de particulares para los partidos, se requiere de mayores medidas de fiscalización para evitar que dinero ilícito intervenga en la política
“Hay que tener mucho cuidado. El único recurso privado aceptable es el de los propios militantes y en México cada vez hay menos costumbre de que la militancia entregue recursos, creo que son muy pocos partidos los que reciben dinero de esa forma”, añade Cárdenas.
Patricio Ballados, director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, explica que antes de 1996 –año en el que se reformaron los tipos de financiamiento a partidos– ya existía la figura del recurso privado mediante dinero entregado por militantes y rendimientos de productos financieros a institutos políticos con registro.
El funcionario electoral recalca que el motivo por el cual la Constitución estipula que las subvenciones para partidos sean en mayoría del erario es para desincentivar que exista dinero ilegal dentro de la política.
No queremos que el dinero del crimen organizado, de personas extranjeras o de distintos intereses se mezcle con la política, el sistema que tenemos ahora desinhibe eso. Uno, genera desincentivos; y dos, con nuestros esquemas de fiscalización es mucho más probable que se pueda detectar y sancionar el dinero que provenga de fuentes ilícitas
Jaime Cárdenas concluye que los partidos políticos deberían explotar las figuras ya existentes, ya que antes se promovían las aportaciones de la militancia.
“Recuerdo que los partidos de derecha como el PAN vivían del financiamiento privado de cuotas y sorteos que hacían. Otros partidos de izquierda como el Comunista también vivía de los militantes. Hoy en día no es así, han dejado de aportar sus cuotas a los partidos, no hemos visto que los partidos realicen sorteos. Desde luego la ley señala varias fuentes de financiamiento por lo que habría que recurrir a esas vías”, expresa.
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Piden alternativas
Un día antes de que se discutiera en el Pleno de la Cámara baja la reforma al Artículo 41, Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, entregó a Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE, una carta en la que su partido renunciaba al 75 por ciento del financiamiento público.
Con este mensaje, el instituto político en el poder pretende reforzar el compromiso de austeridad hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde su campaña electoral.
Por su parte, la oposición señala que no está en contra de un recorte presupuestal a los partidos políticos, sin embargo exigen que no sea un tema aislado y se discutan a fondo otros conceptos electorales.
El senador Juan Zepeda considera que la disminución del presupuesto a partidos es fundamental, pero advierte que Morena busca con esta medida presionar a la oposición y dejarlos en desventaja en las siguientes contiendas electorales.
“Morena tiene esa intención de aislar la discusión, en todo 2019 se pasó pregonando que iba a renunciar al 50 por ciento de su financiamiento, luego al 75. Veremos si en este 2020 se concreta su solicitud.
Morena está buscando con esta falsa discusión acorralar a los partidos políticos. Yo digo sí a reducir el financiamiento público pero exijo otras condiciones de ingresos
Zepeda Hernández añade que la pregunta que debe responder el partido mayoritario es si está o no dispuesto a cancelar el recurso público para partidos y solo ceñirse al privado.
Asegura que si la respuesta es positiva, Morena se vería en desventaja debido a sus desencuentros con las cúpulas empresariales.
“Morena no le va a entrar porque muchos factores de poder están en desacuerdo con ellos y podrían decantarse. Fundamentalmente la iniciativa privada, que son los que tienen el recurso económico lícito. Tampoco cancelemos la posibilidad del otro peligro: si se cancela el financiamiento público se corre el riesgo de que dinero ilegal entre a las campañas”, expone.
“Debe haber una disminución al financiamiento público, todos los partidos lo hemos dicho y respaldamos iniciativas similares en la pasada legislatura. Es evidente que es mucho el recurso, pero creo que no debe ser una medida única. Se requiere acompañar esa acción con una reforma que incluya la flexibilización del financiamiento privado, porque tiene reglas absurdas de límites de recaudación”, dice el senador panista.
“Morena ha demostrado que se pueden hacer las cosas diferente y que apenas con 200 millones de pesos el año pasado se ganó la Presidencia de la República y la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces no se animan a dar ese paso que la gente lo vería muy bien. Perderían unos cuantos pesos pero ganarían autoridad moral”, considera Delgado.
Los partidos de oposición aseguran estar de acuerdo con los recortes presupuestales a los institutos políticos, pero exigen flexibilizar las reglas para el financiamiento por parte de particulares y la fiscalización
