La Auditoría Superior de la Federación reveló el desorden que existe en el Gobierno federal para el cobro del uso, goce y aprovechamiento de las playas mexicanas y que ha provocado que dejaran de entrar a las arcas nacionales al menos 375 millones de pesos en 2016.
En total, la Federación cobró 704 millones de pesos por el otorgamiento de 6 mil 842 permisos; es decir, por cada uno recibió un promedio de 103 mil pesos.
Sin embargo, reconoce que no son todos los ingresos recibidos por ese concepto, pues de 17 estados que tienen costa, solo 10 reportaron su cobro de derechos.
Al ser derechos que se cobran de forma combinada, entre Federación, estados y municipios, no se tiene certeza de cuánto dinero entró a las arcas por ese concepto ni tampoco se pueden pedir cuentas porque la Semarnat no tiene facultades para hacerlo.
En realidad nadie sabe dónde está una buena parte del dinero que se cobra por el derecho al uso de las playas en el país
El desorden ocurre no sólo en las finanzas, sino en la documentación. En su revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación reveló que las autoridades encargadas de otorgar las concesiones y permisos los entregan a pesar de que los peticionarios no presentan la documentación requerida.
Desorden en cobros
La ASF detectó que las autoridades encargadas de otorgar los permisos o concesiones para los usuarios de las playas mexicanas no cobran o no reportan sus ingresos por ese concepto.
En un cálculo hecho por la Auditoría, se detectó que en los 17 estados que tienen playa habían 12 mil 727 concesiones vigentes en 2016, lo que tendría que haber dejado ingresos totales por 916.6 millones de pesos.
Empero, los estados no reportaron sus ingresos por estas concesiones y sólo se tiene registrado un ingreso por 541.3 millones de pesos. Es decir, habría un faltante de 375.2 millones de pesos.
Entidades como Colima, que tiene 681 concesiones vigentes; Guerrero, con mil 266; Michoacán, con 737; Sinaloa, con mil 747; Sonora, con 919; Tamaulipas, con 279; y Yucatán con 254 concesiones, no reportaron un solo peso de ingresos por éstas, en 2016.
Sólo dos de las 17 entidades donde hay playas reportaron más ingresos de los calculados por la ASF. Se trata de Nayarit, que reporta 4.2 millones de pesos más de los que calcula la ASF; y Quintana Roo, con 24.2 millones de pesos más.
En todos los demás casos hay diferencias entre lo que los estados debieran reportar y lo que en realidad está en la Cuenta Pública.
8 de los 17 estados que tienen playa no reportaron un solo peso de ingresos por las concesiones otrogadas
Jalisco, por ejemplo, reporta haber recibido solamente 46.4 millones de 84.2 que debió recibir; o Veracruz reportó 3.5 millones de pesos de los 17.5 millones que debió reportar.
Sin embargo, estos pagos no pueden ser vigilados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Debido a que los ingresos de derechos por uso, goce o aprovechamiento se recaudan por los municipios y corresponde a ellos la atribución de verificar que los concesionarios cumplan con su pago; la Semarnat no cuenta con información para determinar si los pagos reportados por cada municipio fueron correctos, ya que únicamente cuenta con información de su sistema SINAT, el cual no emite un padrón o listado de los concesionarios vigentes que incluya las características de cada concesión, a fin de que esa dependencia determine el monto a pagar por cada concesionario y determine si alguno fue omiso”, explica la ASF.
Tampoco el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tiene facultades para verificar que el cobro de este derecho sea hecho correctamente.
“El SAT desconoce las razones por las que no hubo recaudación en las siete entidades federativas restantes, debido a que las facultades de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos en comento, entre otros conceptos, corresponden a la entidad federativa o a sus municipios”, explica la ASF.
El desorden prevalece no sólo en el cobro de los derechos, sino en el trámite de las concesiones.
En 2016, la Semarnat autorizó 502 títulos de concesión. La ASF tomó 36 títulos como muestra para hacer una revisión y detectó que en 35 de esas concesiones no acreditaron todos los documentos que eran requeridos para el otorgamiento.
Inspecciones necesarias
La ASF indicó también que las autoridades deben reforzar su plan de vigilancia de las playas porque se han detectado irregularidades cometidas por los concesionarios.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó que hay concesionarios o permisionarios que presentaron irregularidades.
Por ejemplo, personas que no acreditaron tener los títulos de concesión correspondientes; dar un uso diferente al autorizado; o hasta impedir el libre tránsito por las playas.
También hay quienes fueron sorprendidos realizando labores de extracción de arena en las playas o de material pétreo.
El uso de las playas ha sido un tema de gran debate en el país. En algunos sitios, las autoridades han multado a hoteles o a particulares por no permitir el paso al público a través de las playas.
La ley establece que las playas del país son públicas y no se permite prohibir el paso a la gente; sin embargo, es común ver que hoteles o restaurantes impiden el paso a ciertas porciones de playa.
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