En mayo del 2004, el Colectivo Jalisco presentó en el Congreso la primera iniciativa en materia de discriminación
Después de diez años de que se presentó en el Congreso la primera iniciativa en materia de discriminación en Jalisco, la entidad al fin cuenta con una legislación que busca dejar atrás este lastre.
El tema es sumamente relevante para el estado, pues a pesar de no tener cifras certeras sobre los niveles de discriminación en el estado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) dio a conocer que en la entidad el número de quejas por discriminación incrementaron cerca del 50 por ciento este 2015, en referencia al número de quejas del año anterior.
Datos de la Unidad de Enlace para la Transparencia de la Secretaría de Gobernación, solicitados y publicados por Reporte Indigo el pasado 10 de noviembre, refieren que Jalisco es la tercera entidad con más quejas, por debajo del Estado de México y el Distrito Federal. Registrando 50 quejas ante el órgano federal en este año.
El pasado 29 de octubre fue aprobada por la saliente legislatura del Congreso Local de Jalisco la “Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación”.
La propuesta obtuvo 17 votos del PRI, nueve del PAN, dos del PRD, uno del Verde Ecologista de México y uno de Movimiento Ciudadano.
En mayo del 2004, el Colectivo Jalisco Incluyente (CJI) presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo local la primera iniciativa en materia de discriminación; sin embargo, ésta fue rechazada.
A partir de ahí se presentaron otras seis iniciativas, de las cuales cinco fueron presentadas durante la pasada legislatura local.
De esas cinco sólo una fue aprobada, la presentada por el exdiputado local priista Jaime Prieto, que tipifica la discriminación como delito penal y que fue ampliamente criticada por expertos en la materia.
“Consideramos que no está funcionando como debe de ser, hay un alto nivel de impunidad, y entonces estaríamos llevando a un agente del Ministerio Público, con la carga o el cúmulo de trabajo que tienen, ahora denuncias por actos discriminatorios, agregarle todavía más trabajo del que de por sí no pueden sacar”, manifestó Gerardo Moya García, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro del CJI.
Medidas de inclusión
No todo está concluido con la nueva ley que ya aprobó el Congreso. Pues aunque desde el 30 de octubre la Secretaría General de Gobierno recibió la minuta de decreto 25654/LX/15 para su publicación, esta no ha aparecido en las páginas del Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
Algunas de las medidas que contempla la nueva ley en materia de combate a la discriminación están las llamadas medidas de inclusión, que contemplan la educación para la igualdad y la diversidad, políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación, y acciones de sensibilización y capacitación para servidores públicos.
Se atenderán además, por medio de acciones afirmativas, sectores prioritarios que contempla específicamente la ley, estos sectores son: los pueblos indígenas y originarios, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, discriminados por su orientación sexual o identidad de género y adultos mayores.
Consejo, inoperante y a modo
A pesar de que la ley de reciente aprobación legislativa es una innovación, hay algunos aspectos que han sido criticados.
Uno de ellos es la creación de un Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, que a pesar de erigirse como máximo órgano en la materia no está en sus facultades el sancionar los actos discriminatorios.
De acuerdo con el artículo 44 de la ley, los servidores públicos podrán ser denunciados ante los órganos de control disciplinario de las instancias a las que pertenezcan, y quedarán bajo las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
En tanto que los actos discriminatorios que sean cometidos por personas particulares serán sancionados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), apegados a los términos sancionatorios de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Este hecho genera suspicacias entre los expertos, pues no existiría necesidad de un Consejo a nivel estatal cuando los actos discriminatorios quedarían bajo la tutela de un organismo homólogo a nivel federal.
Bajo la administración del Consejo estatal quedaría únicamente el carácter de investigación y elaboración del proyectos en el tema de discriminación, como la tarea de elaborar y proponer al gobernador el Programa Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Otro de los cuestionamientos es la forma en que será integrado el Consejo, que recibe un carácter interinstitucional y auxiliar del Poder Ejecutivo del estado, y no el de un órgano autónomo similar al de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De esa forma el Consejo estará presidido por el gobernador del estado o por la personas que éste designe.
“Ya sabemos el tipo de Consejos donde el Ejecutivo es el representante, es una función realmente inoperante, no es deseable ni siquiera que esté ahí, en ese sentido”, expresó Gerardo Moya García en entrevista con Reporte Indigo en julio pasado.
Además de miembros integrantes de las instituciones del gabinete estatal como el Sistema DIF Jalisco, Instituto Jalisciense de la Juventud, de la Mujer, del Adulto Mayor, el Consejo Estatal para Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, el Consejo Estatal Indígena y un representante de la Universidad de Guadalajara.
En contraposición a esos ocho consejeros institucionales la ley contempla únicamente la participación de cuatro consejeros ciudadanos , que no recibirán un sueldo, estarán en el cargo por cuatro años y podrán ser reelectos.
Estos cuatro consejeros serán nombrados por mayoría simple en el Congreso Local del estado, a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia.
Camino a la inclusión
La nueva Ley aprobada por el Congreso a finales de octubre contempla la creación de un Consejo:
> En esta ley se incluyen medidas de inclusión, que contemplan la educación para la igualdad y la diversidad.
> Reforzará políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación, y acciones de sensibilización y capacitación para servidores públicos.
> Se atenderán además a sectores prioritarios: pueblos indígenas y originarios, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes.
> También a personas con discapacidad, en situación de calle, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, discriminados por su orientación sexual, y adultos mayores.
> El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco se erigirá como máximo órgano en la materia, pero no está facultado para sancionar .
> Los servidores públicos que cometan actos discriminatorios podrán ser denunciados ante los órganos de control disciplinario de las instancias a las que pertenezcan.
> Ellos quedarán bajo las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
> Los actos discriminatorios cometidos por personas particulares serán sancionados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), apegados a los términos sancionatorios de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
