Las operaciones de la Guardia Nacional se encuentran bajo observación por el reciente asesinato de un joven en Guanajuato cometido por uno de sus elementos. Hecho que, irónicamente, se vuelve una llamada de alerta ante la próxima reforma constitucional para traspasar la corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En apenas un año de operación, la Guardia Nacional rebasó en número de quejas ante la CNDH a la Sedena que, junto con la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, encabezaron las denuncias contra dependencias de seguridad entre 2014 y 2018
El pasado 27 de abril, un elemento que realizaba reconocimiento sobre el ducto Salamanca-León de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Irapuato identificó dos camionetas que, al percatarse de su presencia, salieron del lugar y tras argumentar “desconcierto e incertidumbre”, el elemento abrió fuego contra los vehículos.
Esta agresión terminó con el asesinato de Ángel, un estudiante de 19 años de la Universidad de Guanajuato, mientras que uno de sus dos acompañantes también resultó herido de gravedad. La Guardia Nacional emitió un comunicado dando a conocer que el elemento había sido puesto a disposición de autoridades estatales para la integración de la carpeta de investigación.
En entrevista con Reporte Índigo, Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), señala las deficiencias en los protocolos de uso de la fuerza, pues los agentes de la Guardia Nacional no entienden los principios básicos de la proporcionalidad, la absoluta necesidad, la letalidad, la transparencia y la prevención.
Distintos criterios
“Se observa una deficiencia tremenda porque solamente se puede hacer utilización de la fuerza letal cuando hay un nivel equiparable de fuerza y una conducta de riesgo latente verificada. No hay ni un solo elemento que pueda justificar el proceder de los agentes”, dice tras considerar como “lamentable” el comunicado oficial de la Guardia Nacional sobre los hechos.
Aguilar destaca diferencias clave entre la formación de la Guardia Nacional con la extinta Policía Federal. Señala que, mientras un policía tardaba ocho años en comenzar a usar fuerza letal, 15 para considerarse experimentado en el criterio de uso de la fuerza, los guardias apenas tienen una capacitación de alrededor de 992 horas en un periodo de dos meses.
Tras rememorar a la pareja asesinada durante las protestas de la presa La Boquilla de Chihuahua en 2020, dice que “agentes formados en dos meses, empleados directamente contra acciones que pudieran ser controversiales —operativos contra huachicoleros, contención de migrantes, combate a grupos del crimen organizado— obviamente no van a saber cómo proceder”.
También apunta el aspecto operativo, pues, aún con la cuestionable reputación de la PF, principalmente por sus titulares, eran civiles con entrenamiento concreto y enfocados en seguridad pública, principalmente combate al crimen organizado. Mientras que la GN no cuenta con una estructura operativa sólida.
“Es más una acción reactiva, estos despliegues corresponden mucho. ¿Contención de migrantes? Despliegue amplio en Chiapas. ¿Crisis de huachicol en Puebla y Guanajuato? Un despliegue grande. ¿Manifestaciones en Chihuahua? Se mandan elementos para resguardar La Boquilla. No hay una estrategia concreta de cómo deban proceder”, expone el experto.
El “incidente” de Irapuato, como lo catalogó la misma Guardia Nacional, se da en el marco de la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará para consolidar el traspaso de la corporación a la Sedena, lo que culminaría el proceso de militarización de la que, originalmente, fue planteada como una guardia civil.
Aunque no avizora la aprobación de esta iniciativa, Aguilar señala que, de ser traspasada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a Sedena, se abonará al debate sobre la militarización del país. Pero, de no hacerlo, se mantendrá la fragilidad estructural de una corporación dividida entre dos secretarías con funciones duplicadas entre sí.
“Si la Guardia Nacional sigue operando en el esquema actual de este entorno híbrido, mal estructurado, en el cual hay un secretario civil y una Sedena operativa actuando en los hechos y en descoordinación, lo más augurable es que la Guardia pueda desaparecer del mismo modo que desapareció la Policía Federal”
Guardia Nacional, sin castigos
De igual manera, observa una variable que juega en contra del desempeño de la Guardia Nacional en cuanto a la rendición de cuentas y la legalidad del uso de la fuerza, pues las condiciones de esta corporación abren un considerable margen de impunidad para los agentes que llegan a cometer estas faltas.
“En la Policía Federal todavía había elementos racionales, viables, presentes para que se pudiera hacer un proceso de justicia y rendición de cuentas sobre las personas que cometían uso excesivo de la fuerza. En este caso esa capacidad queda completamente derogada con lo que es la Guardia Nacional”
Desde que entró en operación en 2020, la Guardia Nacional acumula 960 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo con su Sistema Nacional de Alerta. En este mismo periodo, la corporación ha participado en 161 eventos de uso de la fuerza con un saldo de 96 muertos, documenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Con esto, la Guardia Nacional mantiene la tendencia violatoria de los derechos humanos por parte de las principales corporaciones de seguridad mexicanas que se disparó con la llamada “guerra contra el narco”. Esencialmente ocupando el lugar que dejó la desaparecida Policía Federal a la que sustituyó.
Entre 2014 y 2019, el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH registra tres mil 078 quejas contra la Policía Federal por violación de derechos humanos, con lo que se mantiene una suerte de “competencia” por ser la corporación de seguridad con más denuncias con la Sedena, que en ese mismo periodo fue denunciada un total de dos mil 980 veces.
