Ante un albiazul fracturado y la desventaja de ser minoría, el tricolor adelantó su estrategia a finales de la pasada Legislatura, cuando revocó un acuerdo delegatorio a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno
La bancada del PRI en el Congreso del Estado está aprovechando la división que existe al interior del PAN para tratar de empatarlo en el marcador político de Nuevo León.
El conflicto entre las dos principales fracciones partidistas prácticamente “congeló” desde este lunes al Legislativo, que ante la falta de acuerdos se declaró en permanente durante su quinta sesión.
El PAN atribuyó el atraso en la indefinición de cuáles diputados conformarán las 22 comisiones legislativas, mientras que el PRI demandó un reparto equitativo y proporcional en la representación.
Esta situación se prolongó hasta el martes, cuando al cirre de esta edición no se llegaba a un concenso entre las partes.
Extraoficialmente circuló la versión de que cerca del mediodía las coordinaciones de las bancadas del PRI y el PAN, representadas por Édgar Romo y Juan Carlos Ruiz, llegaron a un acuerdo para conformar las comisiones y destrabar al Legislativo.
Pero el concenso no incluyó a los representantes del PRD, PT y Panal, que se inconformaron al enterarse de que se habían repartido las comisiones que integran al Congreso sin su aprobación.
Los legisladores panistas acusaron al PRI de pedir seis de los 11 lugares que integran cada comisión, cuando le corresponden 4.
Por esta razón, los blanquiazules amenazaron en no reanudar la sesión hasta que el tricolor se desistiera de esta propuesta.
Según el reglamento interno del Congreso, para la quinta sesión deben quedar integradas las comisiones legislativas y el comité de Vigilancia.
Hasta este martes no sólo no se había definido la composición de las comisiones, sino que tampoco se habían analizado dictámenes pendientes, aunque esta Legislatura empezó a trabajar desde hace casi dos semanas.
Los conflictivos primeros pasos de la 73 Legislatura no sólo se deben a la repartición de comisiones, sino también al control administrativo del Congreso.
Ante un albiazul fracturado y la desventaja de ser minoría, el tricolor adelantó su estrategia a finales de la pasada Legislatura, cuando revocó un acuerdo delegatorio a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), entonces encabezada por el ex coordinador priista Héctor Gutiérrez.
Entre las funciones que le fueron derogadas a la Cocri -hoy dirigida por Juan Carlos Ruiz- están la designación de puestos, la adjudicación de contratos y emisión de pagos.
El acuerdo delegatorio había sido ratificado durante 18 años consecutivos con cinco legislaturas diferentes.
Debido a que no se han delegado estas facultades administrativas, cerca de 150 puestos de trabajo en el Congreso están en suspenso, a pesar de que el pasado 1 de septiembre empezó el periodo ordinario de sesiones.
Los panistas propusieron un acuerdo para devolverle las facultades delegatorias a la Cocri, pero la propuesta fue rechazada por el PRI.
El tricolor planteó una administración mancomunada entre las diferentes fuerzas políticas para la toma de decisiones administrativas del Congreso.
Sin embargo, esta oferta no encontró eco en sus homólogos blanquiazules.
La disputa se sumó al sorpresivo anuncio del diputado Érick Godar Ureña, quien renunció a la bancada del PRD –integrada por dos legisladores- para conformar el nuevo grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Esta institución política no obtuvo representación en las pasadas elecciones, pero la maniobra le daría otras prerrogativas, como presupuesto en el Congreso del Estado y representación en la Comisión Estatal Electoral.
El coordinador panista Juan Carlos Ruiz criticó la decisión de Ureña, porque dijo que daría un voto adicional al grupo legislativo del PRI, dado que el PVEM fue en coalición con el tricolor en las pasadas elecciones.
De esta forma inician los trabajos de la 73 Legislatura: con encono y fracturas, en lugar de la deliberación de asuntos públicos en beneficio de la ciudadanía.
