Durango atraviesa una crisis de sequía y de falta de empleo

Durango: Entre el desempleo y la sequía

El estado de Durango atraviesa una crisis de sequía y de falta de empleo a la mitad de la administración del gobernador José Rosas Aispuro, quien no ha podido impulsar el desarrollo ni generar oportunidades para la ciudadanía

En el 2019 el estado de Durango ha sufrido las consecuencias de una serie de proyectos de infraestructura y desarrollo social que, encabezados por la administración local, no han atendido las necesidades ciudadanas.

Y es que al entrar de lleno a la mitad de su sexenio, el gobernador de extracción pianista, José Rosas Aispuro, se ha mostrado omiso ante tres de las problemáticas que más afectan a su entidad: la falta de empleo, la atención al campo –agravado por el fenómeno de sequía que atraviesan en la actualidad– y las diversas afectaciones por el desarrollo de infraestructura carretera que resulta insuficiente o de costos elevados.

Ha crecido la población y sin embargo las fuentes de empleo no. Así, grosso modo, no hay una empresa grande; hubo intentos de poner cerveceras o ensambladoras de autos, pero no progresan, no hay empleo
Margarita Valdez Martínez Senadora de Morena

Según la legisladora duranguense, en la entidad no existen políticas públicas que atiendan la necesidad de los 34 mil ciudadanos que no tienen un empleo –según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) –, y que representan el 40 por ciento de la población económicamente activa.

“Una obra que se decía que iba a detonar la economía es la llamada ‘supercarretera’ que va de Durango a Mazatlán y que supuestamente iba a unir a los estados desde el atlántico hasta el pacífico. Pero se hizo la obra y no ha pasado nada en cuestión de empleos”, mencionó Valdez Martínez.

Y es que en la actualidad el trayecto de 230 kilómetros que une a ambos estados –y que comprende las casetas de cobro Libramiento Durango, Llano Grande, Coscomate, Mesillas y Libramiento Mazatlán– tiene un costo total de 676 pesos. Un proyecto necesario, pero que en la práctica dejó costos muy elevados para la población y bajos rendimientos.

“Para la economía del estado, que sabemos es mínima, las carreteras son caras. De ida y vuelta, la gente gasta mil 200 pesos. Son seguras pero no son costeables”, aseguró la senadora.

Aunado a lo anterior, detrás de la construcción de la supercarretera, existió una problemática rezagada desde hace 14 años por la afectación de 625 hectáreas de terrenos ejidales sin pagar, misma que encontró su punto más álgido durante la administración de Rosas Aispuro, el 10 de diciembre de 2017, con la toma de la caseta de Garabitos durante 20 meses

Una situación que se resolvió hace un par de semanas luego de la intervención del Gobierno federal, cumpliendo una orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para el pago de 60 millones 623 mil 607 pesos a los representantes de cinco ejidos.

Sobre estos hechos, Valdez Martínez mencionó que las protestas del sector campesino durante más de año y medio no estuvieron exentas de incidentes lamentables y episodios de hostigamiento. Algo que se sumó al deterioro de la relación entre las autoridades y el sector agrario.

“Tomaron la caseta de Garabitos durante 20 meses solo de día. Estuvieron expuestos además de al hambre, al frío y al sol, a agresiones de gente que iba y les gritaba, y en alguna ocasión llegaron a ser incluso agredidos físicamente”, agrega la legisladora.

Campo y sequías en Durango

Además de la problemática que enfrentaron los propietarios por la incertidumbre previa a la liquidación de sus terrenos, la población duranguense en general afronta una temporada de sequía que amenaza a su economía.

En su visita a la entidad el pasado 22 de agosto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se comprometió a que desde el Senado de la República, los integrantes de la bancada iban a respaldar al estado de Durango en esta contingencia.

“Yo quiero decirles a todos que Margarita (Valdez) desde ayer en la noche me dijo ‘Ricardo, el principal problema es la sequía. Tenemos problemas, sí, el transporte, el agua, que es muy delicado, tenemos el problema de la regularización de los trabajadores de salud, tenemos problema de los hospitales, tenemos problemas en las minas, pero la sequía en el campo quizá sea el principal problema”, mencionó Monreal.

Ese mismo día, el líder de Morena en la Cámara alta aseguró haberse reunido con el gobernador de la entidad, de quien dijo “también me planteó este gran problema”.

“Vamos a empujar una solución para no dejar sólo a Durango, para no dejar solos a los campesinos y buscar juntos alternativas por el bien de esta región”, aseguró.

Esta visión fue ampliada por Margarita Valdez, quien agrega que el territorio duranguense – amplio en extensiones y óptimo para la siembra de maíz y frijol– se ha quedado corto en cuanto a apoyos.

“Todos los apoyos que llegaban antes se quedaban en manos de unos cuantos o eran desviados a grandes ranchos y propiedades privadas. Esto provocó que el campesinado se fuera deteriorando.

“El año pasado estábamos batallando con las inundaciones. Se echaron a perder muchas hectáreas de maíz por las granizadas, y actualmente tenemos una sequía que sí está agravando mucho la situación de los campesinos y consecuentemente la de todo el estado”, añade.

Parálisis hospitalaria

Para finalizar, la senadora Valdez refiere que a pesar de coincidir en cuestiones sociales y políticas con el actual gobernador, hay temas que carecen de los estímulos necesarios, tales como el turismo y el abandono en cuanto a infraestructura hospitalaria.

Estos temas, asegura, Rosas Aispuro podría ajustarlos en la segunda etapa de su administración.

“Hemos coincidido en que tenemos que impulsar más a las empresas, las industrias y el comercio. Hace falta rehabilitar las carreteras en Durango que están muy maltratadas. Creo que ahí hay una veta que no ha sido explotada que podría traerle muchos recursos al estado.

“El Hospital General de Gómez Palacio, un hospital muy grande de más de 120 camas que está cerrado desde hace más de tres años. Con muebles de hospital que ya se están echando a perder. Ahí también habría empleo”, afirma.

Si bien, la funcionaria –quien también funge como secretaria de la comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara alta– comentó que aún es tiempo de “jalar parejo”, uniendo esfuerzos entre la clase política, Inversión Privada (IP) y sociedad civil, comentó que estos próximos tres años serán definitivos para solucionar las crisis que enfrenta la región.

“En general creo que estos tres años que le quedan al gobernador José Aispuro van a ser determinantes para concluir un proyecto que él nos presentó y que la gente confía que se debe consolidar”, concluye.

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