‘Diablo’ interestatal

La gestión de Édgar Veytia, o el “Diablo” –su alias-, como fiscal general de Nayarit tuvo una influencia directa sobre Puerto Vallarta, municipio que forma una sola ciudad con Bahía de Banderas, en aquel estado.

Desde el 2005 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), concluyeron que Puerto Vallarta, en Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit, conforman una sola realidad socioeconómica, más allá de las líneas imaginarias que dividen a un estado de otro.

Ese año se reconoció oficialmente a la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas  -de ahí que reciba recursos del Fondo Metropolitano federal-, cuyos “flujos de mercancías” ininterrumpidos entre sus territorios están reconocidos en documentos como la Agenda de Competitividad de la Riviera Nayarit 2013-2018.

La jefatura de Veytia sobre la estrategia de seguridad de Nayarit, donde fue además secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad y “palomeó” la designación de mandos municipales, incluidos los de la Policía de Bahía de Banderas, coincide temporalmente el fortalecimiento del crimen organizado en Vallarta.

Ahora, el exfuncionario está acusado en Estados Unidos de ser miembro de la delincuencia organizada.

Incremento del narcomenudeo

El 2 de septiembre de 2013, Veytia estableció el convenio de Mando Único con Bahía de Banderas, municipio que aloja a la joya de la corona turística de Nayarit, Nuevo Vallarta, y en cuya fracción V se lee:

“El objetivo del presente Convenio es el de establecer los términos para que la designación de los mandos municipales se realice de manera coordinada entre ambos órdenes de gobierno y que antes de ser designados hayan sido evaluados y certificados y cumplan con el programa de capacitación de mandos, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

A Veytia se le liga presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que según la Administración para el Control de Drogas (DEA) tiene un dominio total sobre Nayarit y Jalisco. 

Lo cierto es que en el periodo de Veytia en la Fiscalía, las operaciones de narcomenudeo en Nayarit tuvieron un grave incremento.

Aunque en 2012 –su primer año- a 2013 las operaciones bajaron de 255 a 217, para el 2014 casi se duplicaron a 411, y en 2015 registraron 538, según su propia Fiscalía. El reporte de 2016, publicado hasta agosto, está en cero.

En febrero de 2014, con Veytia aún como fiscal, la Secretaría de Turismo federal (Sectur) emitió este diagnóstico de Puerto Vallarta en su Agenda de Competitividad 2013-2018:

 “Son varios los problemas ingentes que deben atacarse, entre ellos: el homicidio doloso, el tráfico de drogas y la prostitución de menores, delitos que en gran parte son responsabilidad de las redes del crimen organizado que, aunque operan en la región, pueden tener sus centros operativos tanto a nivel nacional como fuera del mismo”.

Antes de Veytia

Los problemas de confiabilidad en la Fiscalía General de Nayarit no comenzaron con Veytia y el gobernador priista que lo puso ahí en enero de 2012, Roberto Sandoval Castañeda.

Registros de la Procuraduría General de la República (PGR) muestran que el exgobernador Ney González Sánchez (2005-2011) también dejó a la Fiscalía (entonces Procuraduría) en manos no confiables.

La PGR evaluó en 2011 a quienes ocupaban puestos clave para la seguridad y persecución de los delitos en el gobierno de González Sánchez: los titulares de la Procuraduría y la Agencia Estatal de Investigaciones (Policía Ministerial).

En la solicitud de información 0001700302314 de 2014 la PGR dice que evaluó en junio de 2011 a Óscar Humberto Herrera López, entonces procurador de Justicia de Nayarit, y a Guillermo Martínez Moreno, entonces jefe de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambos resultaron “No Aprobado”.

Al único mando nayarita que la PGR sí aprobó fue a Elia Gabriela Quintana Basto, quien era subprocuradora general de Justicia.

El 26 de julio de 2010, a menos de un año del nombramiento de Herrera López como procurador, se difundió que su secretario particular, Silvestre Alonso Hernández Ávalos, fue asesinado en Tepic por un grupo armado que se movilizaba en dos camionetas.

Crece puerto y el crimen

Mientras la metrópoli de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas crece en importancia, aumenta también la presencia del crimen organizado. 

En agosto de 2016, ahí se registró la privación de la libertad de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en un restaurante en pleno malecón, sin ninguna reacción de su Policía.

También, se reveló que Sergio Kurt Schmidt Sandoval, detenido y presunto operador financiero del CJNG, se placeaba con normalidad por las oficinas del Ayuntamiento.

Esa metrópoli interestatal es la segunda en importancia para Jalisco, y la primera para Nayarit, según el Diagnóstico de 2009 hacia su Programa de Ordenamiento.

“El ineludible crecimiento a mediano y a largo plazo hará de la zona metropolitana de Puerto Vallarta–Bahía de Banderas, el segundo territorio después de la Zona Metropolitana de Guadalajara con mayor población y dinámica urbana en Jalisco, y probablemente la primera antes que la Zona Metropolitana de Tepic”.

En el 2012, cuando Veytia llegó a la Procuraduría nayarita, en Puerto Vallarta se cometieron 53 asesinatos.

Los siguientes dos años bajaron a 35 en 2013, y a 21 en 2014, pero en 2015 se elevaron a 25; en 2016 a 38, y en 2017 van seis hasta febrero.