El esfuerzo y la situación particular de cada estudiante de educación básica ahora serán elementos que los maestros deberán tomar en cuenta para evaluarlos.
Así lo anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP) al dar a conocer las Orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 para el ciclo escolar 2020-2021.
En México y el resto de los países latinoamericanos los estudiantes han perdido un promedio de cuatro veces más días de escolarización en comparación con el resto del mundo
“No todas las niñas, niños y adolescentes tienen las mismas condiciones para mantener el aprendizaje, por lo que el docente debe considerar la situación de cada estudiante para su evaluación”, dijo Esteban Moctezuma.
El documento elaborado por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) y por la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC), deberá ser difundido en todos los estados del país con el propósito de asegurar el máximo beneficio educativo de las niñas, niños y adolescentes, una generación que actualmente está perdiendo la escolarización debido a la pandemia.
Más de siete meses después del brote del virus proveniente de China alrededor del mundo, el COVID-19 está poniendo la educación de aproximadamente 137 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe en pausa y en riesgo.
En la región, los estudiantes han perdido un promedio de cuatro veces más días de escolarización en comparación con el resto del mundo.
Y si bien las escuelas se están reabriendo gradualmente en varias partes, la gran mayoría siguen cerradas y más de un tercio aún no tienen una fecha para su reapertura, revela el informe de la Unicef “Educación en pausa”.
De manera particular en México, la situación luce poco esperanzadora a pesar del nuevo sistema para evaluar a los estudiantes y del programa Aprende en Casa II.
De acuerdo con el “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018” realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el gasto nacional en educación (incluyendo público y privado) en promedio durante el sexenio pasado fue de 6.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que el gasto público representaba solo 5.1 por ciento del PIB, equivalente a 18.9 por ciento del gasto federal programable, cantidades por debajo de las recomendaciones de organismos internacionales.
Además, el gasto por alumno ha sido menor en México que para los demás países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“La distribución del gasto público dista de ser eficiente para garantizar el cumplimiento del derecho; por ejemplo, la proporción gastada en educación para adultos es insignificante comparada con el tamaño de la población que lo requiere, y el destino del gasto se enfoca, casi en su totalidad, al pago de nómina y deja algunos rubros como materiales, capacitación e infraestructura sin suficiente financiamiento.
“Por tanto, la disponibilidad y distribución del presupuesto es insuficiente para garantizar el derecho a la educación”, indica el estudio.
El cierre de las escuelas en México por el COVID-19 ha exacerbado la desigualdad en términos de disponibilidad de la educación
A estos retos y dificultades, ahora se suma la pandemia más fuerte del siglo XXI, cuyo impacto no solo en la educación, sino en la vida y desarrollo de los niños, no tenemos aún idea de cual será en un futuro.
En entrevista con Reporte Índigo, la psicóloga Mariana Martínez Guillén, Directora y Fundadora de Tu MenteSana, y quien ha incursionado en temas educativos, comenta que hay afectaciones que son muy claras en este grupo poblacional y que han surgido a raíz de las medidas para evitar la propagación del virus como el distanciamiento social.
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“Para empezar, no todos tienen las mismas condiciones en casa para poder acceder a una educación de calidad a distancia. Además, el sistema educativo del país no cumple con los objetivos que establece.
“Entonces, aunque la idea de evaluar de manera particular a cada estudiante de fondo puede ser buena, la implementación es muy compleja, lo que derivará en futuras problemáticas como rezago educativo y una brecha de desigualdad cada vez mayor entre quienes tienen las oportunidades de acceder a un buen sistema educativo y cuentan con la infraestructura en sus casas y quienes no”.
La especialista, además expone otra serie de problemáticas que van más allá de la pérdida de la escolaridad como la falta de un escape, el cual para muchos jóvenes solía ser la escuela, ante las situaciones de violencia que experimentan en sus hogares; la carencia de una rutina, convivencia y en muchos casos hasta de la única comida completa que tienen al día o de las actividades físicas que practican.
No todos tienen las mismas condiciones para acceder a una educación de calidad. Entonces, aunque la idea de evaluarlos de manera particular es buena, la implementación es muy difícil y derivará en problemas como el rezago educativo
Esta realidad también es denunciada en el documento de la Unicef “Educación en pausa”, el cual señala los múltiples daños que el cierre prolongado de las escuelas puede provocar en los menores de edad.
“Cuando los niños, niñas y adolescentes no pueden ir a la escuela, se ven privados de algo más que de su educación.
“Sin un horario escolar estructurado pierden su rutina y no pueden socializar con sus amigos. Aún más preocupante, algunos dependen de los programas de alimentación escolar y, por lo tanto, se perderán lo que puede ser su única comida nutritiva del día, aumentando sus probabilidades de padecer desnutrición.
“Estar fuera de la escuela también significa enfrentar otros riesgos tanto en el hogar como en el vecindario que incluyen trabajo infantil, trata, embarazo en la adolescencia, explotación, abuso sexual, matrimonio infantil y violencia”.
