Se busca que en el presupuesto 2014 se adjudique una parte a un fideicomiso que solvente los pagos de demandas laborales y finiquitos de contratos
"Habrá la posibilidad de que esta (retener el dinero) sea una manera de tener hincado al Congreso
de Jalisco"
Fue el domingo 24 de febrero del 2013, cuando una parte de la 60 Legislatura decidió someterse al Ejecutivo.
Eso ocurrió a pocos días de la toma de protesta del gobernador electo Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; en aquel entonces la fracción del PAN y la del PRI se reunieron con el equipo de trabajo cercano al mandatario priista.
El hoy secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva Lomelí, se comprometió a otorgar 200 millones de pesos al Congreso de Jalisco a fin de que se resolviera el boquete financiero que había dejado la anterior Legislatura.
La cita ocurrió en el Club de Industriales, relata el diputado panista Guillermo Martínez Mora, en entrevista con Reporte Indigo.
El legislador panista detalla más irregularidades financieras detectadas en los años 2009, 2010 y 2011 que generaron una crisis financiera en el Congreso y que no ha sido posible liquidar por falta de dinero.
Seis meses después del encuentro líneas arriba citado, el dinero prometido sigue sin llegar. Los desfalcos de pasadas administraciones siguen saliendo a la luz mientras la legitimidad del Congreso de Jalisco va en caída libre.
Y es que lejos de ser un contrapeso al Gobierno del Estado -como normalmente funcionan las democracias modernas- la actual Legislatura se ha convertido en validadora de las decisiones del Gobierno de Jalisco.
Institución que ha sometido al Congreso a la incertidumbre financiera dejando poco margen de negociación para los meses que restan del año. Tiempo en el cual se discutirán reformas importantes que van desde la Ley de Víctimas hasta las candidaturas independientes, y que recaerán en el Presupuesto del 2014.
Tal pareciera que de parte del Ejecutivo existe la intención de administrar un conflicto, largo y costoso, en su favor.
Pero en la lectura del diputado Guillermo Martínez Mora manejos así son contraproducentes.
“El compromiso es que lo entregarían a finales del mes de marzo, principios del mes de abril (…) No es lo mismo que yo haya tenido 200 millones de pesos ya y pudiéramos haber iniciado un proceso de depuración en marzo a que hoy formen parte de unos recursos que van a servir en buena medida para subsanar los gastos de los últimos meses del año”, refiere Martínez Mora.
En opinión del diputado panista los problemas del Congreso son resultado de los malos manejos de administraciones pasadas, que de igual forma se sometieron al poder del gobernador “a punta de billetazos”, critica.
“Habrá la posibilidad de que esta sea una manera de tener hincado al Congreso de Jalisco, en donde te tengo supeditado a darte dinero a cambio de que puedas resolver, pero en esto me parece que es algo que sucedió (también) en los gobiernos de mi partido”.
Martínez Mora es encargado de la Comisión Especial para la Revisión Administrativa y Financiera del Congreso y refiere que mucho del dinero recibido fuera del presupuesto fue despilfarrado sin ningún control.
Barril sin fondo
Gastos que van desde el pago de tóner (tinta para impresoras) de más de 16.7 millones de pesos en tres años, la mayoría particulares, así como comidas por el Día del Servidor Público que suman cientos de pesos.
Sumado a gastos en papelería, servicio de paquetería, diseño e impresión de espectaculares, renta de copiadoras y monederos electrónicos de Liverpool por el Día del Padre son solo algunos de los gastos excesivos que detectó el equipo del diputado Martínez Mora.
El panista detalla que en tres años se gastaron casi 80 millones de pesos en mantenimiento del edificio principal y la sede en avenida Juárez. Este último espacio sigue medio amueblado, con un servicio deficiente de elevador y aire acondicionado.
Solo en el 2011 se invirtieron 13 millones de pesos en las adecuaciones a este edificio, sumado a otros 20 millones invertidos en el 2010.
Pero además de los 603 millones de pesos asignados para su presupuesto del año 2013, el Congreso tiene presupuesto extra por la venta de “formas valoradas”. Se trata de los documentos legales que avalan el pago de servicio de gobierno, pago de impuestos y derechos como actas de nacimiento, matrimonio, pago de predial, entre otros.
En los años 2009, 2010 y 2011 el Congreso invirtió 148 millones de pesos en la elaboración de formas valoradas y solo recuperó 130 millones, cuando podía haber recibido más del doble de lo invertido, según comenta Martínez Mora.
El diputado acusa como responsables a Olga Araceli Gómez Flores, Raúl Vargas López, Enrique Aubry de Castro Palomino, Isaías Cortés Berumen, Abelardo Lara Ancira, José Antonio de la Torre Bravo, Omar Hernández Hernández, Roberto Marrufo Torres; y a los exsecretarios del Congreso, Carlos Corona Martín del Campo y José Manuel Correa Ceseña, todos encargados de la administración del Congreso en la pasada Legislatura.
Al igual que Jorge Arana Arana (actual alcalde de Tonalá), Jorge Alberto Villanueva Hernández, Norma Angélica Aguirre Varela, Samuel Romero Valle, Luis Manuel Vélez Fregoso, Alfredo Zárate Mendoza, Lorenzo Moccia Sandoval y José Guadalupe Madera Godoy, quienes administraron el Congreso hace cuatro años junto con los coordinadores de bancada.
Cuestionado sobre si la actual legislatura está replicando el mismo esquema de gasto, el panista justifica que se han hecho algunas cosas positivas y una vez que termine la revisión de las cuentas del 2012, buscarán integrar expedientes judiciales en contra de los responsables de este desfalco.
Además se pretende que en el próximo presupuesto se adjudique una parte del dinero de Congreso a un fideicomiso que solvente los pagos de demandas laborales, finiquitos de contratos y otros pendientes económicos que arrastra la actual Legislatura.
Martínez Mora refirió que harán ajustes legales a fin de que las áreas administrativas del Congreso no queden en manos de los partidos, como actualmente funciona.
