‘Descarrila’ litigio libramiento ferroviario
El proyecto del gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, de completar el libramiento ferroviario para sacar los trenes del área metropolitana está en riesgo por un litigio.
Campesinos del Ejido San Nicolás mantienen una nueva lucha legal agraria por la posesión de unas tierras, incluidas en la ruta por donde la Secretaría de Comunicación y Transportes y el Gobierno independiente pretende construir este proyecto.
El proyecto del gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, de completar el libramiento ferroviario para sacar los trenes del área metropolitana está en riesgo por un litigio.
Campesinos del Ejido San Nicolás mantienen una nueva lucha legal agraria por la posesión de unas tierras, incluidas en la ruta por donde la Secretaría de Comunicación y Transportes y el Gobierno independiente pretende construir este proyecto.
Gabriel Guajardo, abogado de los ejidatarios, explicó que ellos pusieron una demanda contras las autoridades federales y estatales en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 20 para continuar manteniendo la posesión de cuatro hectáreas a favor de ellos.
La demanda 797/2016 en poder de Reporte Indigo, fue admitida por este tribunal y otorgó una suspensión para evitar la construcción de la vía ferroviaria.
“Con esto el Gobierno no podrá ni siquiera poner un durmiente porque estaría violando una suspensión agraria, y además ese proyecto no es viable porque tiene que pasar por la parcela”, dijo el litigante.
Además, el Tribunal Unitario Agrario otorgó una medida precautoria a los ejidatarios para que las parcelas se queden en el estado que actualmente guardan.
“La medida precautoria se concede para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan”, cita la resolución en poder de este medio.
Reporte Indigo adelantó que Roberto Russildi, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, aparece como apoderado del fideicomiso con el que Scotiabank Inverlat reclama, en otro litigio, la propiedad de otras tierras a los habitantes del Ejido San Nicolás.
El mes pasado, el banco canadiense interpuso una demanda de amparo para presionar a los ejidatarios del Ejido San Nicolás, y que éstos cedan el terreno de 360 hectáreas para un desarrollo inmobiliario.
En este documento, en poder de Reporte Indigo, aparece el funcionario como administrador del fideicomiso con el que Scotiabank Inverlat busca quedarse con las tierras.
A través de una carta enviada por el área de Comunicación Social del Estado, Roberto Russildi aseguró que dejó de ser apoderado del fideicomiso privado que reclama las tierras en el municipio de Escobedo dos semanas antes de tomar protesta como secretario del gabinete del gobernador Jaime Rodríguez.
Funcionarios involucrados
En una de las aristas del conflicto por la posesión de tierras que mantienen los ejidatarios aparece el secretario de Gobierno, Manuel González, pues participó como delegado del Infonavit
en la venta de los terrenos a los constructores.
Dudas sin aclarar
Aunque en el acta del fideicomiso de Scotiabank Inverlat aparece como apoderado, el secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi, se desligó del asunto a través de una carta enviada por el área de Comunicación Social del Estado.
Se cayó la indemnización
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” se reunió con campesinos del Ejido San Nicolás para presentar el proyecto ferroviario con un desenlace negativo.
Los ejidatarios escucharon la presentación del mandatario, pero no se les ofreció una indemnización por los terrenos.
“Jaime Rodríguez nos habló y nos hizo la presentación del proyecto tanto a los ejidatarios como a sus abogados, y estuvimos en las oficinas de Gobierno… nos dijo que quería sacar los trenes del área metropolitana.
“Los ejidatarios no pueden dar las tierras nomás porque sí… está muy bien el proyecto y estamos de acuerdo, pero no quiso indemnizar, nosotros estamos en la mejor disposición de solucionar el problema”, dijo el abogado Gabriel Guajardo.
Existe una propuesta de indemnizar a los ejidatarios por las parcelas donde pasaría el proyecto ferroviario, pero todo apunta a que el Gobierno no quiere pagar por las tierras.
“Han hecho caso omiso a nuestra propuesta… quiere todo gratis”, explicó el litigante.
Hasta antes de esta reunión, el Gobierno independiente tenía un plan de despojar a los ejidatarios con la fuerza pública, motivo por el cual los campesinos recurrieron a poner la demanda en el Tribunal Unitario Agrario.
El abogado agregó que hay otras personas particulares que también saldrían afectados por el proyecto ferroviario, y que aparentemente ya tienen una estrategia legal para que no se les expropien sus tierras.
Sospechan ‘mano negra’
Dentro del otro juicio agrario donde el fideicomiso con el que Scotiabank Inverlat reclama la propiedad de tierras a los habitantes del Ejido San Nicolás, la Procuraduría de Justicia, que encabeza Roberto Flores, cayó en contradicciones.
Esta nueva postura de la Procuraduría a través del Ministerio Público, dijo la defensa de los campesinos del Ejido, sería operada por Roberto Russildi, titular de Desarrollo Sustentable.
“Muy probablemente sí, o tal vez realizó alguna opinión para marcar algún eje operacional. De hecho se está considerando la opinión de presentar una denuncia y ‘estrenar’ el Sistema Nacional de Anticorrupción”, reveló el abogado Gabriel Guajardo.
Un documento en poder de Reporte Indigo señala que la Procuraduría no puede consignar por vía penal a los campesinos, porque el propio Ministerio Público revocó y archivó la denuncia penal contra los ejidatarios.
“En virtud de que se ventila el expediente número 1063/2014 derivado de un juicio agrario, ante el Tribunal Agrario promovido por Ejido San Nicolás se solicita archivar la presenta indagatoria hasta en tanto no sea resuelto en definitiva el juicio agrario.
“Archivar bajo reserva la presenta indagatoria, sin perjuicio de que posteriormente pueda agregar nuevas pruebas a la misma, en la que se justifique los elementos de algún tipo penal y además hacer la anotaciones correspondientes”, ordenó la agente del Ministerio Publico, Azucena Arreola Barrera.
No obstante, la Procuraduría continúa avanzando en la consignación penal contra los campesinos.