El abandono a las comunidades mineras de Jalisco

La extinción del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera decretada por la Cámara de Diputados, entre muchos otros fideicomisos, podría traer afectaciones para poco más de una veintena de municipios de Jalisco que estaban categorizados como beneficiarios o comunidades mineras de esa bolsa de recursos.

Este fondo minero anteriormente llamado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros fue creado en el año 2014 con el objetivo de compensarles a las comunidades mineras del país las externalidades negativas que padecen por alojar estas actividades extractivas, principalmente de índole social y ambiental.

El fondo minero había recibido críticas de organizaciones sociales por sus deficiencias en materia de transparencia, sin embargo, al menos garantizaba que una parte de las contribuciones que pagan los corporativos mineros del país a la hacienda federal se canalizaran directamente hacia los estados y municipios con este tipo de dinámica económica.

Ahora, sin embargo, la desaparición de este mecanismo de inversión, que aún debe ser ratificada por la Cámara de Senadores, traería afectaciones para los municipios mineros de Jalisco en dos sentidos:

Primero, porque aunque existe un listado oficial de Proyectos de Inversión Física Aprobados por el fondo minero para los municipios de Jalisco, no se tiene certeza de que estos recursos públicos comprometidos ya se hayan transferido en su totalidad a los ayuntamientos beneficiarios, una condición que se agravaría ante el futuro incierto de la bolsa.

Y segundo, porque de acuerdo con la información publicada por el Gobierno federal, los municipios de Jalisco cuentan con decenas de millones de pesos asignados dentro del fondo minero, pero que no se han traducido aún en Proyectos de Inversión Física Aprobados, por lo que se trataría de recursos pendientes de asignar que ahora se encuentran en la cuerda floja.

Proyectos aprobados

En el caso de Jalisco, y según la información publicada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal (Sedatu), el estado cuenta con 34 Proyectos de Inversión Física Aprobados por el fondo minero, que representan una bolsa total por 55 millones 297 mil 452.76 pesos.

El reporte de la Sedatu señala que estos más de 55 millones se asignaron entre una decena de municipios con actividad minera, en específico: Bolaños, San Martín de Bolaños, Zacoalco, Pihuamo, Tecalitlán, Cihuatlán, San Sebastián del Oeste, Villa Purificación, La Huerta y Cuautitlán.

Entre los beneficiarios del fondo minero también aparece el Gobierno de Jalisco, pues éste recibió directamente una asignación de nueve millones 724 mil 298 pesos para un par de proyectos

De acuerdo con la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, a la cual se le consultó vía transparencia sobre los proyectos financiados en el estado con el fondo minero, el listado que ofrece la Sedatu se trata, en efecto, de todas las intervenciones que le ha traído hasta ahora ese mecanismo de financiamiento a la entidad (recurso de revisión 2728/2019).

Dinero incierto para comunidades mineras

Aunque el listado publicado por la Sedatu de Proyectos de Inversión Física Aprobados por el Fondo Minero para Jalisco representa un monto superior a los 55.2 millones de pesos (mdp), estos no serían los únicos recursos de ese fideicomiso a los que tendrían derecho tanto los ayuntamientos jaliscienses como el Gobierno estatal.

Tan solo en el periodo de 2014 a 2017, el fondo minero asignó en total 98 millones 341 mil 974.29 pesos para Jalisco, considerando lo adjudicado al Gobierno estatal y a los municipios mineros locales, lo que implicaría que aún hay al menos 43 millones 044 mil 521.53 pesos que no se han concretado como Proyectos de Inversión Física Aprobados.

Este diferencial entre el monto que ya está plasmado en los Proyectos de Inversión Física Aprobados de Jalisco y el que le fue asignado al estado dentro del fondo minero debe ser aún mayor, pues la Sedatu no tiene publicados los reportes de adjudicación del resto de los años hasta la actualidad.

De esos más de 98 mdp asignados en el periodo referido, 36 millones 878 mil 240.38 pesos le corresponden al Gobierno del estado y los 61 millones 463 mil 733.90 pesos restantes a 24 municipios, a saber:

Ahualulco, Autlán, Bolaños, Chiquilistlán, Cihuatlán, Cuautitlán, Etzatlán, La Huerta, Magdalena, Pihuamo, San Gabriel, San Martín de Bolaños, San Sebastián del Oeste, Tamazula, Tecalitlán, Tecolotlán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Venustiano Carranza, Villa Corona, Villa Purificación y Zacoalco.

Fondo diluido

En el año 2020 el fondo minero sufrió modificaciones que alteraron su objetivo original de llegar a las comunidades mineras del país; ahora en su gran mayoría será administrado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) sin que se le obligue a invertirlo en las zonas mineras.

Anteriormente, de todo lo que se recaudaba por el pago de derechos de minería, el 77.5 por ciento ingresaba al fondo minero; y de éste, se entregaba “en un 62.5% a los municipios y demarcaciones territoriales de la CDMX en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente”, así lo decía el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.

Para el 2020, esta Ley se modificó, y ahora el artículo 275 señala que de lo recaudado por derechos de minería, un 85 por ciento será para la SEP, que lo dividirá en dos rubros: 80 por ciento para mejorar centros educativos, servicios de salud e inversión física de impacto social, ambiental y urbano; y el otro cinco por ciento para gastos de gestión. Del 15 por ciento restante: cinco por ciento será para la Secretaría de Economía, para “acciones de fortalecimiento del sector minero”, y 10 por ciento para el Gobierno federal para infraestructura.

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