Durante dos semanas el debate público ha estado enfocado en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se debate en el Congreso de la Unión.
Su aprobación ha avanzado a pesar de la oposición de la sociedad civil, así como de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Aquí presentamos los puntos principales que contiene la Ley de Seguridad Interior y la visión de quienes se oponen a ella.
Se tomó como base el texto aprobado de la Ley y, de los opositores, se tomaron opiniones como las de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México; académicos y activistas del colectivo #SeguridadSinGuerra; y legisladores que votaron en contra de esta Ley.
Punto 1
Lo que dice la Ley:
Para que se dé la intervención de las Fuerzas Armadas se debe emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior si: se han superado las capacidades institucionales locales o que falte o sea insuficiente la participación de los estados y municipios para garantizar la seguridad.
Lo que dicen los opositores:
Es un instrumento que puede utilizarse con fines políticos. Esto queda a la interpretación del Ejecutivo, lo que podría derivar en que se envíe a las Fuerzas Armadas a los estados gobernados por la Oposición.
Punto 2
Lo que dice la Ley:
El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las entidades federativas (a través del Congreso o el gobierno local) la intervención de las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, para prevenir, atender y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior.
Lo que dicen los opositores:
El Presidente de la República tendrá poder de decisión sobre a dónde envía elementos de la Marina, el Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana, aun sin consultar a los estados. Solo se tiene que poner a consideración del Consejo Nacional de Seguridad la emisión de la Declaratoria y solo se notificará al Congreso y a la CNDH, a quienes no se les pedirá opinión.
Punto 3
Lo que dice la Ley:
La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior tendrá vigencia máxima de un año; sin embargo, las condiciones y la vigencia podrán modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior.
Lo que dicen los opositores:
Esto crea un incentivo para que los estados no estén obligados a mejorar sus capacidades policiales.
Punto 4
Lo que dice la Ley:
En casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro, el Presidente puede ordenar acciones inmediatas a las Fuerzas Armadas. Después, el titular de la Secretaría de Gobernación lo comunicará a los gobernadores y se debe emitir, en el menor tiempo posible, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Lo que dicen los opositores:
El Presidente tendrá absoluto poder discrecional para enviar a las Fuerzas Armadas y luego justificar su decisión.
Punto 5
Lo que dice la Ley:
Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo acciones permanentes para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior en determinados lugares o instalaciones estratégicas. No requerirán la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Lo que dicen los opositores:
Las Fuerzas Armadas podrán autogobernarse, sin tener un solo control institucional, pues su actuación queda a su propio criterio.
Punto 6
Lo que dice la Ley:
Las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia y podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que requieran las autoridades.
Lo que dicen los opositores:
Todas las instituciones estarán obligadas a dar información a las Fuerzas Armadas. Se puede incurrir en la violación del derecho a la privacidad de los ciudadanos. Así, por ejemplo, el INE podría entregar los datos personales que tiene registrados; o el IMSS tendría que entregar los expedientes médicos.
Punto 7
Lo que dice la Ley:
Los actos realizados por las autoridades deben “respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción” los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los Tratados internacionales.
Lo que dicen los opositores:
Enunciar que se protegerán los derechos humanos no basta, pues no existen métodos de control y supervisión que garanticen que se actuará protegiendo los derechos humanos.
Punto 8
Lo que dice la Ley:
La información que se genere por la aplicación de esta Ley será considerada de Seguridad Nacional.
Lo que dicen los opositores:
Aunque se quitó la característica de “clasificada” que se tenía en un principio, al quedar inscrita como dentro de Seguridad Nacional se le dará la calidad de reservada y confidencial.
Debe demostrarse que revelar cierta información afecta la seguridad nacional.
Punto 9
Lo que dice la Ley:
El Presidente de la República designará a un comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales. Este comandante elaborará los protocolos de acción y será responsable de la comunicación y coordinación de autoridades militares y civiles.
Mientras esté vigente una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las autoridades de los estados, municipios y demarcaciones territoriales deberán prestar todo el auxilio y la colaboración a esta autoridad federal coordinadora, y asumir el gasto que implique la presencia ahí de fuerzas federales.
Lo que dicen los opositores:
Tácitamente, se da el control político y el mando territorial a las Fuerzas Armadas.
Punto 10
Lo que dice la Ley:
Los estados y los municipios deben presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial “aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública”, dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta Ley. Esto significa que los gobiernos locales deberán trabajar en un plan para fortalecer sus instituciones de seguridad.
Lo que dicen los opositores:
Faltarán mecanismos para mejorar la impartición de justicia, de combate al lavado de dinero, políticas de prevención del delito, entre otros.