El arma electoral contra el PRI

Además del interés público que han demostrado los partidos de oposición por aprobar las leyes anticorrupción, el tema les podría ayudar a posicionarse en las elecciones de este año.

El retraso en la aprobación de esta legislación podrá ser usado como un arma electoral contra el tricolor.

En el escenario legislativo, tanto el PAN como el PRD han presionado para que el PRI y su aliado, el PVEM, llamen a un periodo extraordinario para discutir la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En la arena pública, los dirigentes de los partidos han acusado que la lucha anticorrupción es una batalla que el PRI no quiere dar… y tal parece que no perderán la oportunidad de explotar el tema electoralmente.

“El PRI es el partido que defiende la corrupción. Eso cada vez está más claro y espero que así lo perciba la opinión pública”, ha dicho Agustín Basave, dirigente nacional del PRD.

En cambio, el PRI ha negado que esté retrasando la aprobación de la legislación anticorrupción y ha llamado, más bien, a que si el PAN y el PRD tienen los votos necesarios para pasar una ley a su conveniencia, lo hagan.

El plazo constitucional para aprobar las leyes secundarias anticorrupción vence el 28 de mayo, apenas ocho días antes de la elección del 5 de junio.

El tema ya dejó el ámbito legislativo y ahora está instalado plenamente en el ring electoral.

Este miércoles, la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta se reunirá con los presidentes de las comisiones que dictaminarán las iniciativas de leyes anticorrupción, de mando policial y de regulación del uso medicinal de la mariguana, para definir si tendrán listos los dictámenes para pasar al pleno y poder llamar a un periodo extraordinario.

La Arena electoral

El PRI sabe que el tema de las leyes anticorrupción será usado en su contra, se apruebe antes del 28 de mayo o no.

En un intento por sufrir las menores consecuencias posibles, el PRI dejó entrever que el periodo extraordinario para discutir las leyes anticorrupción ocurriría hasta julio, una vez que haya terminado todo el proceso electoral del 2016.

Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, dijo que lo más conveniente es que el periodo extraordinario se realice después de las elecciones.
“Se los he comentado a ellos, están de acuerdo en principio, tanto el presidente del Senado, el senador Gil; el senador Barbosa, coordinador del PRD; el senador Herrera; Carlos Puente, del Verde, y Manuel Bartlett, de que el 7 y 8 de julio sacamos estas tres leyes”, dijo Gamboa en una entrevista radiofónica.

Gamboa sostuvo que no es “por capricho” suyo que no quiera convocar a un periodo extraordinario, sino que necesita los dictámenes para poder avanzar en la convocatoria.
Los partidos de oposición señalaron que el PRI intenta retrasar el proceso de aprobación de las leyes anticorrupción.

El PRD sí votará unido en la legislación anticorrupción. En el PAN, los votos están divididos; pero desde la dirigencia nacional les han indicado que no deben unirse al PRI en este tema, al menos antes de las elecciones.

“Está muy claro que el PRI está evadiendo el tema, que está tratando de achatar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que está buscando proteger intereses corruptos de su partido y de su gobierno”, acusó Basave.

“Es un asunto inaplazable, la corrupción sí es el problema más grave que padece nuestro país, y nos urge este Sistema Nacional Anticorrupción, que vaya en contra de cualquiera que cometa un   acto de corrupción, sin distingo partidista, que caiga quien caiga con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”, afirmó Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.

Politizar el tema

Mientras algunos miembros del PAN y el PRD hablan de la reforma anticorrupción como de un asunto de Estado que sería peligroso politizar, otros no han tenido empacho en usar el tema en los lugares donde hacen campaña proselitista.

Para Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD en el Senado, es fundamental que el proceso de análisis de las leyes anticorrupción no se politice y se vea afectado por el clima electoral.

“Sí, tenemos perfectamente claro qué significaría contaminar la ley con asuntos de carácter político electoral y estamos preparados para impedir que eso ocurra.

“Lamento, entiendo la coincidencia (del plazo constitucional con el día de la elección), pero tenemos la información para blindar los contenidos de las leyes y que no queden afectados por la etapa político electoral que está viviendo el país. No es lo deseable, pero es lo que tenemos”, asentó ayer Barbosa.

En el PAN los mensajes van en el sentido de achacar al tricolor la responsabilidad de que las leyes no salgan adelante.

Ricardo Anaya no ha perdido la oportunidad de dejar claro en las entidades que ha visitado, que ni su partido ni sus aliados, son responsables de que el tema no avance.

“Es una realidad: el PRI y el Partido Verde Ecologista de México son quienes están bloqueando las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Este nuevo argumento de que les da miedo de que los vayan a secuestrar, ¿pues qué fortunas tendrán? Que lo expliquen públicamente y me parece que lo que le da miedo a las ciudadanos es seguir tolerando gobiernos corruptos, seguir viendo personas que llegan al cargo sin recursos y tres o seis años después han amasado una gran fortuna que les permite vivir a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos”, lanzó Anaya en Tijuana, el 29 de abril.

En los estados el tema del combate a la corrupción se ha vuelto la promesa de moda.
Es común escuchar que los candidatos prometan crear fiscalías locales anticorrupción y perseguir a los políticos corruptos de administraciones pasadas.