El PRI en el Congreso de la Unión lanzó una advertencia al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: la venta del avión presidencial no servirá para pagar la estrategia en pro de los migrantes.
Dulce María Sauri, diputada por el tricolor, advirtió al presidente que no podrá cumplir su compromiso de dar atención a quienes han emigrado de sus países, si eso planea financiarse con un dinero que no está en poder de su gobierno.
En un punto de acuerdo presentado esta semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Sauri pidió al mandatario que envíe al Legislativo la información sobre el proceso de venta del avión presidencial, pues ya está comprometiendo los recursos que no llegarán a las arcas nacionales.
En días pasados, López Obrador llamó a la calma en materia de política migratoria pues, dijo, el dinero del avión presidencial en venta es el que se usará para costear los esfuerzos de contener la migración centroamericana.
“Vamos a ayudar a los centroamericanos para que tengan trabajo en sus lugares de origen y trabajo en México, porque va a haber para todos. Donde come uno comen millones. ¿De dónde va a salir el dinero?: de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial”, comentó el jefe del Ejecutivo en su conferencia del 12 de junio pasado.
La declaración fue hecha en el marco del acuerdo con los Estados Unidos para impedir que el gobierno de Donald Trump impusiera aranceles a mercancías mexicanas, a cambio de recibir y atender a todos los migrantes centroamericanos que esperan solución a su proceso de refugio en el país del norte.
Política migratoria incongruente
Dulce María Sauri puso énfasis en la forma en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha encarado los movimientos migratorios.
“El país enfrentó una gran crisis que puso en riesgo la estabilidad económica de todos los mexicanos, crisis generada por el propio gobierno y consecuencia de una política migratoria errática, incongruente y contradictoria, abrir las puertas de nuestras fronteras sin ningún tipo de estrategia y ofrecer incentivos a los migrantes sin ninguna evaluación de la política pública evidentemente tiene repercusiones que impactan a nivel internacional, principalmente con nuestro vecino del norte”, afirmó Sauri.
México no solo enfrenta la amenaza del gobierno de los Estados Unidos —lo que ha obligado al Gobierno federal a dar un cambio radical a sus prioridades—, sino que se ha visto golpeado por una política de austeridad mal instrumentada
La diputada priista sostiene que aunque la política de austeridad republicana le ha pegado a miles de trabajadores del Estado, con despidos injustificados y provocando desempleo, también ha afectado a las instituciones que ven mermados sus esfuerzos con el recorte presupuestal.
Esto toma especial importancia en las instituciones relacionadas con la migración, que han visto mermados sus recursos y, por ende, han bajado su capacidad de operación.
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Se trata, por ejemplo, del Instituto Nacional de Migración (INM), que tiene para este año un recorte del 23 por ciento; de la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur, con 27.5 por ciento menos; y la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados (Comar), con una disminución de 19.6 por ciento.
Ante la falta de recursos económicos, el presidente López Obrador indicó que el dinero de la venta del avión presidencial servirá para costear los gastos de la atención de los migrantes centroamericanos que permanecerán en territorio nacional.
México aún debe pagar el avión presidencial
La promesa de usar el dinero de la venta de ese avión no es cierta, simplemente porque México todavía debe pagarlo al fabricante.
El avión presidencial TP-01, fabricado por la empresa Boeing, nombrado José María Morelos y Pavón, fue adquirido por el Gobierno federal en noviembre del 2012 con un costo de 2 mil 952 millones de pesos, a pagar en un plazo de 15 años.
+2.9 mil
La compra se realizó a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Sauri señala que al mes de junio faltan de pagar 2 mil 150 millones de pesos.
“En términos más claros, la factura de la aeronave presidencial aún no es del Gobierno mexicano (…) para obtener ganancias de la venta de la aeronave presidencial se requiere primero pagar la deuda existente”, sentenció Sauri.
Por si fuera poco, a la cifra que está pendiente, deben sumarse los gastos de la renta del hangar donde se guarda la aeronave, en Los Angeles, California, por 1.2 millones de pesos mensuales; los gastos de mantenimiento; y la mensualidad que Banobras no puede dejar de pagar.
1.2
“Tenemos como consecuencia que en seis meses, esta política nos ha costado 235 millones 525 mil pesos para pagar el pasivo a Banobras de un avión que no se usa y 7 millones 200 mil pesos por tenerlo estacionado”, denunció Sauri.
La congresista del tricolor citó también las declaraciones de Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien en su comparecencia ante comisiones del Senado reconoció que no se recuperará ninguna cantidad de dinero por la venta del avión presidencial.
“No habrá recuperación de dinero por la venta de avión presidencial. Con lo que se obtenga sólo se dejará de pagar el costo del arrendamiento financiero por su adquisición”, citó Sauri a Jiménez Espriú.
Todos estos datos, concluye Sauri, ponen en duda lo dicho por el presidente mexicano, lo que vuelve imperiosa la necesidad de saber de dónde saldrán los recursos para implementar la política migratoria comprometida con los Estados Unidos y evitar que el presidente Donald Trump vuelva a amenazar con aplicar aranceles a México.
El Gobierno federal tiene la obligación de ser claro sobre los recursos públicos que serán utilizados (…) Si el costo de la nueva política migratoria no podrá ser solventada por la venta del avión presidencial, entonces es fundamental conocer de dónde saldrá este dinero, si esto se traducirá en nuevos recortes al sector público o si se amerita una reasignación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019
Este punto de acuerdo fue presentado por Sauri en la Comisión Permanente y fue turnado a comisiones, donde se estudiará si es aprobado y presentado al Gobierno federal a nombre del Congreso de la Unión.
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