Los ejidatarios aseguran que sí quieren el desarrollo, pero respetando la ley y sobre todo el medio ambiente
Los ejidatarios de la isla de Holbox, al noreste de Quintana Roo, llevan más de tres años defendiendo sus tierras para evitar ser despojados por un grupo de empresarios.
Y aunque han interpuesto más de 30 juicios diferentes para preservar el área protegida de Yum Balam, todos han sido suspendidos por el Tribunal Agrario Unitario del Distrito 44 en Chetumal.
Armando Miranda Pérez, abogado de los ejidatarios, asegura que los habitantes de esta isla solo piden un juicio equilibrado y conforme a derecho.
Acusa a Georg Silesky Mata, magistrado del Tribunal, de no permitir a los pobladores el acceso a sus expedientes y a las audiencias.
Miranda Pérez señala que, además, se les impide contar con un tribunal itinerante como lo marca la Ley Agraria, y los obligan a viajar largas distancias solo para informarles que la audiencia no se llevará a cabo por órdenes del magistrado, denuncia el abogado a Reporte Indigo.
Desde el 10 de junio del año pasado, dice, se presentó una denuncia al presidente Enrique Peña y a la Sedatu para que intervinieran en la solución de este conflicto, pero hasta el momento no han tenido ninguna respuesta.
Los ejidatarios sí quieren el desarrollo, aclara, pero respetando la ley y sobre todo el medio ambiente.
Las hectáreas que ‘desaparecieron’
En la asamblea del 3 de junio de 1998 se asentó que la aprobación del plano del ejido, realizado por el Inegi, solo se refiere a una dotación presidencial que comprende 8 mil 864 hectáreas.
Sin embargo, el plano presentado a la asamblea por parte de los empresarios, comprende un polígono de 5 mil 71 hectáreas.
Esto quiere decir, advierte Armando Miranda Pérez, que hay 3 mil hectáreas pendientes de ejecutar y que esas hectáreas son del ejido .
“¿Dónde están? El señor (Fernando) Ponce hizo su proyecto sobre 5 mil hectáreas, faltan 3 mil y dice que ya se acabaron, lo cual es una mentira porque está escondiendo 3 mil hectáreas para no entregarlas a los ejidatarios”, asegura el abogado.
Fernando Ponce, es la cabeza del grupo de propietarios. Un empresario yucateco.
Miranda Pérez señala que hasta ahora, ninguna autoridad agraria ha querido entrarle a ese tema a pesar de que los habitantes de la isla han solicitado la intervención directa de la Sedatu.
El abogado destaca que Ponce, también concesionario de Coca Cola en el sureste del país, constituyó un fideicomisos para comercializar con las tierras del ejido y en esos actos está el Banco JP Morgan, S.A. y diversos inversionistas.
El banco titular de ese contrato de usufructo se adjudicó el derecho por 30 años sobre tierras de uso común del ejido Holbox, refiere Miranda Pérez.
Pero, advierte, de acuerdo con la Ley Agraria esas tierras son “inalineables, inembargables, imprescriptibles”.
Es decir, no se pueden afectar.
En aquella acta sacaron a los ejidatarios originales y se pusieron como ejidatarios a empresarios que en ese momento no tenían la constancia de avecindados o miembros del ejido Holbox, señala el abogado.
Entre ellos estaba Emilio Alberto Loret de Mola, Fernando Ponce García, Fernando Ponce Díaz y Germán Ahumada Alducin, entre otros.
Pero la constancia emitida por la autoridad municipal no es suficiente para tenerlos como ejidatarios, explica, sobre todo porque esa asamblea está impugnada y todavía es motivo de juicio.
“En todos estos años no hemos tenido juicios justos en el Tribunal Agrario (…) todo se nos ha negado”, dice.
Cruz López, procurador Agrario y Rubén Treviño, el subprocurador, están claramente de parte de los empresarios, insiste.
Un santuario
Nivardo Mena Villanueva, presidente del comisariado ejidal asegura que los ejidatarios están por un desarrollo sustentable de la isla.
“No nos negamos pero queremos protegerla porque es una isla muy frágil que no aguanta infraestructura portuaria ni canales de navegación”.
Este lugar, explica, es santuario del tiburón ballena, el manatí, las tortugas marinas, flamingos, pelícanos y una basta área de manglares en el centro de la isla”.
La isla Coca Cola
Reporte Indigo publicó en octubre del 2012 la situación real de la isla y el proyecto para crear Isla Coca Cola en el caribe mexicano.
Desde 1995, el empresario yucateco Fernando Ponce, concesionario de Coca-Cola en el sureste del país, comenzó -a través de sus propios agentes de ventas- a convencer a los ejidatarios para desarrollar el turismo en la isla.
Bajo el argumento de que mejoraría su nivel de vida, el empresario comenzó a cambiar las lanchas de los pescadores, los motores. Incluso, les regaló televisiones. Algo que no había en la isla.
Junto con su yerno Ermilo Castilla Roche, constituyó con los ejidatarios el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox, el 17 de enero de 2006. Como fiduciario participó el banco JPMorgan.
El también concesionario de Volkswagen, Porsche, International Cummings, Toyota y otras trasnacionales en la region, los convenció de que vendieran sus tierras mediante un contrato de prestación de servicios.
Modificó los planos del ejido y creó una sociedad mercantile “para beneficio de los ejidatarios”, quienes comenzaron a aparcelar la isla.
Incluso, les ofreció hacer las mediciones, a cambio de que le cedieran 5 kilómetros lineales de plaza, un procedimiento que hace gratuitamente el gobierno.
El contrato se realizó ante el notario público número 68 de Yucatán, Víctor Manuel Correa Mena, y ahí convencieron a los ejidatarios para que aportaran al fideicomiso sus parcelas de 4.5 hectáreas, cada una, y ofrecerlas al major postor.
Para su sorpresa, JP Morgan ya tenía comprador para todas las tierras.
Se trataba del propio Ponce García quien lo hizo a través de la empresa Península Maya Development S.A. de C.V, en contubernio con Península Maya Group, propiedad de su yerno en ese momento.
Fue así que el 1 de octubre de 2008, Fernando Ponce y Ermilo Castilla lograron que 65 de los 116 ejidatarios aceptaran vender sus parcelas de 4.5 hectáreas.
El dinero cubriría las parcelas de 4.5 hectáreas, con 100 metros de playa y 400 metros de fondo.
Pero el valor catastral real de cada uno de esos 116 lotes es de 99 millones de pesos, lo que significa que solo recibieron el 5 por ciento de su valor.
El 30 de junio de 2009, nueve ejidatarios demandaron la nulidad de la aportación que hicieron al fideicomiso de Ponce García, el juicio agrario 250/2010 se radicó en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 con sede en Chetumal.
Pero el 3 de junio del año siguiente, el comisariado ejidal presentó demanda de nulidad de la asamblea de enajenación de bienes en la que se separó del ejido a 65 ejidatarios.
En menos de dos meses, el presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero, removió a Arellano Navarro y nombró a Georg Silesky Mata, quien es acusado de trabajar por los intereses de Ponce García.
