Hoy se conmemoran 64 años de la primera ocasión que las mujeres ejercieron su derecho al voto en una elección federal. Fue en 1955 cuando acudieron a las urnas a nivel nacional para elegir a los legisladores que conformarían la Cámara de Diputados durante la XLIII legislatura. Pero tuvieron que pasar más de seis décadas desde ese acontecimiento para que existiera una legislatura con paridad de género en la que hombres y mujeres tuvieran una representación equitativa en el Congreso de la Unión.
Y para que en esta se aprobara una Ley de Paridad de Género total, en la cual ellas y ellos puedan ocupar, por igual, cargos públicos en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes.
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De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en 1952 el entonces candidato a la Presidencia de la República, Adolfo Ruiz Cortines, prometió ante 20 mil mujeres el ejercicio, sin restricciones, de sus derechos como ciudadanas.
Y ya como titular del Poder Ejecutivo Federal, el priista cumplió su promesa de campaña. El 17 de octubre de 1953, fue publicada la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son y II. Tener un modo honesto de vivir”, mencionaba entonces el artículo 34 de la Constitución Política, cuando ya incluía la palabra “mujeres”.
Para el año 1955 resultaron electas las primeras diputadas federales: la mexiquense Remedios Albertina Ezeta Uribe, la chiapaneca Marcelina Galindo Arce, la neoleonesa Margarita García Flores y la jalisciense María Guadalupe Urzúa Flores, de acuerdo con la biblioteca virtual de la Cámara de Diputados.
Senadores y diputados aprobaron en mayo los cambios constitucionales que hoy demandan la paridad también en los tres niveles de gobierno
Derechos negados
Si bien las mujeres participaron en la contienda revolucionaria de 1910, cuando los constituyentes redactaron la Carta Magna de 1917, les negaron sus derechos políticos. Los artículos constitucionales no establecían expresamente la ciudadanía femenina, con todas las restricciones que ello implicaba, no solo para el voto y la elección.
En enero de 1916, Salvador Alvarado, entonces gobernador de Yucatán, organizó el Primer Congreso Feminista al que asistieron 617 delegadas, entre ellas Hermila Galindo, secretaria de Venustiano Carranza. Ella presentó en el Teatro Iturbide de Querétaro, donde sesionaba el Congreso, un memorial para solicitar que se concediera el voto a las mujeres, pero fue rechazado, según señala la publicación Un siglo de participación política de la mujer en México (1916-2016), de la Cámara de Diputados.
El 1 de septiembre de 1937, durante su informe de gobierno, el entonces presidente Lázaro Cárdenas manifestó la necesidad de reformar la Constitución, sobre todo el artículo 34, para que a la mujer se le rehabilitara en el plano político.
“Quienes señalan a la mujer como factor propicio a las ideas conservadoras, a las ideas de fanatismo y a una tendencia retardataria, se olvidan de que la mujer mexicana viene participando desde hace muchos años en la lucha social del país en proporción muy estimable en calidad y en cantidad y que con mucha frecuencia”, comentó Cárdenas, según el Diario de los Debates de la Cámara baja.
En 1938 la iniciativa presentada por Cárdenas ya había sido aprobada, pero no se publicó en el DOF, sostiene un comunicado del Archivo General de la Nación (AGN).
El Presidente Miguel Alemán sí tuvo éxito en una de sus reformas de género. El 24 de diciembre de 1946, en San Lázaro se aprobó la iniciativa de reformar el artículo 115 constitucional, enviada por él, para que en las elecciones municipales participaran las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. El 12 de febrero de 1947 entró en vigor, según informa el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Pero para obtener este derecho a nivel federal fue necesaria la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, adoptada por la Asamblea General de este ente internacional en 1952, entró en vigor el 7 de julio de 1954.
En octubre de 1953, en el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se decretó el derecho de las mujeres a ejercer el voto, esto formó parte de una promesa de campaña del priista
Según el documento oficial, las partes contratantes, entre ellas México, convenían el derecho de las mujeres de votar en todas las elecciones, a ser elegibles para todos los organismos electivos, a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones establecidas por la legislación nacional.
Así, en 1953 fue publicado este derecho en la Carta Magna y ejercido por primera vez a nivel federal el 3 de julio de 1955.
Paridad en todo
El proceso electoral federal 2017-2018 fue reconocido por la amplia participación de mujeres. Predominó el electorado femenino, pues de los casi 90 millones de mexicanos que tenían la posibilidad de acudir a las urnas, 52 por ciento fueron mujeres, en total, 46.2 millones.
Hasta esta elección comenzaron a tomar fuerza las propuestas sobre paridad de género en las Cámaras alta y baja y los gabinetes integrados tanto por hombres como por mujeres. El Congreso federal por primera vez alcanzó 48 por ciento de representación femenina San Lázaro y 49 por ciento en el Senado de la República.
En la LXIV legislatura empezaron las iniciativas para reformar la Constitución y garantizar la paridad de género en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes de la Unión.
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El 14 de mayo, por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó las reformas constitucionales a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 y la propuesta presentada en agosto de 2018 por Kenia López Rabadán fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión. El 23 de mayo, por unanimidad, el Pleno de San Lázaro aprobó la reforma constitucional.
La propuesta, con ambas Cámaras a favor, pasó a los Congresos locales para su aprobación. Debía ser ratificada por más de 50 por ciento de legislaturas estatales, es decir 17 y, en total, fueron 21 órganos legislativos locales los primeros que las aprobaron y con ello se declaró su constitucionalidad.
