Combatir la corrupción desde la educación es el componente que le hace falta a los sistemas anticorrupción del país.
Aunque ya quedó instaurado después de un año de atraso, el Sistema Local Anticorrupción (SLA) capitalino tiene como prioridad erradicar actos corruptos desde el aspecto político-institucional pero no desde el ético-cultural, afirma el fundador de la Asociación de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC), Fernando Sentíes.
En 2020, el SLA de la ciudad comenzará a funcionar completamente, aunque no hay indicios de que exista una ruta para atender el aspecto ético-cultural en el combate a la corrupción.
Para Sentíes, es muy importante que se diseñen mecanismos como el SLA, sin embargo, son insuficientes pues no resuelven el problema de manera integral.
“Yo creo que los sistemas locales anticorrupción también tienen que ser responsables en lo ético-cultural, no tanto en lo político-institucional. No han asumido la responsabilidad de hacerlo, deben tomar los cuatro elementos: institucional, político, ético y cultural”, señala.
El especialista dice que se debe impartir un curso con lo relativo al combate a la corrupción a los niños en las escuelas de la ciudad.
En los sistemas locales deberían recaer las campañas de ética de las consecuencias de la corrupción, asumen casi todo pero eso no. Nadie les excluye esa facultad pero no la han tomado
Sentíes añade que el costo de la corrupción es muy alto pues alcanza anualmente hasta el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional.
Un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), titulado Anatomía de la Corrupción, publicado en octubre del año 2016, indica que de 2004 a 2016, el presupuesto federal para los órganos dedicados a combatir la corrupción aumentó hasta un 200 por ciento.
La investigación detalla que durante dicho lapso la inversión federal en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pasó de 215 millones de pesos a casi 938 en 2016, un 335 por ciento más.
En la Auditoría Superior de la Federación (ASF) creció de 613 millones a 2 mil 120 millones, 245 por ciento más; y en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República (PGR), incrementó de 8.5 millones a más de 26 millones.
A pesar de dicha inversión, de acuerdo con MCCI, no existe una reducción en la percepción de corrupción en el país.
La indagatoria señala que la capital del país es la entidad donde existe mayor percepción de corrupción; el 95.1 por ciento de la población considera que dichas prácticas son muy frecuentes.
Sentíes recalca que no sólo se necesita una inversión alta en el combate a la corrupción, sino que desde la bases educativas se comience a inculcar que el problema además de ser sancionable y punible, –es decir, que merece un castigo–, afecta al desarrollo.
Este año, el SLA y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) no recibieron recursos, hasta que se entregue la propuesta de presupuesto para 2020 se definirá cuánto tendrá para trabajar.
De 2004 a 2016, el presupuesto federal para los órganos dedicados a combatir la corrupción aumentó hasta 200 por ciento, reveló una investigación de MCCI en 2016
Esfuerzos aislados para combatir la corrupción
Actualmente, no hay una ruta definida para implementar políticas educativas por parte del SLA y sólo hay esfuerzos aislados por parte de algunos de sus miembros. No obstante, existe la posibilidad de que el sistema capitalino sea el primero que atienda el problema desde el aspecto ético-cultural.
Marina San Martín Rebolloso, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF) -entidad que forma parte del SLA-, reconoce que la capacitación y la educación es importante para combatir a la corrupción.
Afirma que en la actualidad el InfoDF imparte el curso de Ética Pública a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en general para ayudar a resolver el problema.
Por el momento, los miembros del Sistema Local Anticorrupción tienen sus propios cursos de capacitación para ayudar a erradicarla.
Sin embargo, será hasta que esté totalmente conformado el SLA cuando pueda empezar a trabajar en materia de educación de forma coordinada.
El SLA está integrado por la Comisión de Selección que ya cumplió con su función; el Comité de Participación Ciudadana; Magistrados anticorrupción; el Comité Coordinador; un Fiscal Anticorrupción; y el Secretario Técnico, estos dos últimos aún no se nombran.
Mientras que el Comité Coordinador, instalado el pasado 24 de octubre, es integrado por un representante del CPC que fungirá como presidente; por el titular de la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México; el secretario de la Contraloría General; un representante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; el presidente del InfoDF; el del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; el director del Órgano de Control del Congreso; el director del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, el Fiscal General de la Ciudad, cuyo nombramiento será a más tardar en enero, y el Fiscal Anticorrupción, proceso de elección que dio inicio en este mes de noviembre.
Pese a que aún hay designaciones faltantes, San Martín menciona que el SLA ya se reúne para definir su ruta de trabajo hacia 2020.
Una vez que el SLA determine cuál será su plan de trabajo, podrá comenzar a laborar en otros aspectos, entre ellos, el educativo, dice.
“Para enero del próximo año, comenzará a trabajar completamente, ya con su plan anual y después de definir los mecanismos de vinculación interinstitucional con dependencias y el Sistema Nacional Anticorrupción, se podrán estudiar medidas educativas para el combate a la corrupción”, detalla.
La funcionaria indica que la ruta educativa del SLA estaría basada en dos líneas: que todos los órganos del sistema comparen y complementen sus materiales pedagógicos y después que se difundan tanto en funcionarios públicos como en la población.
Y también se estudiaría firmar un convenio con la Secretaría de Educación capitalina para impartir a los niños de las escuelas públicas capacitación en el tema.