El dedo en la llaga

La miopía del gobierno estatal en torno a la condición extraordinaria en la que se lleva el proceso electoral de Michoacán se evidenció el pasado fin de semana tras el asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro. 

Mientras el también líder de las autodefensas Enrique Hernández caía abatido por balas del crimen organizado, todavía estaban frescas en el aire las palabras de Salvador Jara: En Michoacán solo existen “alertas amarillas”, nada que ponga el riesgo el proceso electoral.

La candidata de Morena a la gubernatura del estado, María de la Luz Núñez Ramos puso el dedo en la llaga. Dijo que con la muerte del candidato el proceso electoral está en riesgo, pues son muchos los aspirantes a cargos de elección popular que están bajo amenaza del crimen organizado.

Como resultado de las amenazas, mucho de esos aspirantes han optado por renunciar a sus aspiraciones políticas, así lo evidencia el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que en reciente sesión avaló los cambios en 68 planillas para ayuntamientos, luego que los registrados desistieron de sus intenciones.

La mayoría de los que renunciaron habían solicitado el apoyo del gobierno estatal para que les dotaran seguridad personal durante el periodo de campaña, como consecuencia de las amenazas de muerte vertidas desde el anonimato.

En Michoacán, salvo los candidato a gobernador del PRI, Asención Orihuela Bárcenas; del PRD, Silvano Aureoles Conejo, y del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, ningún otro aspirante al cargo de diputado federal, diputado local, alcalde, sindico o regidor cuenta con equipo de seguridad personal dotado por el estado o la Federación. 

Tras el asesinato de Hernández, el gobierno estatal se ha querido desmarcar de los hechos. En un comunicado oficial el gobernador dijo que el exlíder de las autodefensas nunca solicitó seguridad especial, pero las manifestaciones de los actos de campaña de Enrique Hernández apuntan lo contrario. 

Colaboradores del abatido candidato confirmaron a Reporte Índigo que los reclamos de seguridad especial se presentaron en forma puntual al gobierno estatal.

“Pero nunca se le hizo caso a Enrique. Estaba de por medio el pleito entre el gobierno estatal y el candidato. El gobernador nunca lo perdonó por todo lo que habló contra el Estado”, aseguraron.

El candidato  incómodo

Enrique Hernández se convirtió en incómodo primero para el gobierno estatal, de Fausto Vallejo y luego de Salvador Jara.

Tras haber sido encarcelado injustamente, acusado de la muerte del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García. El exlíder de las autodefensas denunció tortura y amenazas por parte de funcionarios estatales.

También fue incomódo por la defensa que mantuvo de la inocencia del fundador de los grupos de autodefensa José Manuel Mireles. 

En la última publicación hecha en su muro de Facebook, Enrique Hernández escribió que estaba “realmente encabronado con la injusticia ejercida en contra de doctor Mireles, preso por organizar la autodefensa de nuestro estado. Tenemos confirmado que se encuentra muy mal de salud. Es muy doloroso. Estoy lleno de rabia e impotencia”.

Acusan crimen de Estado

El asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández, ya puso en aprietos al gobierno de Michoacán.

La primera muestra de nerviosismo fue salir a plantar postura oficial, cuando está acostumbrado a guardar silencio ante todo.

El líder de Morena en la entidad, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez recordó que fue este partido el que alertó de los riesgos de seguridad para sus candidatos en el estado. Advirtió que ante a indolencia de la administración, estas elecciones podrían costar muertos a los michoacanos.

“Y el primer muerto lo hemos puesto nosotros”, dijo en conferencia de prensa.

La candidata de Morena al gobierno estatal, María de la Luz Núñez Ramos culpó al gobernador Salvador Jara de la muerte de Enrique Hernández, el que no recibió nunca la seguridad solicitada. Solo contó con la protección de un chaleco antibalas, que no le fue suficiente durante el ataque que recibió la noche del jueves. 

Para Morena, la muerte de su candidato a la alcaldía de Yurécuaro, “es un claro intento del gobierno estatal, encaminado a sembrar el miedo y el temor entre el electorado, para que no acuda a las urnas”. 

Núñez Ramos también incluyó al INE y al IEM, los que “comparten la responsabilidad política del clima de terror que se está creando”.

Se comienzan a armar

Los candidatos que optaron por seguir en la contienda, pese a las amenazas de muerte que penden sobre ellos, comenzaron a crear sus propios círculos de seguridad personal con hombres de sus confianzas.

Los partidos políticos llamaron a reuniones a sus candidatos para revisar sus esquemas de seguridad, en donde resalta la entrega de chalecos antibalas y la recomendación para que no visiten zonas de alto riesgo.

A menos de 24 horas del asesinato de candidato de Morena, los candidatos de todos los partidos políticos que contienden en Michoacán instrumentaron estrategias de seguridad personal por su propia cuenta. 

En ningún caso las armas de los improvisados escoltas de los candidatos saltan a la vista, pero la discrecionalidad de cangureras, portafolios, mochilas y chamarras, los delatan.

No siempre la seguridad de los candidatos va de la mano con las armas. 

En el comité directivo estatal del PRI se ha innovado un sistema de protección, bajo la clave “Hermano Mayor”. 

Consiste en contratar a muchachos de cada barrio, colonia, ranchería o población de alto riesgo para que hagan cinturones de seguridad en torno al candidato y alerten de la presencia de personas extrañas a la comunidad, al momento de los mítines de campaña.

El programa de seguridad “Hermano Mayor” se comenzó a aplicar este fin de semana en los municipios de La Piedad, Zamora, Los Reyes, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Morelia y Zitácuaro en donde algunos abanderados del PRI han recibido amenazas anónimas.

Cambios en las planillas

Ante las amenazas de muerte, decenas de candidatos a cargos municipales declinaron a sus candidaturas. El trámite fue oficializado por sus partidos ante el Instituto Electoral de Michoacán.

El PAN solicitó cambios en las planillas de los municipios de Puruándiro, Tingambato, Taretan, Ario de Rosales, Álvaro Obregón, Chavinda, Chucándiro, Múgica, Lázaro Cárdenas, Purépero, Paracho, Parangaricutiro, Parácuaro, José Sixto Verduzco, Ecuandureo, Huaniqueo, Juárez, Tingüindín, Tuxpan, Tuzantla, Villamar, Tlalpujahua, Santa Ana Maya y Zinapécuaro. 

Por su parte, el PRD solicitó modificaciones de planillas, luego que algunos de sus candidatos presentaron “argumentos de salud” para no contender, en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Angangueo. 

El PRI modificó sus planillas en Ziracuaretiro, Tarímbaro, Pátzcuaro, Nahuatzen, Parácuaro, Charo, Susupuato, Angamacutiro y Huaniqueo.

El Partido del Trabajo pidió cambios en sus planillas a los ayuntamientos de Morelia, Lázaro Cárdenas, Puruándiro, Charapan, Nuevo Urecho, José Sixto Verduzco, Hidalgo, Ixtlán, Zacapu y Zinapécuaro. El Partido Verde Ecologista propuso cambios en las planillas de Apatzingán, Ario de Rosales y Jiménez, mientras que Movimiento Ciudadano solicitó cambios en Quiroga, Charo, Tancítaro, Tacámbaro, Hidalgo, Pátzcuaro y Zinapécuaro.

Por su parte, el Partido Nueva Alianza presentó sustituciones en la planilla del ayuntamiento de Morelia, Álvaro Obregón, Puruándiro, Zitácuaro y Tarímbaro; el Partido Morena en las planillas de Jungapeo, Álvaro Obregón y Charo; el Partido Encuentro Social en las planillas de José Sixto Verduzco y Tancítaro, y el Partido Humanista presentó cambios en la planilla del ayuntamiento de Angangueo.