El derroche legislativo

Con salarios y prestaciones de miles de pesos al mes, los diputados de congresos locales representan una erogación de millones para el erario de las entidades, muchas de ellas con altos índices de marginación a pesar de su discurso de austeridad.

En algunos estados, los diputados locales perciben un salario mayor incluso al de los diputados federales.

En el “Diagnóstico del Parlamento Abierto en México”, un estudio realizado por la Alianza para el Parlamento Abierto, conformada por organizaciones como Fundar, el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Borde Político, Transparencia Mexicana, y otras que trabajan en el tema legislativo y de rendición de cuentas, se desglosa el costo de los congresos locales para cada estado.

El análisis muestra que los congresos más caros para sus estados, no siempre son aquellos de los estados más poblados o con un mayor nivel de desarrollo en el país.

Jalisco, el Congreso que más paga a diputados

Los congresistas de la Cámara de Diputados perciben una dieta de 74 mil pesos mensuales; esto, sin contar los apoyos que reciben para Atención Ciudadana y Ayuda Legislativa.

En promedio, el ingreso promedio de los mil 136 diputados locales de todo el país es de 63 mil 167 pesos al mes, solo por concepto de su dieta.

Se podría pensar que los ingresos de los diputados locales son menores a los de legisladores federales. En algunos casos no es así.

Los diputados locales mejor pagados están en el Congreso de Jalisco, donde cada uno de los 39 cobra una dieta de 110 mil 809 pesos al mes, un 75 por ciento más de la media nacional.

El Congreso jalisciense invierte, al mes, 4 millones 321 mil 551 pesos solo en cubrir la dieta de sus legisladores, sin contar otros apoyos con los que cuenten.

En segundo lugar se encuentra el Congreso de Guanajuato, que paga a cada uno de sus 36 diputados una dieta de 107 mil 272 pesos al mes, un total de 44 mil 105 pesos más que el promedio.

El tercer lugar lo ocupa el Congreso de San Luis Potosí, con una dieta mensual de 95 mil 257 pesos al mes que otorga a sus 27 diputados.

El cuarto lugar de los diputados locales mejor pagados lo ocupa el Congreso de Zacatecas, que eroga 95 mil pesos al mes para cada uno de sus legisladores.

En la quinta posición se encuentra el Congreso de Baja California Sur, que paga 88 mil pesos mensuales a los diputados.

Contrario a estos Congresos, se encuentran también aquellos con una remuneración menor al promedio nacional.

El órgano legislativo que menos paga a sus diputados es el de Tlaxcala, donde apenas reciben una dieta de 26 mil 327 pesos mensuales, que representa un 41 por ciento de la media nacional.

El Congreso de Tlaxcala cuenta con 32 diputados en funciones.

En segundo lugar como uno de los congresos más baratos se encuentra el de Yucatán, donde cada uno de sus 25 diputados percibe 35 mil 095 pesos al mes.

Le sigue el Congreso de Oaxaca, que eroga mensualmente 42 mil pesos para cada uno de sus 42 diputados locales.

Se ubica después el Congreso de Sinaloa, que paga 42 mil 463 pesos al mes a sus 40 legisladores.

Y el Congreso de Baja California entra dentro de ese rango, pues ahí se paga 44 mil pesos a sus 25 diputados.

Los parlamentarios de otros congresos importantes en México se ubican en los alrededores de la media.

En el Congreso de Nuevo León, por ejemplo, la paga es de 79 mil 956 pesos al mes. En el Estado de México alcanza los 75 mil 166 pesos. Y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es de 51 mil 776 pesos mensuales.

BCS, el Congreso más caro para los ciudadanos

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Congreso del Estado de México son los más onerosos, con un gasto de más de mil 500 y mil 400 millones de pesos al año, respectivamente.

Sin embargo, al tomar en cuenta sus presupuestos y el número de sus habitantes, el costo per cápita se reduce a 172.66 y 98.21 pesos al año, respectivamente.

El costo promedio per cápita de los 32 congresos locales es de 132.17 pesos anuales.

Con base en esa medición, la información revela que el congreso más caro del país es el de Baja California Sur, donde cada uno de sus ciudadanos paga 275.51 pesos al año por mantener a su Poder Legislativo en funciones.

Ese gasto representa el 108 por ciento más de la media nacional. Más del doble de gasto.

En segundo lugar se encuentra el Congreso de Sonora, cuyos ciudadanos erogan 260.63 pesos anuales para financiarlo, un 97 por ciento más que el promedio de todo el país. También, casi el doble.

El tercer congreso más caro es el de Quintana Roo, que cuesta 255.69 pesos al año a su población.

Le sigue el Congreso de Campeche, que cuesta 246.03 pesos anuales a sus ciudadanos.

En el quinto lugar como el Legislativo local más caro está Baja California, con una erogación de 221.04 pesos por cada bajacaliforniano.

Del otro lado de la balanza se encuentran los congresos más baratos para sus ciudadanos.

El primer lugar en esa categoría lo ocupa el Congreso de Puebla, donde sus ciudadanos pagan apenas 28.86 pesos al año. Le sigue Tamaulipas, con un costo de 39.68 pesos anuales.

En tercer lugar se ubica el Legislativo de Hidalgo, para el que los pobladores erogan 42.55 pesos al año.

El Congreso de Chiapas también es de los más baratos, con apenas un costo de 49.06 pesos anuales.

Y aunque se trata de uno de los estados con más desarrollo del país, el Congreso de Nuevo León es el quinto más barato de México, pues sus ciudadanos gastan 65.11 pesos al año para brindarle un Congreso local; esto es un 50 por ciento menos que el promedio nacional.

Sin justificarse, altos ingresos 

Rodrigo Ramírez, investigador de Borde Político, una de las organizaciones que presentó el estudio, consideró que los ingresos de un legislador podrían justificarse si su trabajo se reflejara en mejores condiciones de vida para la sociedad, cuestión que pocas veces ocurre.

“Los ingresos de la ciudadanía jamás llegan ni se acercan a los de estos estados y hay resultados catastróficos. Es muy difícil asimilar el salario de un legislador cuando no sabemos ni siquiera si se lo está ganando o no.

“Nosotros, la ciudadanía, creemos que en este caso los legisladores tienen un presupuesto muy elevado que no se ve reflejado en la realidad nacional, por eso vemos estos índices tan bajos de confianza hacia nuestros legisladores”, afirmó en entrevista.

Además de una deficiente rendición de cuentas, en realidad poco se sabe sobre el trabajo de los congresos locales, que no dejan ver si el Poder Legislativo de un estado vale lo que cuesta.

“Si se hiciera efectivo este gasto, en las noticias veríamos que el Congreso de Baja California Sur, el congreso más caro, está trabajando en tal y tal y tal reforma, que se están consolidando mejores mecanismos de representación política, que hay mucho mayor acercamiento con la ciudadanía, mayor transparencia. Pero en realidad vemos estados que, en lo general, no tienen lo que un parlamentario debería tener”, apuntó Rodríguez.

Para Guillermo Ávila, investigador del capítulo legislativo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y quien también colaboró en la elaboración del diagnóstico, llamó la atención sobre el hecho de que son los propios legisladores quienes imponen y regulan sus salarios y prestaciones.

“En un país tan desigual como México, que haya salarios tan altos y en algunos casos ganan el doble de otros,  y parece que no tiene relación necesariamente con el ingreso bruto de cada estado, ni con el nivel de población; entonces, es un problema que no haya información sobre en qué momento y por qué razón los congresistas, ya sea locales o nacionales, decidan.

“Los congresos son soberanos, deciden sobre su propio gobierno, sobre su administración interna y, en ese sentido, faltan mayores contrapesos que no vengan solamente del Ejecutivo, sino por parte de los grupos ciudadanos”, comentó.

La mejor forma de hacer que un congreso haga valer la inversión de sus ciudadanos en él, apuntó, es acercándose más a la ciudadanía para mejorar la calidad de sus decisiones.

“En principio, tendría que ser más transparente, más abierto, en el sentido no solo de transparencia sino de la disposición de que los grupos ciudadanos puedan incluso visitar el congreso, pero sobre todo, participar en la toma de decisiones.

“Que el trabajo de los legisladores se traduzca en mejores condiciones de vida para los ciudadanos, en reducir la desigualdad, en mejores servicios, en fortalecer los derechos humanos, en mayor control sobre el poder Ejecutivo; y para eso todavía falta un trecho”, expresó.

Para ambos expertos, medir la productividad de los congresos no puede hacerse solo revisando el número de iniciativas o de decretos que se aprueban, sino sobre la incidencia que ellos tienen en la vida de los ciudadanos.