El desorden en la vivienda

Abusos de desarrolladores, falta de claridad en la legislación y una constante lucha de interés por parte de agrupaciones sociales tienen en jaque la construcción de viviendas de interés medio y popular.

Por eso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda determinó suspender, de manera temporal,  la Norma 26 hasta finales de año, pero con posibilidades de ampliar el plazo de manera indefinida.

Mientras tanto, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal enfrenta la presión de organizaciones dedicadas a gestionar departamentos para familias de bajos recursos, que aseguran estar relegados de los proyectos inmobiliarios.

Sin embargo, el boom inmobiliario en zonas de plusvalía de esta ciudad capital continúa, aun cuando se violan el uso de suelo, carecen de alguno permiso, estudio de factibilidad del agua o de aforo vehicular.

Por eso este tema se ha vuelto una exigencia de la sociedad civil, de los gestores de vivienda popular y de algunos diputados locales, pero no del gobierno central ni de los constructores.

La norma 26

A mediados de la legislatura pasada, los diputados locales crearon esta normatividad,   que consistía en autorizar el crecimiento vertical de la ciudad y ofrecer subsidios a la vivienda media. 

Pero no se fijaron reglas claras para evitar que los desarrolladores construyeran departamentos lujosos con apoyo económicos que nunca se reflejaron en pro de la ciudadanía.

Por eso el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann decidió suspender la norma de manera temporal, en lo que se adecua el marco normativo o se crea uno nuevo.

En entrevista en octubre pasado dijo a los medios que el problema radica en que la aplicación de dicho ordenamiento estaba abierto para todo la capital,  menos en zonas patrimoniales.

“Esto permitía que en Polanco o Iztapalapa se podía construir vivienda de interés medio (…) Las delegaciones donde más reportes hay de faltas a la norma son Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez”.

Al respecto, la diputada local y de extracción panista, Priscila Vera, agregó que la Norma 26 era muy endeble, ya que los desarrolladores encontraron la forma de vender departamentos caros.

“Ellos se acogen a la norma, y venden el puro cascarón ante notario público en un monto inferior a los 700 mil pesos y por fuera obtienen el enganche, acabados y estacionamiento”.

De acuerdo con la Seduvi se han integrado 57 procedimientos judiciales por ese tipo de casos en contra de desarrolladores, y ha presentado 7 demandas de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Hace más de un mes, esta dependencia de gobierno y la Asamblea Legislativa del DF acordaron diseñar una nueva legislación para dar solución a este tipo de casos, pero apenas hay foros programados.

La propuesta  

La diputada Priscila Vera afirma que el Gobierno del DF sigue sin presentar una propuesta, por lo que considera que será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones cuando se tenga un primer borrador.

En entrevista con esta casa editorial, afirmó que la nueva norma debe establecer montos máximos de pago para una vivienda, donde se contemplen todos los gastos ante notario.

Para la legisladora en la Seduvi no hay un verdadero interés en atender esta problemática, ya que hay más de 60 casos detectados que no son denunciados, al menos, hasta que la ciudadanía lo exige.

Por su parte, el diputado del PRD, Rubén Escamilla, dice que se trata de una reglamentación que debe ser atendida, pero sin apresurarse ya que va de por medio la calidad de vida de los capitalinos.

“Tenemos clara la ruta, solo falta definir un solo proyecto, pues la idea es favorecer con el subsidio a los trabajadores de clase media, y que reciben sus créditos hipotecarios a través del Fovissste o Infonavit.

“Queremos favorecerlos porque este sector es el que está en el rango y sus créditos son bajos. Es la única manera de orillar a los desarrolladores a crear viviendas para ellos”.

Ambos coincidieron en que se tiene que ofrecer menores opciones para este sector de la población, pues actualmente sus únicas opciones están fuera de la capital del país. 

Poco interés en vivienda popular

Otro de los problemas de vivienda está en el sector popular, donde hay un déficit de entre 7 mil y 10 mil departamentos que no se han construido, afirman los representantes y gestores ante el Invi.

Alejandro López Villanueva, líder de la agrupación Frente Popular Francisco Villa, sostiene que su organización tiene pendientes la construcción de  miles de casas populares desde hace más de 5 años.

“Sobre todo en predios de la delegación Cuauhtémoc, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza e Iztapalapa. La atención del Invi es insuficiente y sobre todo cuando han salido a la luz escándalos de corrupción ahí.

“Nosotros pedimos al GDF que se pondere la edificación de este tipo de vivienda en vez de la de interés medio, donde tienen fugas de capital significativas. La popular reduce costos de entre 20 y 30 por ciento”.

En esa posición se encuentra la mayoría de las asociaciones que amagan con realizar acciones de protesta, en demanda de más predios y mejores subsidios en la víspera de la discusión presupuestal 2014.

Pero para el Invi, este tipo de presiones son normales. Y aseguran que cada semana se atienden las peticiones de los líderes de agrupaciones, que nunca quedan satisfechos con los resultados.

Actualmente el Instituto de Vivienda, que encabeza Raymundo Collins tiene un presupuesto anual de 2 mil 543 millones 315 mil 446 pesos, que por leyes a modo e intereses de grupos resultan insuficientes.

Por si fuera poco, a principios de año, este funcionario fue acusado por los desarrolladores de extorsionarlos, de pedirles fuertes cantidades de dinero a cambio de otorgarles proyectos.  

Por lo pronto la construcción de viviendas de interés social y medio en el Distrito Federal atraviesa un impasse que amenaza con prolongarse el próximo año.