El dilema de la transparencia en el Congreso

El Congreso de la Ciudad de México volverá a estar en la opacidad por tiempo indefinido. La transparencia vuelve a ser el tema de debate por un acuerdo que aprobó el Poder Legislativo para suspender los plazos y actos de rendición de cuentas hasta que el semáforo epidemiológico por COVID-19 esté en verde.

El pasado 4 de octubre, por acuerdo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF), los 146 sujetos obligados retomaron los plazos y atención de solicitudes de información de forma gradual después de que desde el 1 de marzo se suspendieron por la contingencia sanitaria.

Lo anterior significa que los entes que reciben recursos públicos reiniciaron actividades de transparencia después de siete meses en que las actividades de rendición de cuentas quedaron relegadas.

Sin embargo, el Poder Legislativo local, el pasado 3 de noviembre (un día antes de la fecha definida para que el Congreso retomara sus obligaciones) dio a conocer que todos los plazos y actos se suspendían hasta que el Comité de Monitoreo de la Contingencia Sanitaria por COVID-19 del Gobierno de la Ciudad de México decretara el color verde en el semáforo epidemiológico.

Como el acuerdo estará vigente hasta que el semáforo esté en verde, no tiene fecha de vencimiento.

Las únicas peticiones que la unidad de transparencia va a atender, según el documento, son las relacionadas con el trabajo legislativo, no las referentes a contratos, recursos o cuestiones administrativas.

Al respecto de este acuerdo, el comisionado presidente del INFODF, Julio César Bonilla Gutiérrez, señala que puede ser replicado por otras dependencias o entes públicos que ponderen el derecho a la salud por encima del acceso a la información.

Entonces, la capital del país podría volver a estar en una situación de no tener garantizado el derecho a la información hasta que no exista riesgo sanitario.

Sin embargo, académicos consideran que la decisión del Congreso es criticable porque restringe que rinda cuentas ante la ciudadanía y deja en la opacidad sus actividades.

Además, señalan que existen ejemplos de que pese a la pandemia se puede ser transparente.

Vuelta a la opacidad

Que el Congreso no tenga los mecanismos para garantizar el derecho a la información y procurar la salud de sus trabajadores es criticable porque ya van ocho meses de pandemia y ya deberían adaptarse a las condiciones, dice Darío Ángeles González, académico de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey.

Considera que el acuerdo aprobado deja en la opacidad a las actividades del Congreso, principalmente las relacionadas con los recursos públicos.

También es cuestionable porque el Gobierno de la Ciudad de México sí está transparentando los datos de los contratos celebrados con motivo de la contingencia sanitaria.

“La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) está haciendo un importante esfuerzo por transparentar toda la información”, declara.

Por lo que considera que el Congreso también podría celebrar un convenio con la ADIP para no suspender sus obligaciones de rendición de cuentas.

“Ahí está la tecnología, deberían hacer uso de ella junto con la ADIP”, menciona.

Decisión legal y replicable

El acuerdo del Congreso es legal y cualquier otra dependencia o ente público podría tomar una decisión similar porque están priorizando el derecho a la salud, dice el comisionado presidente del INFODF, Julio César Bonilla Gutiérrez.

La legitimidad del acuerdo se debe a que el Legislativo se basó en el decreto publicado el 29 de septiembre pasado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el que se suspenden las actividades y trámites en oficinas hasta que la capital esté en semáforo verde.

Bonilla Gutiérrez dice que también está fundamentado en el mismo acuerdo del INFODF por el que se reinician los plazos y términos de transparencia de los sujetos obligados por la ley pues en este se estipula que deben retomar sus actividades conforme a sus capacidades técnicas y recursos.

“Damos la alternativa de acatar el acuerdo dependiendo de las capacidades técnicas de cada ente público”, afirma.

Además, dice Bonilla Gutiérrez, el Congreso capitalino presentó una situación en particular donde uno de los trabajadores de la unidad de transparencia dio positivo a COVID-19.

Niegan falta de transparencia

No hay posibilidad de que haya opacidad por parte del Congreso u otro ente público que tome una decisión igual porque pese a la suspensión de plazos decretada en marzo, hay muestras de cumplimiento en materia de transparencia, dice Bonilla Gutiérrez.

Afirma que desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre se presentaron 57 mil solicitudes de información, de las cuales 29 mil 799 fueron atendidas, el 60 por ciento.

“Hay democráticamente un interés genuino de los sujetos obligados de cumplir las obligaciones de transparencia pese a la pandemia por COVID-19”, declara.

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